Cantabria ha tenido tres crisis de Gobierno en 15 meses a causa de las luchas entre AP y PDP
Las relaciones entre Alianza Popular (AP) y el Partido Demócrata Popular (PDP) de Catabria siguen deteriorándose a causa de la guerra de documentos, iniciada con la publicación del acuerdo entre ambos partidos que sirvió de base, el pasado mes de marzo, para el reparto de las áreas de influencia y competencias en el Gobierno regional, tras la dimisión forzada del anterior presidente, José Antonio Rodríguez. Esta guerra ha tenido continuación en las últimas horas con la salida a la luz de diversos documentos cruzados entre los dos partidos en torno al futuro de la secretaría general de la Presidencia, clave de la polémica. Un año y tres meses después de las elecciones regionales, las instituciones de autogobierno cántabras han conocido tres graves crisis, por lo que su actividad en ese período ha sido prácticamente nula.Pese a que tras las reuniones del Comité Ejecutivo del PDP, que puso como condición para no abandonar el Gobierno regional la devolución a su partido de las competencias que venía ejerciendo la secretaría general de la Presidencia, suprimida por decreto del presidente, y la celebrada por la Junta Directiva de AP, parecían existir ciertos puntos de acuerdo que podrían evitar la consumación de la ruptura de la coalición de gobierno, la publiación de los citados documentos ha acrecentado las desconfianzas y recelos presentes en la Coalición popular desde su constitución en Cantabria en el otoño de 1982. Después de la difusión del documento firmado el pasado marzo, que el PDP considera se ha incumiplido por la supresión de la secretaría general de la Presidencia, el presidente Díaz de Entresotos afirmó que tal supresión fue acordada verbalmente con los máximos dirigentes del PDP.
El presidente del PDP y vicepresidente del Gobierno regional, Ambrosio Calzada, declaró ayer a este periódico que "no existe ni ha existido compromiso alguno en el sentido que apunta el presidente del Gobierno", al tiempo que mostraba dos informes jurídicos, el último del pasado 23 de marzo, que eran contestación a propuestas anteriores de Díaz de Entresotos en relación con la remodelación de la citada secretaría. "Si nosotros hubiéramos acordado la supresión de dicho organismo", añadió Calzada, "no tendría sentido que siguiéramos negociando su transformación, básicamente en cuanto al nombre, aunque en un primer momento se pretendió también reducir sus competencias, pretensión a la que nos opusimos".
Desconfianza en el origen
Para el PDP, los argumentos jurídicos manejados por el Gobierno para la supresión de un órgano, en base al acuerdo firmado, que atribuía a ese partido la responsabilidad de cubrirlo, no "se tienen en pie" y de lo que se trata es de la "inexistencia de voluntad política y deseo de respetar los compromisos adquiridos".Aunque el desencadenante de la crisis en esta ocasión haya sido la supresión de la citada secretaría -hace nueve meses, el conflicto que llevó a la dimisión al anterior presidente tuvo su origen en el cese de un consejero miembro de AP-, la raíz de este conflicto se asienta en la desconfianza con que los dirigentes de AP y del PDP han visto desde el primer momento la coalición.
A esto se unen los sucesivos intentos de AP por conseguir, en tanto que primera fuerza de la Coalición Popular, un protagonismo político del que carecía, al haber situado en las listas electorales regionales como cabeza de ellas al independiente José Antonio Rodríguez. Ahora, seis meses después de alcanzar la presidencia del Gobierno un militante aliancista, se reconoce, por el momento en privado, haber otorgado demasiado poder al PDP en los pactos firmados el 15 de marzo, por lo que se intenta su recorte.
Los enfrentamientos entre el PDP y AP en torno al Gobierno regional, que han determinado también la existencia de una frágil mayoría parlamentaria, han tenido como consecuencia una casi total inactividad de la Asamblea, ante la que únicamente se han presentado tres proyectos de ley en la actual legislatura.
