Energía y salarios: la difícil adaptación
La aparición cada doce meses del Informe del Banco de España marca siempre un momento intenso de reflexión sobre los problemas económicos; siempre intenso y con frecuencia fecundo, pues se trata de una obra no, sólo rica en documentación, sino también con muchas sugerencias analíticas y certeros apuntes sobre puntos neurálgicos del funcionamiento del sistema económico.La oportunidad del recientemente publicado -referido a 1981- es, en todo caso, incuestionable. Aunque los análisis sectoriales son excesivamente descriptivos y poco homogéneos en su tratamiento -particularmente desafortunado es el referido a la agricultura-, y se echa de menos un apartado final sobre el horizonte económico previsible a corto y medio plazo, es muy destacable el rigor y la agudeza que presiden el estudio frente del ajuste energético y del ajuste salarial
El ajuste energético
El punto mismo de partida del Informe es el impacto negativo sobre la economía española del encarecimiento de los precios del petróleo registrado en 1979-1980. Dado que España es un país fuertemente dependiente de las importaciones de petróleo -en 1978 aún cubría con ellas un 66% de sus necesidades de energía primaria: un porcentaje que era el doble que la media de países de la OCDE-, también es especialmente sensible a las alzas de los crudos importados. Como el precio medio de éstos en dólares se situó en 1981 en un 142% sobre eI nivel medio de 1978, puede estimarse -según los términos literales del Informe- que la segunda oleada de encarecimiento del precio del petróleo -cuando aún perduraban las repercusiones de la primera gran alza, la de 1973-1974- "ha supuesto para España, en los años 1980 y 1981, un aumento de la factura petrolífera, en unidades renta de 1979, del 5,4% del produopto interior bruto de dicho año. Además, el tipo de cambio efectivo real de la peseta se ha depreciado en cuantía considerable desde 1979, y ello ha sido un elemento adicional en el empeoramiento de la relación real de intercambio de España con el resto del mundo durante el período. En su conjunto , dicha relación de intercambio de bienes y servicios ha empeorado un 19,5% en el período 1980-1981 y ha supuesto una transferencia o pérdida acumulada de producto real en favor del resto del mundo del orden del 6,6% en el bienio".
No puede, por eso, dejar de señalarse a renglón seguido el considerable retraso que en el proceso de ajuste energético -para reducir la participación del petróleo y para reducir el consumo de energía primaria por unidad de producto- lleva España en relación con la mayor parte de los países desarrollados: "El hecho es que los siete mayores países industriales de la OCDE consumieron en 1981 la misma energía que en 1973, mientras que en España aumentó su consumo en un 24% entre ambos años". La ausencía durante años, en nuestro país, de una política de regulación de la demanda energética que repercutiera pronto y adecuadamente en los distintos usos y servicios de los precios internacionales encarecidos de la energía deja sentir ahora todo su peso negativo. Con un retraso de cuatro o seis años con relación a Europa y a la generalización de la crisis, se han comenzado aquí a adoptar medidas de cierta envergadura, aunque no suficientes: el Plan Energético Nacional no es sino de 1979, fecha a partir de la cual se inicia en España una reducción -sólo suave- en la intensidad energética de su producción, al tiempo que se abre un proceso -pero no muy intenso- de sustitución energética, con mayor contribución del carbón al consumo total bruto de energía. Por eso debe subrayarse la responsabilidad de los últimos Gobiernos del franquismo y de los primeros de la Monarquía en el actual "elevado grado de exposición a los impactos del petróleo" que presenta la economía espariola.
