Un nuevo escándalo 'contamina' las relaciones del Congreso con el presidente Ronald Reagan

Las irregularidades detectadas en la gestión de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente han provocado, en Washington, un escándalo político que puede salpicar a la Casa Blanca, incluido el presidente Ronald Reagan. Algunos comentaristas de la Prensa norteamericana no dudan en calificar de nuevo Watergate, en alusión al célebre caso que concluyó con la dimisión del presidente Richard Nixon, el hecho de que el ejecutivo presidencial haya querido restringir al legislativo del Congreso el acceso a una serie de documentos que permitan aclarar el affaire.

"Entregaremos todos los documentos y habrá una investigación a fondo por parte del Departamento de Justicia", dijo el presidente Reagan en su última conferencia de Prensa, cuando los problemas de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente habían saltado ya a la opinión pública. La Casa Blanca daba marcha atrás y dejaba de invocar los poderes del Ejecutivo (los mismo que utilizó Nixon para intentar cerrar el acceso a las cintas magnetofónicas del escándalo de Watergate),en virtud de los cuales intentaba cerrar el paso a los seis comités del Congreso que investigan sobre la polémica agencia de la Administración Reagan.

Todo comenzó cuando Rita Lavelle, responsable del programa para la limpieza de lugares contaminados, se negó a acudir ante los subcomités de la Cámara de Representantes para justificar la distribución de 1.600 millones de dólares de un superfondo dotado por el Congreso para la limpieza de zonas contaminadas. El superfondo se creó a raíz de la contaminación en la zona del Love Canal (el Canal del Amor), en el área de la ciudad de Niágara Falls, que obligó al abandono de 234 casas por el alto grado de infiltración de productos tóxicos en el suelo.

Un total de unos 53 millones de dólares, gastados, al parecer, en "comidas y llamadas telefónicas", no figuran de manera clara en la aplicación del superfondo. Hasta aquí la primera parte del serial.

Funcionarios del problemático organismo para la protección del medio ambiente denunciaron la posible destrucción de documentos. El presidente Reagan, para evitar litigios con la Casa Blanca, obligó a dimitir a Lavelle, pero confirmó a Anne (Gorsuh) Burfod en la dirección de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente.

Simultáneamente, miembros del Congreso, republicanos y demócratas, junto con la Prensa, empezaron a escarbar sobre la labor de la agencia. Cada día, la Prensa aporta nuevos ejemplos de que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente cuenta con mejores contactos con empresas contaminadoras que con grupos ecologistas. Cristaliza, de hecho, la impresión bastante general entre el público norteamericano de que la Administración Reagan -alegando aspectos de rentabilidad para las empresas, en un momento de crisis económica- no está excesivamente preocupada por la contaminación de productos tóxicos, calculada en unos 14.000 casos en EE UU.

Compra de un pueblo entero

Finalmente, la señora Lavelle aceptó acudir ante los subcomités del Congreso, alegando que "nunca" retrasó ningún proyecto de limpieza de residuos tóxicos, favoreció a ciertas empresas, destruyó documentos o marginó a los movimientos ecologistas.Por otra parte, en un gesto de alto simbolismo político en la actual polémica, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente acordó comprar el pequeño pueblo de Times Beach, en el estado de Missouri, donde la contaminación del suelo por dioxina es muy peligrosa para sus habitantes.