SANIDAD

Sesenta médicos madrileños piden la baja ante las medidas de incompatibilidad dictadas por el Ministerio de Sanidad

14 dic 1982 - 00:00CET

"Sesenta médicos de Madrid han pedido la baja por incompatibilidad horaria desde que se dictaron las medidas al respecto", manifestó ayer el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, en la inauguración del Simposio Internacional sobre Urgencias Médico-quirúrgicas Extrahospitalarias, patrocinado por la Diputación Provincial de Madrid, que se desarrollará esta semana en el Hospital Provincial.Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) hizo público ayer un comunicado en el que, tras mostrarse "plenamente de acuerdo" con las medidas ministeriales, critica que se ponga en tela de juicio la imagen, credibilidad y reputación de la mayoría de los médicos.

Ayer comenzó también en toda España la actuación de los quinientos inspectores que vigilarán durante seis meses los horarios médicos en los centros hospitalarios públicos.

En la apertura del simposio sobre urgencias, cuyas conclusiones "podrán servir para que desaparezca la improvisación asistencial en grandes catástrofes como las de Valencia y Cataluña", según el presidente de la Diputación, José María Rodríguez Colorado, el ministro hizo un llamamiento a la colaboración de los médicos con las acciones de su departamento. "Es de desear", dijo Lluch, "que estas bajas sean sólo el principio de la efectividad de unas medidas que todos deseamos ayuden a paliar el paro y aumenten la efectividad de las instituciones sanitarias".

Lluch señaló que "la infraestructura sanitaria española está dando sus primeros pasos" y, a propósito de la presencia como participantes extranjeros en esta reunión científica de dos españoles, los doctores Castell y Navarro, anunció que el Ministerio de Sanidad se encargará de la recuperación de los médicos que se han visto obligados a trabajar fuera de España.

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Los médicos aceptan la incompatibilidad y critican las generalizaciones

Viene de la primera páginaEn relación con la circular del Ministerio de Sanidad y Consumo 1982 de 9 de diciembre sobre cumplimiento de la normativa vigente en materia de deberes y funciones de los facultativos que prestan sus servicios en las instituciones abiertas y cerradas de la Seguridad Social, presentada por el ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en cuanto organización sindical representativa en el sector, hizo ayer las siguientes puntualizaciones:

1.- Esta organización está plenamente de acuerdo con la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad y Consumo de llevar a cabo el estricto cumplimiento de la normativa vigente, en cuanto a horarios establecidos, recepción y cumplimiento de asistencia domiciliaria, así como incompatibilidad en las plazas de los servicios jerarquizados, manifestándonos en reiteradas ocasiones contrarios a las posibles compatibilidades horarias y a las irregularidades administrativas.

2.- Sin embargo, consideramos de todo punto negativo que la actual administración sanitaria generalize con estas medidas la responsable actitud y cumplimiento de la mayoría de los facultativos, en cuanto a los deberes, funciones y demás aspectos asistenciales.

3.- Aceptando el contenido que la circular establece, consideramos que existen, además, una serie de medidas que la actual administración sanitaria debe tener previstas y que no quedan contempladas en estas normas iniciales, como son las adecuaciones lógicas de los honorarios médicos y el cumplimiento periódico de lo establecido con las legislaturas anteriores (revisiones de guardias médicas, inclusión en masa salarial, convenios, etcétera).

4.- Dentro de la modalidad exigida en la sanidad y en particular en la medicina asistencial, recabamos tanto a este gobierno como a los colegios médicos en cumplimiento de la ética profesional, el establecimiento de un tiempo mínimo necesario para la adecuada asistencia a cada beneficiario de la Seguridad Social evitando la mas¡ficiación en los ambulatorios.

5.- Por último, entendemos que el acometer una reforma santaria en base a normativas circulares, no beneficia en absoluto el conocimiento ni la legalidad de la misma.