El Parlamento gallego decide hoy la sede de las instituciones autonómicas
Un largo período de enfrentamientos y tensiones localistas, que amenazan con crear el germen de un peculiar cantonalismo en la ciudad de La Coruña, concluirá formalmente en el Pleno del Parlamento Gallego, que hoy debe elegir, por mayoría cualificada de dos tercios sobre un total de 71 diputados, la ciudad que será sede de los órganos de gobierno de la comunidad autónoma.
La coincidencia básica entre el proyecto de ley presentado semanas atrás por la Junta y una enmienda transaccional suscrita por todos los grupos parlamentarios -que en ambos casos fijan en Santiago la sede del Gobierno y el Parlamento- predetermina de hecho el resultado del debate, que únicamente podría ganar alguna tensión dialéctica con las intervenciones de los diputados coruñesistas del PSOE, UCD y AP en defensa de enmiendas presentadas a título personal. Todas ellas, favorables en general al establecimiento de la Junta en La Coruña, fueron derrotadas previamente en una reunión de la comisión parlamentaria que recibió el encargo de preparar el llamado debate de la capitalidad y aprobó la enmienda transaccional que será votada hoy. Ningún parlamentario o dirigente político gallego cree, sin embargo, que la definitiva elección de capital de la comunidad autónoma vaya mas allá del simple cierre formal de un conflicto localista con numerosos antecedentes históricos, que enfrenta a La Coruña y Santiago desde el proceso de redacción del Estatuto de la Segunda República. La multitudinaria manifestación en defensa de la capitalidad recientemente organizada por el Ayuntamiento de La Coruña con el apoyo de dirigentes locales de UCD, PSOE y AP ha venido a aumentar, por el contrario, las preocupaciones de quienes temen el nacimiento de una especie de cantonalismo, inédito hasta ahora en Galicia, que podría ser utilizado como punta de lanza contra las instituciones y el mismo proceso autonómico.El coruñesismo parece haber penetrado toda la estructura social de la ciudad a partir de un sentimiento de desposesión, que los líderes locales no han dejado de fomentar desde el comienzo del proceso autonómico. Generadora de instituciones propias como la Asociación de Amigos de La Coruña o la Junta de Defensa de la Capitalidad, la reivindicación localista se basa teóricamente en la alegación de que la capital de la provincia coruñesa venía siéndolo también de toda Galicia, como resultado del asentamiento de varios organismos administrativos de ámbito regional en ella. Lo que, en consecuencia, se interpreta como un traslado de la capital a Compostela derivaría, según los más radicales defensores de la candidatura de La Coruña, en un desmantelamiento de la infraestructura administrativa, que, a su juicio, sostiene una parte esencial de la actividad económica de la ciudad.
Ésta línea argumental, mantenida en principio por minoritarios grupos conservadores unidos en una Asociación de Amigos de La Coruña, que presidía el actual consejero del Interior de la Junta, José González Dopeso, fue asumida posteriormente por dirigentes coruñeses de varios partidos, a pesar de que sus respectivas fuerzas políticas defienden, sin embargo, la opción de Santiago.
Frecuentemente utilizado como arma arrojadiza contra las formaciones de izquierda galleguista, que desde un principio apoyaron la candidatura de Santiago, el coruñesismo, que ya jugó un importante papel en la defenestración del anterior alcalde de La Coruña, el nacionalista Domingo Merino, ha llegado a ser también un importante factor de conflictividad interna para los principales partidos.
Una enmienda sorprendente
Aunque el ejemplo más notorio lo ofrece el consejero de la Junta de Galicia, González Dopeso, que presentó una insólita enmienda parlamentaria al proyecto de ley elaborado por el Gobierno del que forma parte, quizá resulte más significativa la repercusión del problema en el PSOE, donde nacionalistas y centralistas, según las calificaciones que recíprocamente se adjudican, parecen haber utilizado la capitalidad como pretexto para saldar sus diferencias. Francisco Vázquez, ex secretario general, que con su dimisión provocó la convocatoria de un congreso extraordinario, en el que fue elegida una nueva ejecutiva limpia de nacionalistas, recurrió precisamente a la defensa de los derechos de La Coruña para justificar el abandono de su cargo y la consiguiente apertura de un proceso congresual, que ha cambiado la relación de fuerzas en el interior del partido.Mucho más atenuadas, las repercusiones del problema de la capitalidad han llegado también a la UCD gallega, cuyo presidente coruñesista, Enrique Marfany, se enfrenta abiertamente a los miembros de su grupo parlamentario que apoyaron la enmienda por la que se fijan las sedes del Gobierno y Parlamento en Compostela.
Al margen de cada problemática interna, las preocupaciones de todos los partidos se centran ahora en la reacción de los hipersensibilizados ciudadanos coruñeses ante la prácticamente segura elección de Santiago como sede de las instituciones autonómicas. La posibilidad insinuada por el alcalde, el centrista Joaquín López Menéndez, de que sea convocado un referéndum antiautonómico en La Coruña hace aumentar las aprensiones sobre el desarrollo inmediato de lo que en sus comienzos parecía un conflicto banal.
