Detenidos en Francia dos presuntos dirigentes de ETAm

07 nov 1982 - 00:00CET

Dos presuntos dirigentes de la organización terrorista ETA Militar y otros dos miembros de la misma fueron detenidos ayer en San Juan de Luz (Francia), con documentos "muy comprometedores" en su poder, según informa la agencia France Presse. Los dos dirigentes, supuestos miembros del Consejo Ejecutivo de la citada organización, son Peio Antxola Larrañaga, alias Peio el Viejo, y Carlos Ibargurren, responsables de los comandos de información y de las finanzas de ETAm, respectivamente.

Con esta operación de la policía francesa, realizada 48 horas después del asesinato del general Lago, son tres los dirigentes de la organización detenidos hasta ahora, ya que Txomin Iturbe, uno de los máximos jefes de la organización, lleva más de cuatro meses en una prisión del País Vasco-francés. Otros dos supuestos etarras fueron asimismo detenidos en la mañana de ayer, pero en el momento de cierre de esta edición sólo se conocía el nombre de uno de ellos, Sabin Zabieta.Carlos Ibargurren fue detenido a últimas horas de la mañana de ayer, sin oponer resistencia. Según fuentes seguras, citadas por France Presse, se trata del principal responsable del cobro del "impuesto revolucionario", es decir, las sumas de dinero procedente de extorsiones de la organización terrorista a industriales del País Vasco.

Por el contrario, la policía francesa tuvo que hacer uso de sus armas para conseguir la detención de Peio Antxola Larrañaga. Los agentes del orden bloquearon su coche en la calle, momento en que aquel se lanzó marcha atrás y chocó contra otro vehículo de la policía. Según las autoridades, Larrañaga intentó entonces utilizar la fuerza, y los policías abrieron fuego contra los neumáticos de su coche, que reventaron, sin alcanzar a su ocupante. Larrañaga, quien al parecer vive clandestinamente en Francia desde 1972, está considerado como el responsable de los comandos de información de ETA militar, que están encargados de estudiar los detalles de un objetivo antes de emprender una acción militar de los comandos operativos de la organización.

Esta operación de las autoridades francesas fue realizada conjuntamente por las brigadas móviles de la policía de fronteras, la policía judicial y los servicios de información, y se produce 48 horas después de que un comando etarra asesinara en Madrid al general jefe de la división acorazada Brunete.

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Medios 'etarras' consideran que corresponde a Felipe González el primer gesto para negociar

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Según medios próximos a los residentes vascos en el sur de Francia, consultados por nuestro corresponsal Feliciano Fidalgo al día siguiente del atentado de Madrid, hasta ahora no ha habido negociación "de ninguna especie", y no es ETA la que ha de hacer un gesto para ello, sino Felipe González en su calidad de dirigente del PSOE y futuro jefe del Gobierno.

Esa negociación, a partir de "un gesto de Felipe" y con los puntos de la alternativa KAS como referencia, tendría como intermediaria a Herri Batasuna. Los mismos medios se expresaron en términos muy duros para el líder socialista en caso de que "no demuestre que algo esencial ha cambiado".

Las detenciones efectuadas ayer en Francia marcan un punto más de la evolución de las autoridades francesas respecto a la presencia de miembros de ETA en su territorio, informa nuestro corresponsal en Bilbao, Patxo Unzueta. A comienzos de los 70, antes de la muerte de Franco, la policía francesa se limitaba habitualmente a realizar periódicas redadas convencionales. La línea seguida por Giscard a la muerte de Franco e inicio de la transición democrática en España apenas varió, aunque sí se produjo la concesión de extradición de Vicente Aldalur.

Txomin Iturbe, considerado como uno de los principales dirigentes de ETAm, fue detenido en febrero de 1980 y deportado posteriormente.

El ametrallamiento en circunstancias más que oscuras de varios clientes del "bar Hendayais", en la localidad fronteriza francesa y la muerte de Joseba Arregui en dependencias policiales de España, en febrero de 1981, incidieron decisivamente en la actitud que la Administración socialista francesa, instalada tras las elecciones de la primavera de dicho año, adoptaría desde el primer momento: negativa gubernamental a conceder extradiciones, incluso si existe sentencia favorable de algún tribunal de Justicia francés pero compromiso de mantener una vigilancia más estrecha sobre los más destacados dirigentes de ETA y de facilitar información a las autoridades españolas sobre los movimientos, planes, etcétera, de los grupos terroristas.

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