La Comisión de Electrónica suaviza los recelos entre la Telefónica y la industria privada
La Comisión Nacional de Electrónica, encargada por el Gobierno de definir las alternativas y recomendaciones más adecuadas para el desarrollo armónico de este sector de futuro, acaba de entrar en una nueva fase de difícil digestión y discusión de las distintas posturas defendidas por sus miembros. El enfrentamiento más evidente, por la naturaleza de sus intereses, se ha producido ya entre la posición "prepotente" del monopolio telefónico, defendida por el consejero delegado de la compañía, Diego Martínez Boudes, y la "recelosa" de la patronal del sector (ANIEL), abanderada por su director general, Pedro Higuera. En todo caso, fuentes solventes de la citada comisión aseguran que el informe final, basado necesariamente en el consenso, no estará en manos del Gobierno antes de fin de año.
Pese al riguroso secreto en que se mantienen las deliberaciones de esta comisión de notables y sabios del Reino, que actúan a título personal y profesional, a cuyo frente está el presidente del Banco de Bilbao, José Angel Sánchez Asiaín, han trascendido, sin embargo, algunas características de las diferencias existentes.En la reciente reunión de Buitrago (Madrid) se dio por terminada la primera y silenciosa etapa de acarreo de material por los cinco grupos de trabajo que ocupan a casi un centenar de especialistas. En aquel momento, la Compañía Telefónica fue acusada veladamente de lucir posiciones "imperialistas", y a veces defensivas, en torno a las medidas e instrumentos concretos a corto plazo y de ofrecer proyecciones de la oferta, hasta el horizonte 1990, que han sido interpretadas como "poco serias".
Fuentes del sector, que trabajan en el grupo V, han señalado que los papeles o borradores aportados por Telefónica "son más propios de la planificación soviética que de la economía de mercado"; que no conducen más que a la consolidación de la estructura actual de las comunicaciones bajo su peculiar monopolio, sin ofrecer medidas para el fomento de una industria nacional; y que pecan de "ingenuidad o son una cortina de humo" cuando fijan el consumo nacional de electrónica de aquí al año 1990, según su distribución porcentual por subsectores, siguiendo las mismas pautas existentes actualmente en Europa.
Los medios industriales consultados, que han mostrado su satisfacción por la nueva actitud de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa en favor del desarrollo de la industria nacional, no ocultan su preocupación por el determinismo económico de la Compañía Telefónica a la hora de planificar la oferta por decreto, lo que podría suponer una tenaza para el futuro del sector.
El desarrollo de la industria electrónica profesional y microelectrónica de cualquier país depende, en su mayor parte, de la defensa y de las comunicaciones. De ahí que exista un cierto temor a que la Telefónica, como holding industrial y de servicios a la vez, pudiera bloquear con vaguedades los trabajos de la comisión.
Intereses generales
Tales temores han sido rechazados por uno de los miembros más cualificados de la citada comisión, al señalar que las discusiones actuales son normales para llegar a un punto de consenso en torno a los intereses generales del país. Los miembros de la comisión están mostrando, según la citada fuente, un elevada categoría profesional, defendiendo los intereses nacionales por encima de los particulares de su sector o empresa.
La proyección presentada por Martínez Boudes a la comisión parte de una producción actual del sector electrónico nacional equivalente al 1,4% del producto interior bruto (PIB), aproximadamente la mitad de la europea. Para el año 1990 tal proyección fija una relación entre producción nacional y PIB próxima al 3%, lo que supone alcanzar en una década la misma posición relativa de la Europa actual. Algunos especialistas han cuantificado este procentaje en más de medio billón de pesetas de 1981.
La posición de algunos empresarios privados ante esta posible fijación arbitraria de lo que ha de ser el mercado electrónico dentro de ocho años es de temor a que se prive a la industria de libertad de mercado. Prefieren, por el contrario, que se oriente la actividad desde ahora atendiendo a lo que ya existe y dando soluciones inmediatas.
Los medios privados tienen, no obstante, grandes esperanzas puestas en el resultado de esta Comisión Nacional de Electrónica por cuanto puede servir por fin, y con muchos años de retraso con respecto a los países competidores, para ordenar las compras del Estado y saber a qué atenerse en el futuro. "El Gobierno tiene que mojarse, a la vista del informe que elabore esta comisión, diciendo lo que va a demandar en un plazo razonable, de modo que la incipiente industria pueda madurar y responder competitivamente a esa demanda potencial convertida en efectiva", han señalado las fuentes empresariales, agobiadas por la crisis.
El próximo 25 de junio está prevista la próxima reunión plenaria de la comisión, en la que se realizará una síntesis de las diferentes posturas y aportaciones teniendo ya a un cierto consenso. Debido a la complejidad del tema y al enorme volumen del material, el trabajo final no estará terminado antes de fin de año. El informe de la comisión, que no tendrá nada que ver con los antiguos Planes de Desarrollo, constará, según fuentes de la presidencia, de tres grandes apartados: la descripción de la realidad electrónica nacional, estudio de las alternativas posibles para su desarrollo y, finalmente, un pliego de recomendaciones sobre medidas concretas.
