El accidente de Barajas impidió al Gobierno analizar la 'cumbre' de la CEE en Atenas

El accidente del aeropuerto de Barajas impidió al Gobierno realizar un análisis sobre el resultado de la cumbre de la Comunidad Económica Europea, según afirmó el portavoz del Gobierno al facilitar la referencia de lo tratado en el Consejo de Ministros de ayer. Este consejo estuvo presidido en un principio por Alfonso Guerra, dado que Felipe González se encontraba en cama aquejado de gripe. El presidente del Ejecutivo se incorporó al Consejo al conocer el suceso del aeropuerto. El Gobierno, a través de su portavoz, negó ayer tarde que se haya producido espionaje sobre miembros del Tribunal Constitucional.

La cumbre de Atenas, por las circunstancias dramáticas de la jornada, no fue tema de estudio para el Consejo, y de ahí que no se haya producido una valoración ole lo acontecido. Sí tuvo conocimiento el Ejecutivo de lo expuesto por el canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl, que en el Bundestag manifestó que su país está dispuesto a incrementar sus presupuestos comunitarios para facilitar los ingresos de España y Portugal. Kohl afirmó que continuará luchando con insistencia para que la negociación finalice en el. verano del próximo año. Según el canciller germano, la CEE debe cumplir su palabra.Aunque no figuró en la referencia de lo tratado por el Consejo de Ministros, fue decidido el cese del secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ramón Villanueva Etxeberría. La destitución se produce tras la polémica suscitada entre distintos miembros del ministerio respecto a la gestión del ministro, Morán.

El Consejo tuvo conocimiento, a través de Presidencia, del informe de Industria sobre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CEDETI), según el cual se han producido irregularidades en el control financiero de este organismo autónomo. Existen indicios racionales de criminalidad por exigencia de tasas sin base legal, falta de memoria o programa y una serie de actuaciones, como justificantes no admisibles por más de 20 millones de pesetas, que pueden ser consideradas como fraude y estafa. Para la exigencia de posibles responsabilidades penales se ha pasado el informe a la Fiscalía del Estado.

Inspección del transporte

El Consejo aprobó también el proyecto de ley de inspección, control y régimen sancionador del transporte mecánico por carretera. Este proyecto afecta a cerca de un millón de trabajadores, de los cuales el 70% son empresarios. La futura ley pretende la mejora de las condiciones laborales y de los márgenes de explotación sin modificación del precio para el usuario; la normalización de las condiciones de competencia al homogeneizarse las condiciones de concurrencia; el incremento de la información sobre el sector para descubrir una parte de la economía sumergida por los correspondientes defectos fiscales, y la potenciación y control de las actividades relacionadas con el transporte internacional. El carácter obsoleto de la ley de 1947, ha dado lugar, según el Ministerio de Transportes, a una situación de deterioro que dificulta la inspección, el control y la ordenación del transporte mecánico por carretera.Economía y Hacienda aprobó inversiones extranjeras por valor de 9.967.958.000 pesetas. El expediente mayor corresponde a la sociedad Banco Árabe Español S A, con 3.159 millones.

Justicia ha hecho una revisión total de la demarcación notarial. Estas revisiones se realizaban cada 10 años, y la presente se realiza con tan sólo cinco años de diferencia con la anterior. Esta disposición, cuyo rango es de real decreto, destaca los siguientes aspectos: el número de notarías que se crea es de 300, y establece despachos notariales en barrios o distritos del extrarradio de Madrid, Barcelona y otras ciudades. En Madrid, el número de notarios que habrán de establecerse en los barrios es de 22. El Gobierno entiende que esta medida supondrá una mejora para la prestación del servicio público y una importante contribución al rejuvenecimiento del notariado. Las nuevas notarías se distribuyen entre Albacete (16), Baleares (10), Barcelona (75), Bilbao (3), Burgos (10), Cáceres (3), La Coruña (17), Granada (24), Las Palmas (13), Madrid (35), Oviedo (4), Pamplona (8), Valencia (41), Valladolid (13) y Sevilla (17).

El Consejo aprobó también un real decreto por el que se regula el control financiero y el régimen presupuestario del ente público Radiotelevisión Española y sus sociedades estatales. Como resultado de la labor de control, la intervención deberá emitir informes escritos: un informe global anual, obligatorio, con el resultado del análisis general económico-financiero referido a cada ejercicio presupuestario de RTVE y sus sociedades, y un segundo informe, de tipo parcial, que no tendrá carácter obligatorio, pero podrá realizarse por iniciativa de la propia intervención general o de otros órganos del Ministerio de Economía y Hacienda.