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Prioridad a la inversión privada para crear empleo y especial atención a los sectores agrícola y pesquero

El programa económico de UCD, elaborado a base de criterios generales, diseña una política de libertad de empresa y de apoyo a la inversión privada como motor esencial de la recuperación económica y la creación de empleo. Junto con la tendencia a la reducción del déficit público, el partido centrista promete especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a las sociedades cooperativas, ofrece la creación de un banco de crédito pesquero, menciona la conversión de parte de los créditos para catástrofes agrícolas en subvenciones estatales y dice que se ampliarán las zonas de regadío en 100.000 hectáreas al año.Tras afirmar que desde 1979 los gobiernos de UCD han conseguido logros importantes -y enumera: el reajuste energético, el fomento de la exportación, el comienzo de un amplio programa de modernización de las estructuras agrarias o industriales españolas y el freno de la destrucción de empleo en 1982-, el texto acepta que "queda mucho por hacer". En la confianza de que durante los próximos cuatro años no se producirá ninguna convulsión internacional como las de 1973-74 y 1979-80, UCD considera alcanzable "mantener una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, en términos reales, del 3-4%". Ello permitiría crear "un número elevado de puestos de trabajo en el cuatrienio", aunque "no sería serio, ni responsable, su cuantificación precisa en un programa, salvo por razones puramente electoralistas".

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Mantener la presión actual
Decálogo de principios básicos del programa

UCD considera esencial en su estrategia económica el estímulo de la inversión privada, y para ello menciona el propósito de mantener el déficit úblico durante el próximo cuatrienio, y la tendencia a reducirlo en los años subsiguientes, así como una política monetaria que, sin alentar la inflación, fije un crecimiento del crédito al sector privado que permita la financiación holgada a las empresas. Complementariamente se citan otras medidas, como la liberalización de nuestras relaciones económicas con el exterior y un "clima salarial" que haga realidad la solidaridad entre los que tienen trabajo y los que carecen de él.

El programa insiste en que "no es honesto explotar de forma electoralista el paro, ni mucho menos proponiendo remedios voluntaristas que ofrezcan resolver el problema sin sacrificios para nadie". Y añade que la reducción del paro actual a niveles similares a los de años anteriores a la crisis es una tarea que exige sacrificios; "basta contemplar la experiencia socialista francesa para tener un cuadro práctico de los resultados de este tipo de políticas: la consecuencia final es un empobrecimiento general del país, con el agravante de que, en el intermedio, tampoco se ha creado empleos duraderos".

El fomento de la inversión privada, arma ucedista para crear puestos de trabajo, exige, entre otras condiciones, "reconstruir los márgenes empresariales, mediante una cierta moderación en los costes financieros y laborales".

En el epígrafe "solidaridad para el empleo" UCD menciona algunos criterios generales de protección a los "sectores sociales menos favorecidos" y anuncia medidas como la mayor flexibilidad en las plantillas para las nuevas contrataciones, aunque a renglón seguido precisa que no estima conveniente la libertad de despido. En este apartado figuran también el "apoyo sin reservas a los contratos temporales a tiempo parcial y de formación y en prácticas" y la "continuación en los mecanismos de lucha contra el fraude".

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En materia de Seguridad Social, el programa indica que la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el 1 de enero de 1984, permitirá una aportación estatal a la Seguridad Social del 20% en 1984, lo cual permitirá una reducción de los tipos de cotización. Asimismo se mencionan la igualación progresiva de las pensiones mínimas de jubilación al salario mínimo interprofesional y la conversión de todas las prestaciones en una sola, la de jubilación, cuando el beneficiario cumpla 65 años. También proponen un adelanto voluntario de la edad de jubilación a partir de los sesenta años.

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