El Ministerio de Economía quiere evitar la salida legal masiva de capitales al extranjero

Madrid - 25 ago 1982 - 00:00CEST

La decisión del Ministerio de Economía de suspender, durante seis meses, la posibilidad de que los inversores privados españoles pudieran comprar títulos de renta fija emitidos en divisas por empresas españolas u organismos internacionales de carácter multilateral de los que nuestro país forme parte supone, a juicio de sectores financieros especializados, "la práctica desaparición de esta modalidad de inversión en el exterior, que había empezado a tener una cierta importancia en los seis primeros meses de este año".

Otros círculos financieros han señalado que no se puede hablar de freno a la liberalización del sistema financiero español, sino, por el contrario, de auténtico cerrojazo a la salida legal de dinero privado al exterior. Todos los consultados afirman que a pesar de que el decreto por el que se permitía que los inversores privados españoles adquirieran estos valores por cuantía ilimitada entró en vigor en septiembre de 1979, durante los dos años siguientes apenas sí había sido utilizado, produciéndose unos aumentos importantes a lo largo del año actual, que ahora han sido suprimidos.Aunque la disposición de Economía fija un período de suspensión de seis meses, hasta primeros de año, lo cierto es, según fuentes consultadas, que ésta tiene todos los visos de convertirse en definitiva. Va a ocurrir, comentaron, lo mismo que en Italia. Allí también se empezaron a autorizar salidas al exterior en este tipo de inversiones, pero lo hicieron en cantidades mucho más importantes; el freno puesto en aquel país consistió en que todo aquel que quisiera comprar bonos en divisas tenía que colocar el equivalente a la mitad de su inversión en el exterior en el Banco de Italia en una cuenta que no producía intereses. La rentabilidad de este tipo de operaciones combinadas era tan pequeña, que acabó suspendiendo totalmente la demanda de inversiones en monedas extranjeras. El Ministerio de Economía ha elegido otra vía: que sea preciso solicitar autorización de la Dirección General de Transacciones Exteriores, la cual ya ha comunicado, oficiosamente, a los bancos que actúan como intermediarios, en estas operaciones que se abstengan de solicitarlas porque no serán autorizadas.

Entre las instituciones financieras que han venido realizando este tipo de operaciones no ha caído bien la disposición tomada por Economía, ya que piensan que, si bien durante 1982 había crecido bastante la demanda para este tipo de inversiones, canalizadas principalmente hacia los bonos del Banco Mundial y la salida al exterior que el Reino de España hizo a primeros de año por valor de cien millones de dólares y un tipo de interés del 15,75%, lo cierto es que el volumen no era tan importante como para pensar en un grave quebranto al nivel de reservas exteriores de la economía española.

Los temores al cambio

Lo cierto, reconocen fuentes financieras, es que se han producido últimamente órdenes que se han desmadrado. A algunos bancos muy importantes se les han encargado compras por valor de 45 millones de dólares -unos 5.000 millones de pesetas- por parte de inversores individualizados, mientras que el volumen mensual de todas las operaciones realizadas giraba en tomo a los 2.000 millones de pesetas. Son este tipo de salidas al exterior las que parece han preocupado a Economía y han provocado la suspensión temporal de las mismas. Aunque el procedimiento era legal, parece que podría tratarse de intentos de colocar dinero en el exterior a la luz de los acontecimientos políticos que se avecinan.La inestabilidad política, unida a la debilidad de la peseta durante el último año y la alta cotización del dólar, lo que proporciona una alta rentabilidad directa a este tipo de inversiones, han sido, según expertos consultados, las causas que han propiciado el aumento de demanda de estas inversiones en divisas. Era la forma legal de mantener en rendimientos reales positivos diversos fondos de ahorradores privados, que ahora tendrán que buscar una rentabilidad dentro de los mercados nacionales o elegir la vía de la salida ilegal de monedas.

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que la decisión tomada obedece más al ritmo de crecimiento de estas operaciones, que totalizaban 11.500 millones de pesetas en los seis primeros meses del año, al elevado grado de rentabilidad obtenido por las mismas durante 1981, que hacía tender a la baja a la cotización de la peseta respecto a las demás monedas y a los temores de que se pudiera producir, durante la segunda mitad del año, un crecimiento aún mayor que pusiera en peligro todo el equilibrio inestable de la balanza de pagos, que se viene registrando.

La rentabilidad real obtenida por una operación iniciada durante 1981 oscila entre el 40% y el 50%, en función del momento en que se compraran estos eurobonos y la fecha de venta y su conversión otra vez en pesetas. A los intereses percibidos por los bonos hay que añadir la depreciación de la peseta, respecto al dólar a lo largo de 1981 y de lo que va transcurrido del actual. Por ello, aunque la inversión en este tipo de títulos en divisas tenía como limitación que no se podía volver a vender dentro del primer año, la rentabilidad alcanza esas cifras, consideradas excesivas por las autoridades económicas.

Máxime cuando, como ha ocurrido este año, los bonos comprados correspondían en buena parte a emisiones de instituciones o empresas españolas. De los 11.500 millones de pesetas invertidos en el primer semestre del año, algo más de 3.000 millones de pesetas se destinaron a comprar, títulos de emisiones españolas, principalmentre a la del Reino. "Es un contrasentido", afirmaron fuentes de Economía, "que una empresa o el propio Reino de España obtenga parte del ahorro interno que necesita a través de emisiones en el exterior que, aparte de resultar más caras en los momentos actuales, debilitan la posición de la peseta de forma importante".

Fuentes del Ministerio de Economía aceptaron que esta última medida adoptada era el colofón a las anteriores, cuyo objetivo básico es impedir que a finales de año se produzca un descenso en el nivel de reservas en divisas superior a los 2.000 millones de dólares. Como quiera que, a pesar de la mejoría de la balanza comercial, el saldo de la balanza de pagos arroja resultados negativos, que se traducen automáticamente en una reducción de las reservas, Economía decidió a finales del primer trimestre adoptar las disposiciones necesarias para frenar en lo posible esta salida neta de monedas.