El ajuste salarial
El segundo de los ajustes básicos de precios relativos es el referente al coste del trabajo. La posición mantenida en el Informe respecto a una cuestión tan enconada es, a nuestro juicio, correcta, y sólo está mediatizada por las insuficiencias informativas que sobre la evolución de las rentas salariales se siguen padeciendo. Está fuera de discusón que entre 1973 y 1978 se registró en la economía española un muy fuerte aumento de los salarios nominales brutos (incluidas las contribuciones la Seguridad Social), que determinó unos crecimientos de salarios reales imposibles de mantener a medio plazo sin provocar una creciente sustitución de trabajo por capital, con graves consecuencias para el empleo. Sólo a partir de 1978 se produce una desaceleración de los ritmos de crecimiento de los salarios reales, mantenida durante 1981 y previsibiemente, en cumplimiento del ANE, durante todo 1982. Sin embargo, según el Informe, "la desviación acumulada en el período 1973-1978 respecto de cualquier senda de crecimiento salarial sostenible fue muy intensa y la desaceleración posterior no ha bastado para compensarla. Además, esa desaceleración ha coincidido, desgraciadamente, con la nueva e importante pérdida de renta real resultante del segundo encarecimiento del petróleo, que imponía, de un modo automático, un descenso de la senda de crecimiento de los costes reales unitarios del trabajo compatible con cada nivel de ocupación. De modo que la desaceleración de los salarios no ha bastado para impedir el retroceso del empleo desde 1978."
La responsabilidad de la política económica del pasado más reciente en todo ello no puede tampoco, en este caso, silenciarse. Entre 1973 y 1977, en especial, los diversos Gobiernos compensaron su propia interinidad y su propia provisionalidad canalizando a través de alzas salariales toda la presión social de esos inciertos años que van desde la muerte de Carrero Blanco hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Por eso habrá que esperar a las medidas adoptadas durante 1979 y 1980 y, sobre todo, al Acuerdo Nacional sobre Empleo para que le produzca un cambio de orientación, si bien el retraso tiene aquí efectos especialmente nocivos: la caída del empleo. Pues la respuesta a los fuertes aumentos de la retribución bruta por persona empleada, en términos reales, no ha sido otra que la también fuerte reducción del empleo (especialmente en la industria: entre 1973 y 1981, la caída del empleo industrial alcanza más de un 15%); "tan fuerte en un período relativamente corto", en,palabras del Informe citado, '"que cabría pensar que el ajuste a dicho impacto está ya muy avanzado en términos de comparaciones internacionales y que, a falta de nuevas perturbaciones, debería mostrar una progresiva moderación de sus efectos sobre el empleo".
Capacidad pan gobernar
Se puede también suscribir el párrafo final del análisis introductorio del Informe. "La economía española vive un proceso de ajuste a unas nuevas condiciones de la economía mundial. La rapidez y el éxito de esa adaptación dependen de la capacidad de la economía para mostrar flexibilidad en sus respuestas a los nuevos estímulos. La tradición de inercia, rigidez y burocratización de nuestra economía dificulta esa flexibilidad, alarga los ajustes y amplía los costes sociales que conlleva. La iniroducción de mayor flexibilidad en todos los ámbitos y de un análisis de los efectos de las políticas sectoriales para el conjunto de la economía esuna necesidad primordial.
Sí puede coincidirse en esas líneas a condición de añadir algo más, y es, dicho sin rodeos, que el actual Gobierno no parece capacitado para afrontar con éxito el reto que plantean esas exigencias. La parálisis facial de quien lo preside y las luchas internas de UCD se han convertido, más allá de metáforas fáciles, en rasgos bien definitorios de un modo de gestión pública que consigue una difícil combinación de rigidez e irresponsabilidad, de incuria y clima de liquidación por derribo. Así no puede hácerse frente, entre otras cosas, al desafío que supone la difícil culminación del proceso adaptativo de la economía española a las nuevas circunstancias en los flancos de la energía y de los costes del trabajo porque no basta con nuevas readaptacíones de precios, y con sucesivas medidas de moderación salarial.
Es necesario, en suma, una disposición y un estilo muy distintos para combatir con cierto margen de garantía los actuales problemas. Un gran economista conservador español, nacido en los años setenta del siglo pasado y al que hace tan sólo unas pocas fechas se le ha rehabilitado tras ser separado de su cátedra en 1939, Antonio Flores de Lemus, en situaciones difíciles para la economía española apelaba siempre a la providencia para compensar la falta de previsión de nuestros Gobiernos. Hoy debe confiarse en el coraje ciudadano para sostener comportamientos y opciones de progreso histórico y en el instinto cada vez más agudizado de la mayoría para elegir Gobiernos responsables.
