Rumores y crisis bancarias
LA APARICION de las crisis bancarias está, por supuesto, íntimamente ligada a la recesión económica, aunque en el caso español también han influido características propias. Una buena parte de los bancos que en 1977-1978 comenzaron a encontrar dificultades eran precisamente entidades recién inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros o que habían pasado a nuevas manos con escasa experiencia financiera. Las medidas liberalizadoras de 1974 para la creación de nuevos bancos y su instrumentación por el anterior régimen político incurrieron con excesiva frecuencia en el favoritismo, que llevaba a la profesión de banqueros a personas inexpertas, pero políticamente bien situadas. Además, el clima especulativo de comienzos del decenio estimulaba la compra de bancos, aunque hubiese que pagar un precio muy elevado.Estos altos precios eran posibles porque desde la sociedad compradora se hacía efectiva una pequeña cantidad al portador, mientras que el resto se pagaba con letras avaladas por el propio banco objeto de venta. Los depósitos servían, así, para que terceras personas adquirieran el capital y la propiedad de una entidad de crédito. Después, si la sociedad compradora que había recibido préstamos y avales del banco de su propiedad no obtenía la rentabilidad que le permitía hacer frente a sus obligaciones, simplemente desaparecía y el banco se responsabilizaba de las garantías.
Todas estas turbias manipulaciones subsistieron mientras la política de expansión a ultranza de Barrera, Pérez de Bricio y otros tantos ilustres prohombres de la derecha se traducía en un alegre crecimiento de la cantidad de dinero que, entre otras cosas, cubría las verdaderas realidades patrimoniales de muchos bancos. El precio para el resto de la sociedad fue una tasa de inflación del 30% anual y un déficit de la balanza de pagos totalmente insostenible. La política monetaria fruto de los acuerdos de la Moncloa, que pretendió restablecer el equilibrio interior y exterior, encareció el coste del dinero y dificultó la financiación a través del mercado interbancario. En efecto, las entidades de crédito cuya solvencia resultaba dudosa para los otros prestamistas bancarios no pudieron impedir que saliesen a la luz todas sus irregularidades. La contracción monetaria también influyó, sin embargo, en aquellos bancos cuya gestión simplemente había sido menos cuidadosa o que había persistido en un crecimiento difícil de sostener en un clima de recesión industrial.
El Banco de Navarra constituye la primera alerta. La entidad quiebra y, aunque la totalidad de los depositantes recuperaron su dinero, el hundimiento financiero de muchas sociedades filiales desencadenaría una fricción que iba a ser ya permanente, de sus administradores con el Banco de España. La pretensión de que el Estado se hiciese cargo de todas las pérdidas y de que los negocios particulares de carácter especulativo continuasen procurando beneficios a unos promotores bien introducidos en la vieja maquinaria estatal no consiguió prosperar. La reacción fue la de acusar a las instituciones públicas o a sus directivos de oponerse a la economía de mercado y pretender la nacionalización solapada e inexorable de los negocios privados. A veces, la acusación los tituló de rabiosos liberales que se desinteresaban por los pequeños ahorradores. En definitiva, el viejo argumento de rojos o masones para encubrir el fanatismo de los intereses particulares.
La realidad, sin embargo, se ha encargado de desmentir estas acusaciones. Los bancos en dificultades, saneados con el apoyo del Estado, han vuelto en su casi totalidad a manos de otros bancos privados, capaces de administrarlos correctamente. Asimismo se han garantizado todos los depósitos inferiores al millón y medio de pesetas, mientras que la inspección de la autoridad monetaria se ha intensificado y se han aumentado las previsiones para insolvencia, en detrimento de la distribución de beneficios. En definitiva, se han salvaguardado los intereses de los ahorradores y aumentado la vigilancia y el control público en la gestión de los bancos, así como también de las cajas de ahorro y de las cooperativas de crédito.
Lo que sí ha faltado en este proceso ha sido un mínimo de ejemplaridad para los presuntos autores de delitos de apropiación indebida o de utilización abusiva del dinero que les habían confiado los depositantes. La coartada por la falta de definición del delito ecoómico ha jugado, sin ningún género de dudas, a favor de unos cuantos desalmados especuladores. Su desvergüenza y la impunidad de que disfrutan, como las de quienes les favorecieron en sus manejos desde la esfera oficial, también se pone especialmente de manifiesto en momentos de confirmación de las instituciones democráticas como son las próximas elecciones legislativas.
