El Ejecutivo vasco y el PNV anuncian que obstruirán la aplicación de la LOAPA

En vísperas del debate parlamentario sobre la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), el Gobierno vasco y el PNV reiteraron ayer su oposición a una ley que consideran "anticonstitucional y antiestatutaria", y adelantaron su voluntad de librar "una batallá a todos los niveles contra la aplicación en la práctica de dicha ley".1.400 cargos electos nacionalistas, reunidos en el frontón de Durango (Vizcaya), firmaron un documento por el que se comprometen a defender la integridad del Estatuto de Guernica y a no admitir más modificaciones autonómicas que las que sean "aceptadas mayoritaria y libremente por el pueblo vasco".

El lendakari Garaikoetxea -como posteriormente el presidente del Consejo Nacional del partido, Xabier Arzallus- empleó un tono reflexivo y moderado para desgranar el "rnemorial de agravios" de que se habría hecho víctima a la comunidad autónoma vasca "a partir del giro producido en la política estatal después del 23-F". Así, frente a la disposición "flexible y negociadora" que habrían mostrado los nacionalistas ante la delicada situación política general, el Gobierno central, con la complicidad del principal partido de la oposición, habría respondido con la paralización desde hace meses de las transferencias de competencias y la proliferación de proyectos de ley -en materia de sanidad, enseñanza, funcionariado y política económica, principalmenteque define, en su conjunto, "una política absolutamente regresiva en materia autonómica".

La LOAPA supone, en opinión del lendakari, "la ruptura unilateral del compromiso histórico que se plasmaría en el Estatuto de Guernica".

Más allá de cualquier consideración jurídica, el Estatuto fue un acuerdopolítico sobre el autogobierno, y la LOAPA supone un intento de desnaturalizar éste rompiendo aquél.

En opinión del presidente vasco, dicha ruptura es, por una parte, un atropello, en la medida en que se trata de modificar un acuerdo, en su día refrendado por la mayoría de la población, sin consultar al pueblo ni a sus representantes mayoritarios sobre las modificaciones a introducir; pero es también un error, porque supone "quebrar las bases en que se asentaba la solución a lo que constituía un verdadero contencioso histórico".

Por ello, y aun aceptando el compromiso de no abandonar "nuestras responsabilidades institucionales ni las vías pacíficas democráticas", la consumaciáini, mediante la aprobación de la LOAPA, de la ofensiva antiautonómica "nos relevaría del compromiso moral y político contraído hace tres años, ajustando nuestras demandas de autogobierno en aras de ese acuerdo histórico".

Voluntad de diálogo

Xabier Arzallus, por su Parte, dedicó buena parte de su intervención a ilustrar lo que consideró "evidente voluntad de diálogo del PNV", rememorando los contactos con Suárez en 1979, con Martín villa, Pío Cabanillas y Pérez-LLorca en vísperas de la investidura de Calvo Sotelo, y con Felipe González poco antes de la aparición del informe Enterría.

Lo más grave de la falta de correspondencia a las ofertas de diálogo nacionalistas habría sido, según Arzallus, la pretensión de "interpretar unilateralmente unos acuerdos que, siendo fruto del consenso, es decir, de las mutuas concesiones, sólo podrían ser modificados, adaptados, desarrollados e interpretados por los mismos que los habían firmado".

El portavoz de la minoría nacionalista en el Congreso, Marcos Vizcaya, insistió en la relación entre el 23-F y el giro producido en la política autonómica general, y acusó a UCD y PSOE de pretender, con otros medios, lo mismo que Fraga cuando propugnaba modificar el título VIII de la Constitución. "Ya Martín Villa", recordó Vizcaya, "dijo que, si no había una LOAPA, habría que modificar la Constitución.

Pues eso es lo que ahora intentan: modificar el Estatuto y la Constitución sin pasar por el trámite de un referéndurn"

Queda, sin embargo, "la batalla por la aplicación de dicha ley". Y en esa batalla, exhortó Vizcaya a los cargos electos presentes, "debemos ser capaces de encontrar los sistemas legítimos más eficaces para hacer obstrucción y oponer una línea de resistencia a cada medida concreta que en el Parlar.nento autónomo, las diputaciones, los ayuntamientos y todas las instítuciones pretendan deducir de la LOAPA".