Falsificación y 'mercado negro' en el tráfico internacional de mercancias
Los acuerdos internacionales que regulan estos tráficos datan de los años sesenta. En esa década, el poder del sindicato vertical dentro de la Administración de¡ Estado era incontestable. García Ribes, Albadalejo (procesado por los asesinatos de Atocha) y José María Cabildo hacían y deshacían a sus anchas en la Dirección General de Transportes Terrestres, que entonces dependía del Ministerio de Obras Públicas. Así se explica que la mayor parte de las autorizaciones para tráfico internacional recayeran en Mariano Mateu, paisano y amigo del presidente del sindicato nacional del ramo, y en otras personas de estrecha vinculación con el régimen franquista.A partir de la muerte de Franco, los sindicatos se transforman en patronales; pero la influencia de estos hombres continúa siendo muy grande en Obras Públicas.
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, se crea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al que se adscribe la Dirección General de Transportes. La situación en cuanto a las autorizaciones perdura, aunque desde el Congreso se hacen interpelaciones al Gobierno para que publique a quién concede las autorizaciones internacionales (extremo que no se logró hasta 1980). Entre tanto, a Martínez Catena le sustituye un personaje importante en todos los acontecimientos que estamos relatando, Diego Calleja González. Este ingeniero de caminos, que estuvo en el Ayuntamiento de Madrid con Juan de Arespacochaga, logra desde su llegada al ministerio hasta su cese (en las postrimerías de 1982) conservar desde diferentes cargos, según las diversas reestructuraciones, su competencia sobre el transporte internacional.
La primera lista de beneficiarios de las autorizaciones internacionales que se hace pública pone de manifiesto que, de las 160.000 empresas de transporte que existen en España, sólo 380 (un 0,24%) disfrutan de autorizaciones internacionales. Y de las 380 privilegiadas, 40 controlan cerca de la mitad de las autorizaciones concedidas. Mateu y Mateu llegó a controlar el 20% de las licencias.
En 1980, con Salvador Sánchez Terán como titular de Transportes, Alejandro Rebollo como subsecretario y Pedro González Haba corno director general, se dicta una orden ministerial que regula por primera vez el acceso a las autorizaciones internacionales. La orden es importante, pero no soluciona casi nada, al consagrar los derechos adquiridos de quienes ya disfrutaban de cupos de licencias y limitar a las posibles ampliaciones del número de autorizaciones concedidas a España el acceso de nuevos transportistas al tráfico internacional. No sólo esto es grave, sino también el reparto que se hace del cupo de Mateu y Mateu -suspende pagos en 1979 y posteriormente se declara quiebra-, que en gran parte va a parar en 1980 y 1981 a empresas como Leal Transportes, SA; Mudanzas, SA; Sancho Transportes, SA; Transportes Españoles Combinados, SA, y Villalta Transportes, SA.
Falsificaciones y 'mercado negro'
Quienes no tienen suerte o mano Dará conseguir autorizaciones, o cuentan con las suficientes, recurren a la falsificación o al mercado negro. Respecto a las falsificaciones, este diario tiene en su poder una autorización falsificada y lista para cumplimentar; no sólo se transgrede la legislación española, sino que también se falsean sellos y documentos de Gobiernos extranjeros. El tema es tan grave que el propio Gobierno francés ha protestado varias veces ante el español, como prueba una carta a la que se ha tenido acceso.
En la citada carta, de 17 de septiembre de 1980, el director general de Transportes remite a la patronal de tráficos internacionales ASTIC las sanciones impuestas a empresas españolas por utilización de autorizaciones falsas y otras anomalías. En la carta se dice que, "con fechas 1 y 27 de agosto, el Ministerio de Transportes francés se dirige de nuevo a esta dirección general, incluyendo una lista de transportistas españoles presuntos infractores" y que se solicita a las autoridades españolas que suspendan la entrega de licencias "durante un período entret res y seis meses a las empresas que han utilizado autorizaciones falsas"; entre otras, según se 1 ha podido saber, se encuentran Gerotrans, Transportes Arrechea, Natransil, Transportes Urbieta y Transportes Generales Martínez.
Existe la convicción, aunque no pruebas, de que en algunos casos se está utilizando el TIR para introducir contrabando. Y que muchos transportistas utilizan desde hace años un bolígrafo -que desde hace poco se vende también en España- cuya tinta, pasando cierto tiempo, se borra. Ello permite rellenar varias veces la autorízación y, en consecuencia, realizar varios viajes con un único permiso.
Otra de las formas de conseguir autorizaciones es el mercado negro. Allí se venden a 18.000 pesetas las referentes a Francia y a unas 25.000 las destinadas a terceros países (éstas tienen que tener también la autorización francesa de paso; por eso son más caras). En total, España dispone de unas 65.000 autorizaciones internacionales, y la Administración las concede sin más coste que el mínimo del papeleo de la solicitud.
