La lucha contra la corrupción , objetivo prioritario
Si un golpista militar africano quiere obtener el apoyo inmediato de su pueblo tras el derrocamiento de un régimen civil, debe dedicar sus primeros esfuerzos a dos tareas esenciales: la reducción de los precios de los bienes de consumo básicos y la acusación al régimen anterior de practicar una corrupción masiva. Esto es, efectivamente, lo que hizo el general nigeriano Mohamed Buhari tan pronto como desplazó al presidente Alhaji Sehu Saghari.La reducción de precios fue labor fácil. Tan pronto se conocieron las primeras noticias del golpe, los tenderos bajaron a la mitad o la tercera parte los precios de alimentos y otros bienes esenciales, temiendo medidas drásticas del Gobierno. En lo referente a la corrupción, Saghari dio instrucciones muy precisas a sus subordinados para que desarrollaran una campaña de limpieza desde el primer día del golpe. Tanto el presidente Buhari como el vicepresidente, y un buen número de comisarios (ministros) y gobernadores de los Estados, fueron arrestados. En total fueron detenidos 475 altos cargos del régimen civil, acusados de malversación, apropiación indebida, corrupción, etcétera.
El tercer decreto del nuevo Gobierno (sobre recuperación de propiedades del Estado) puso en marcha una cadena de tribunales militares para que juzgaran a los acusados. Ante las sentencias de estos tribunales no caben recursos, y la pena mínima es de 21 años. Estos tribunales han venido juzgando en los últimos meses a varios prohombres del régimen civil, pronunciando diversas sentencias, algunas absolutorias, y otras, por supuesto, de largas penas de prisión.
En su celo anticorrupción, las autoridades nigerianas han llegado hasta extremos insospechados. El pasado 5 de julio, un comando formado por ciudadanos nigerianos e israelíes (estos últimos, presuntos miembros del Mosad) secuestraron en una calle de Londres al cuñado de Saghari y ex comisario de Transportes, Umaru Dikko. Introducido en una camioneta, Dikko fue llevado hasta el aeropuerto de Stansted drogado y metido en una caja. La brigada antiterrorista británica, conocida como C-13, recibió inmediatamente la denuncia de la secretaria de Dikko y la relacionó con las dos cajas que tres horas después del secuestro unos miembros de la embajada nigeriana intentaban introducir en un avión de carga Boeing 707 de la Nigerian Airways. En una de ellas estaba Dikko. El episodio costó a Nigeria la mayor tensión que se recuerda en sus, relaciones con el Reino Unido.
En la lucha contra la corrupción, por tanto, el Gobierno de Buhari no ha admitido límite alguno. Y la continuación de esa campaña es especialmente necesaria en estos momentos en que el país se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la obtención de un crédito puente de 3.000 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos próximos de la cuantiosa deuda del país. La dificultad de obtenerlo estriba precisamente en las condiciones que el FMI quiere imponer en cuanto a medidas de austeridad, a las que se oponen duramente los sindicatos nigerianos.
La opinión pública nigeriana no parece dispuesta a aceptar las condiciones de Nueva York, aunque las aceptaría mejor si al propio tiempo se condenara ejémplarmente a los acusados de corrupción, contrabando, etcétera. Y la opinión nigeriana es especialmente sensible a todo lo relacionado con el petróleo, tema que Buhari conoce además muy bien, pues fue ministro del ramo durante el régimen militar de Obasanjo (1976-1979).
El contrabando de productos petrolíferos, en el que aparece implicado el navío español Izarra, afecta directamente al ciudadano de a pie, puesto que este inmenso tráfico (de unos 400 millones de dólares anuales) atañe no a petróleo en crudo para la exportación, sino a derivados refinados que han recibido el subsidio del Estado para su venta al consumidor nigeriano. La salida del país de estos productos ha causado una acuciante escasez en el mercado nigeriano, sin que a menudo las autoridades se expliquen la razón.
En cualquier caso, también parece evidente que la lucha anticorrupción ha sido frenada en algubos sectores muy determinados para apaciguar a posibles inversores o a Gobiernos extranjeros. La conexión americana de la mafia del petróleo, por ejemplo, no ha sido investigada. Caben, pues, discretas presiones para solucionar situaciones personales muy concretas.
