Un informe del ICI denuncia la descoordinación de la ayuda española para el desarrollo
A pesar de que el Estado español dedica un 0,15% anual de su producto Interior bruto a ayuda al desarrollo de terceros países y de que en 1984 se concederán unos 22.000 millones de pesetas en créditos a bajo interés con ese motivo, la cooperación técnica española se encuentra en estado de absoluta descoordinación, sin que sea posible conocer el dinero que se destina a cada proyecto específico, y menudeando los casos de duplicidad y superposición de funciones y actividades por falta una planificación efectiva.
Un estudio de tres volúmenes, preparado por la actual dirección del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) y enviado al Congreso de los Diputados, presenta una imagen desoladora del estado de la cooperación española en general y con las naciones hispanohablantes en particular. El Gobierno socialista decidió hace un año poner remedio a este caos con una ley de Cooperación Exterior, que se encuentra todavía en fase muy primaria de estudio, "debido, por una parte, a un mal enfoque del tema, y por otro lado, a la dificultad de romper la tendencia burocrática de los ministerios por conservar sus pequeñas parcelas de poder", declararon fuentes de la Administración.
Nadie controla los programas
Según el actual esquema organizativo de la Administración pública española, corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores las funciones de representación, canalización y gestión de las relaciones bilaterales y multilaterales. Esta función permite la intervención del ministerio como mediatizador de todas las actividades de cooperación internacional, pero en la práctica nadie controla efectivamente los programas y las partidas destinadas a esa acción."La inexistencia de presupuestos específicos y la dotación de los Presupuestos Generales del Estado por partidas y no por programas concretos, condiciona el desarrollo de actividades de cooperación de forma inconexa con aquellas que realizan otras unidades del mismo ministerio. El esquema organizativo que cubre la cooperación responde en gran medida a los objetivos desiguales de cada ministerio, y su tratamiento corresponde a los departamentos y organismos que la tienen asignada como objeto", dice el estudio del ICI.
Algunos parlamentarios que han tenido conocimiento del informe y que coinciden en la apreciación general de la descoordinación existente en materia de cooperación, están considerando la posibilidad de organizar un debate en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Economía incluso antes de que el Gobierno presente su proyecto de ley de Cooperación.
La principal queja que presenta el amplio inventario que ha realizado el ICI de cara a contar con un sistema que, como ocurre con los programas de cooperación de Francia, Italia o Alemania, por citar sólo algunos ejemplos, obtienen también una rentabilidad para el cooperante, es que la mayoría de las actividades "se realizan por pasiva" y confundidas con las propias de las relaciones internacionales.
"Por ejemplo, de un total de 1.252 actividades de cooperación de la Administración pública examinadas, el 30% corresponden a actividades con esas características", añade el inventario mencionado.
Salvo el Ministerio de Administración Territorial, los otros 14 ministerios y algunos organismos, como el Consejo del Poder Judicial, participan en esos 1.252 programas contabilizados, correspondientes a los tres primeros años de la década de los ochenta.
Uno de los problemas encontrados por el ICI es que no ha conseguido conocer los datos sobre el desembolso económico que conllevan esos programas, "porque no llevan aparejada directamente una dotación presupuestaria identificable".
