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La querella sobre Banca Catalana, es "jurídicamente ' muy sólida", según la impresión de magistrados barceloneses

La querella contra 25 ex consejeros de Banca Catalana es una pieza "jurídicamente muy sólida y fundamentada". A esta conclusión han llegado varios magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona después de conocer el documento en el pleno celebrado el lunes, cuando su presidente, Cesáreo Rodríguez Aguilera, leyó a los reunidos el contenido esencial del texto. Los 25 folios de querella y los 1.000 documentos que la complementan habían sido celosamente custodiados por Rodríguez Aguilera hasta la celebración del pleno. Sólo el presidente de la Audiencia Provincial, Alfonso Hernández Pardo, tuvo acceso completo al documento. Por otra parte, Josep Tarradellas, ex presidente de la Generalitat, ha declarado, ante las crispaciones que ha levantado en Cataluña la presentación de la querella, que se debe comprender el deber que tiene el Estado de defender sus derechos, negándose a hacer otras concreciones e insistiendo en que prefiere guardar silencio.

Los magistrados de la Audiencia Territorial que quisieron estudiar el contenido del documento, tuvieron que solicitarlo a la secretaría de Presidencia y cumplir con el requisito de leerlo en la misma sala y sin sacar copia. En medios jurídicos se asegura que la vigilancia y custodia del documento son tan estrictos que ni siquiera han podido consultarla algunos fiscales que lo solicitaron.Este pacto de silencio en torno a la querella se ha prolongado incluso después de la sesión del pleno del lunes, a pesar de que varios magistrados se dirigieron a la Presidencia de la Territorial reclamando una copia del documento para poderlo estudiar y conocer en detalle cada una de las acusaciones vertidas en el texto, con el objetivo de preparar algunos de los trámites procesales previsibles.

Todo indica que en este momento sólo hay cinco copias del escrito, que obran en poder del fiscal general del Estado, del ministro de Justicia, del presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona y de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. A estas cinco copias del escrito de querella se le suma un sexto documento apócrifo, que no se corresponde con el auténtico, y que al parecer empezó a circular ayer en medios políticos y jurídicos.

Ni Joan Piqué Vidal, abogado particular del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ni ninguno de los otros abogados que han asumido la posible defensa de algunos de los imputados han tenido acceso al documento. Piqué ha justificado esta situación asegurando que en pura lógica jurídica, y según señala el artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, "no tiene por qué darse conocimiento de la querella a los presuntamente implicados en ésta, al no haberse abierto aún el procedimiento judicial", que se inicia con la aceptación de la misma por el órgano competente.

En los próximos días, junto con el tema de Banca Catalana, volverá a hablarse en medios jurídicos del caso de Renta Catalana, que, al parecer, ha entrado también en la recta final. En este sumario, abierto por presuntas irregularidades descubiertas en la citada firma de inversiones, se ven implicados Félix María Millet, Eduardo Guillén Ulloa e Ignacio y Antonio Baquer Miró, a los que se acusa de presunta falsedad en documento oficial, estafa y apropiación indebida. Se asegura que la caída de Renta Catalana fue el preámbulo del desmoronamiento de Banca Catalana y que, inevitablemente, a lo largo del procedimiento judicial y del juicio oral contra los implicados en este caso se hará referencia al papel jugado por Banca Catalana en la empresa.

Tarradellas y Alzaga

Josep Tarradellas, anterior presidente de la Generalitat, aunque se ha negado a emitir una opinión detallada sobre el asunto y se ha retirado temporalmente a la provincia de Castellón, ha salido al paso de la crispación creada, al señalar que "basándose en las instituciones del país, creo que el Estado tiene el deber de defender sus derechos", informa Nadal Escrig. En relación a su propio silencio, dijo: "Mi actitud no ha de entenderse como un desinterés por los temas que suceden en Cataluña, sino que quiero mantenerme callado dado el matiz partidista que está tomando el asunto". Josep Tarradellas, que se encuentra en Morella desde el pasado miércoles 23 de mayo, el mismo día en que el fiscal general del Estado explicaba el alcance de la querella contra los antiguos directivos de Banca Catalana, ha comparado su ausencia de Barcelona como la huida a Egipto. "En Barcelona", manifestó el ex presidente de la Generalitat, "todo el mundo solicitaba mi opinión, mientras estaban produciéndose manifestaciones políticas en todos los,sentidos".

Óscar Alzaga, presidente del Partido Demócrata Popular (PDP), por su parte, manifestó en el Club Siglo XXI, en la noche del lunes, que en este asunto Felipe González "podía haber hecho lo que hace con frecuencia, que es no hacer nada". Alzaga opinó que se está manipulando al ministerio fiscal. El Ayuntamiento de Palamós aprobó una moción que considera a la querella como "una agresión a la suprema representación de nuestra nación". La Diputación de Barcelona no admitió ayer a trámite de urgencia una moción relativa al asunto en la que se expresaba la honorabilidad de Jordi Pujol. La junta del Colegio de Economistas de Cataluña criticó la decisión del fiscal y se adhirió a la trayectoria personal y pública de Pujol.

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