Efectos socioeconómicos de la reforma de la Administración pública
La reforma de la Administración se justifica porque numerosos servicios no cumplen satisfactoriamente las funciones que tienen encomendadas. El organigrama de la Administración es confuso y tiene duplicaciones; las tareas no están bien coordinadas; la selección del funcionariado no se adecúa a las necesidades de la gestión pública; muchos empleados de la Administración están infrautilizados. Estos problemas deberían haber sido abordados desde hace mucho tiempo con una racionalización administrativa.Al Gobierno socialista se le puede reprochar que las primeras medidas que ha puesto en marcha para reformar la Administración -ley de Incompatibilidades y cumplimiento de la jornada- son mecánicas; puestos a modernizar la Administración, es mucho más eficaz establecer las dedicaciones y los tiempos de trabajo en función de las tareas, los rendimientos y los incentivos, en el marco de una gestión por objetivos.
No obstante, lo que no cabe discutir es la conveniencia de la racionalización, que podría haber sido llevada a cabo por cualquier otro Gobierno modernizante, sin necesidad de invocar un programa socialista. Porque el cambio de la Administración, para aumentar su eficiencia, es una racionalización que pertenece a la lógica del sistema capitalista.
En el supuesto de que la reforma administrativa tenga éxito, el capital privado será el beneficiario directo del cambio, dado nuestro sistema socioeconómico.
La anterior afirmación se justifica en las leyes de la economía política. Los funcionarios y, en general, los trabajadores pagados con cargo al presupuesto del Estado -enseñantes, recaudadores, fuerzas de orden público, etcétera- no se dedican a la producción, sino a la reproducción del sistema productivo. En consecuencia, la racionalización de la Administración podrá tener efectos económicos a medio y a largo plazo sobre el conjunto de la sociedad española; pero esos efectos dependerán de la manera en la que el sector productivo, mayoritariamente en manos del capital privado, sepa utilizar unos servicios públicos más eficientes.
Si se lograse la racionalidad administrativa en el sector público, y persistiese la racionalidad del beneficio privado en el sector productivo, el resultado final sería un aumento de la acumulación de capital, que iría a parar, sobre todo, a los grandes grupos económicos que pueden utilizar mejor los servicios del Estado. La reforma administrativa, sin reforma de la economía de mercado, favorece al capital monopolista y explica el beneplácito con el que se la contempla desde la cúpula de las organizaciones empresariales y financieras.
Así no se crea empleo
Todavía no sabemos si la reforma administrativa va a acompanarse o no de una acción igualmente enérgica sobre el sector privado. Incluso cabe que algún gobernante piense que llevando a cabo la primera puede ahorrarse la segunda. Conviene dejar claro que, aplicando la ley de Incompatibilidades y exigiendo el cumplimiento de la jornada completa a los funcionarios, ni se van a crear nuevos puestos de trabajo ni se va a disponer de más dinero público para atender otras necesidades sociales. La obtención del capital necesario para el equipamiento colectivo y el logro del pleno empleo requieren medidas políticas socialistas que transformen la distribución del producto social, y no meras medidas de gestión administrativa.
He señalado que la dedicación exclusiva de los funcionarios no va a incrementar los puestos de trabajo. Si la racionalización de la Administración se lleva coherentemente y los funcionarios trabajan más horas, se necesitarán menos empleados en el sector público. Los puestos de trabajo liberados en la Administración y en el sector privado por los pluriempleados a quienes se les apliquen las incompatibilidades, a nivel macroeconómico, son puestos de trabajo excedentes; aunque en algún sector concreto, como la medicina pública, concurra al mismo tiempo insuficiencia de plazas y una mala repartición de las mismas.
Por tanto, sería una ligereza crear falsas expectativas en una situación de paro como la nuestra, insinuando que la ley de Incompatibilidades va a abrir un mercado de trabajo en la Administración: el balance final, en número de empleos, del Estado, será negativo, excepto si se opta por una política artificial de generación de empleos públicos, contradictoria con los objetivos de la reforma. Habrá, sin duda, funcionarios que prefieran abandonar su cargo y pasar con exclusiva dedicación a la empresa privada. Pero estos casos liberan un puesto de trabajo en la Administración para disminuir la oferta en el sector privado. Desde el punto de vista de la oferta global de trabajo, el saldo final tenderá a cero.
Comidos por servidos
Por lo que respecta al coste total de los salarios de la Administración pública para el país, no cabe esperar una economía, a menos que el Estado se convierta en un patrón que vulnere no sólo los principios socialistas, sino los del mercado laboral. Salvando los casos muy excepcionales de quienes hayan vivido a costa del Estado, el conjunto de los funcionarios, como cualquier otro colectivo de trabajadores, cambia un tiempo de trabajo por unos ingresos. Los Gobiernos precedentes no pudieron o no quisieron pagar el valor que tiene todo el tiempo de trabajo de un bedel, una mecanógrafa, un médico o un catedrático; valor que nunca puede estar por: debajo de lo que cada uno de esos trabajadores necesita para reproducir sus condiciones de vida y las de su familía.
En consecuencia, y como no se puede ocupar todo el tiempo productivo de un bedel con 30.000 pesetas, ni de un catedrático con 110.000 pesetas, la dedicación efectiva de estos funcionarios, como no podría ser menos, descendió hasta equilibrarse con el valor de los salarios. Las prácticas laborales que se generalizan en un colectivo, obedecen a razones estructurales, y no morales, como debe de saber cualquier político que haya leído un manual de sociología. Se comprende que en el momento en el que la Administración reclame para sí todo el tiempo de trabajo de sus funcionarios tendrá que terminar pagándoles de acuerdo con su valor. En conse cuencia, la economía que sehabrá producido al eliminar los puestos de trabajo excedentes quedará compensada con los incrementos, salariales: el balance final, nuevamente, tenderá a cero.
Podría decirse, con frase castiza, después de estos análisis, que la reforma de la Administración nos deja comidos por servidos. Sin embargo, no es verdad. Si la racionalización administrativa se lleva a término con funcionarios justamente pagados y ocupados a tiempo completo en las tareas públicas necesarias, aumentará la productividad en el sector privado. Yo no veo contradicción en que un. Gobierno socialista se empeñe en modernizar la Administración, a sabiendas de quiénes van a ser los beneficiarios del esfuerzo. La cuestión está en saber sí, una vez que el capital privado comience a obtener los beneficios de una Administración que le permita producir con más eficiencia, se le va a seguir atribuyendo la propiedad del incremento del producto social resultante.
Será inútil recordar que los fondos necesarios para la inversión en servicios sociales y para el erripleo se acumulan con más abundancia en las cuentas de resultados de los bancos y de las grandes empresas multinacionales que en las cuentas corrientes de los empleados del Estado. Una reforma administrativa que fuese la alternativa a un cambio del sistema de acumulación de capital excedente en España sería el mejor servicio que podría hacerse al gran capitalismo.
La historia proporciona ejemplos de Gobiernos socialistas que apelaron a la ética social para llevar a cabo los cambios admínistrativos y económicos desagradables; cambios que, en cualquier caso, el propio capital tendría que haber realizado para reajustarse a las crisis económicas que él mismo genera. Cuando esos Gobiernos socialistas postergaron para después de las reformas morales de la Administración las reformas sociales en la distribución de las plusvalías, nunca pudieron lograr un reparto más justo del producto social, porque, una vez hecho el trabajo ingrato, los poderes económicos reinstalaron en el Gobierno a sus representantes, mandando a casa a los socialistas, con el agradecimiento por los servicios prestados.
