Sólo la Administración se muestra favorable a modificar la normativa sobre contratación temporal

El nuevo proyecto de decreto sobre contratación temporal, que refunde la normativa existente en esta materia, irá, una vez que haya pasado por la comisión de subsecretarios, a un próximo Consejo de Ministros, según aseguró ayer Miguel Cuenca, subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La reunión del consejo general del Instituto Nacional de Empleo (INEM), celebrada ayer, fue calificada por alguno de los asistentes como de puro trámite. Salvo la Administración, ninguna de las partes presentes en la misma ha considerado conveniente la modificación de los decretos en vigor.

Fuentes sindicales manifestaron ayer su total oposición al proyecto de decreto presentado por la Administración en la reunión del Consejo General del INEM. Pedro Guardeño, de UGT, aseguró que "lo responsable y democrático sería que el Gobierno retirara el proyecto, visto que no ha satisfecho a ninguna de las partes, incluida la patronal". Y Alfonso Vázquez, por CC OO, afirmó que "el texto resulta inaceptable. Creara más paro y mayor precariedad en el trabajo". La propia Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), aseguraba al término de la reunión que "se trata de una refundición de unas normas ya criticadas en su día. No tiene sentido su publicación ahora, cuando, además, su vigencia queda limitada al 31 de diciembre".

Estos mismos argumentos fueron, según fuentes de los asistentes, las mismas que se esgrimieron a lo largo de la reunión, sin que la Administración entrara en la discusión. La presentación ayer del proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo responde, según las mismas fuentes, más al cumplimiento de un trámite, que al deseo de incorporar al proyecto los criterios de las partes, "sobradamente conocidos por la Administración".

Por ello, los sindicatos no parecen dispuestos a recoger la invitación efectuada por Miguel Cuenca en el sentido de remitir con la mayor urgencia cuantas sugerencias se crean convenientes. Según aseguraron ayer fuentes sindicales, ni CC OO ni UGT enviarán notificación alguna, estando convencidas como están ambas organizaciones que la Administración no tomara en cuenta las mismas. "Es inútil. Ayer la reunión sólo sirvió para cumplir con el requisito de consulta previa, pero en ningún caso estaban los representantes del Gobierno dispuestos a incorporar nuestras sugerencias", señalaron en los citados medios.

Miguel Cuenca volvió a explicar a los miembros del consejo las intenciones que han movido a Trabajo a presentar el nuevo proyecto: Refundir la normativa dispersa, fomentar el empleo y favorecer a la pequeña y mediana empresa. Las razones de Cuenca no han convencido a nadie, a juzgar por las declaraciones de sindicatos y patronal, que se inclinaban por mantener la normativa en vigor. "O en todo caso", como añadiría Pedro Guardeño, "refundiendo las normas dispersas para facilitar los trámites a las empresas, pero sin cambiar ni una coma de lo ya aprobado".

No más de media hora tardaron las partes en discutir este punto del orden del día. El segundo de los puntos, las previsiones del coste del Seguro de Desempleo en 1982, será tratado en una próxima reunión. Los datos aportados por el INEM, prevén un déficit de unos 80.000 millones de pesetas al finalizar el presente año, calculando un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,5, considerado optimista por las centrales.