Las instituciones andaluzas piden competencias judiciales

La problemática judicial en Andalucía, agravada por una deficiente infraestructura socio-económica, por una anacrónica demarcación territorial y por los posibles conflictos competenciales en el desarrollo constitucional de los Estatutos de Autonomía, fueron el tema central de las jornadas que, a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, se han celebrado recientemente en la Universidad de la Rábida sobre la administración de Justicia en Andalucía.

Magistrados, fiscales, abogados y representantes de grupos políticos trataron en diez ponencias los diversos aspectos que configuran la actual organización judicial andaluza y los factores que influyen en su funcionamiento, en un intento de búsqueda de un nuevo horizonte para la justicia en Andalucía.En general, los ponentes reivindicaron para las instituciones autonómicas de Andalucía la pronta asunción de competencias en materia judicial.

Destacaron por su interés informativo las ponencias que abordaron las repercusiones de la crisis económica en la delincuencia y en las relaciones laborales y el tema de la peligrosidad social. Este último punto fue tratado por el magistrado de Sevilla, Rico Lara, quien indicó que el concepto de peligrosidad no está suficientemente delimitado, quedando deferida su apreciación a la intuición del juzgador. A este respecto, habló del fracaso de las leyes de peligrosidad social de 1933 y 1970, y subrayó que el énfasis ha de ser puesto en la prevención y no en el tratamiento represivo de la peligrosidad. Sobre este mismo tema, el magistrado de Málaga, Conde-Pumpido, indicó que las leyes de peligrosidad social representan un autoritarismo ético por parte de la sociedad respecto de quienes se distinguen por la misma y se opuso a que se incriminase como conducta criminosa el consumo de marihuana.

La relación crisis económica-delincuencia fue analizada por el fiscal de Córdoba, Paniagua Gil, y por el juez Márquez Aranda, de Málaga. El primero señaló que los efectos de la crisis económica han conducido a una sociedad criminógena, destacando que en Andalucía la tasa de delincuencia es superior a la media nacional.

Expuso el criterio de que el fenómeno de la delincuencia requiere una solución no sólo jurídica, sino también social. El juez Márquez Aranda subrayó la importancia de que el juez tome en consideración las circunstancias socio-económicas en la valoración de la concurrencia del elemento de culpabilidad.

La configuración que deberá adoptar la estructura judicial andaluza en el marco del estatuto de autonomía de Andalucía fue analizada por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, Rafael Caballero, quien indicó los problemas que se derivan de la inexistencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se refirió a las perspectivas legislativas en la materia. Sobre esta cuestión también versó la intervención del magistrado. José Cano, quien puso de manifiesto la problemática que plantea la duplicidad de audiencias territoriales en Andalucía. El profesor de Derecho Administrativo, López Menudo, señaló la necesidad de la asunción de competencias en materia judicial por parte de las comunidades autónomas, como, por ejemplo, en lo que hace referencia a la demarcación de órganos judiciales. El profesor de Derecho Procesal, Moreno Catena, expuso la necesidad de legitimar al Consejo General del Poder Judicial para el planteamiento de conflictos de constitucionalidad frente a las comunidades autónomas, completando así lo dispuesto en la Ley del Tribunal Constitucional. El profesor Cruz Villalón habló de la naturaleza de leyes orgánicas de los estatutos de autonomía, haciéndolos hábiles para contener determinados pronunciamientos en materia de administración de justicia. Por último, Ricardo Reinosa, consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, definió como prioritaria la consecución de una dignificación máxima de la administración de justicia. En el coloquio que siguió a esta ponencia se planteó la conveniencia de oír a la Junta de Andalucía en el nombramiento de presidente del Tribunal Superior de Justicia.