Las falacias de la política agraria española

Como suele ser habitual, el cambio de titular en los departamentos ministeriales ha sido ocasión para depararnos algunas sorpresas. A un ingeniero agrónomo ha sucedido en el Ministerio de Agricultura un notario, y como en el dicho, "cada maestrillo tiene su librillo. El nuevo ministro estuvo callado unos días, pero en cuanto le pusieron un micrófono ante su vista se vio obligado a dar su interpretación de los cuellos de botella de nuestra agricultura. "Esto se arregla", afirmó el ministro, "con dos decretos. Con un decreto modernizamos las explotaciones agrarias y con el otro lanzamos a transformar en regadío 150.000 hectáreas". ¡Ya no hay sequía! ¡Ya no hay que preocuparse de la negociación de precios! ¡Ya no hay problemas con la CEE!Reducción de campesinos

Algunos, en nuestra humildad, creemos que no es tan sencillo resolver los problemas del sector agrario, y desde luego no pensamos que tras esos decretos se pueda afirmar que ahora ya tenemos una política agraria. Es más: creemos, por el contrario, que esos decretos no se han gestado en el ministerio de Atocha, sino en los despachos de la banca de nuestro país.

¿Cuál es nuestro juicio sobre esos decretos? (1). Veamos, primero, aquel que tiene como objetivo la modernización de las explotaciones agrarias. El sistema ideado no es otro que el de extender a todo el país los beneficios hasta hoy reservados a las "zonas de ordenación de explotaciones" (articulos 128 a 139 y 181 ss. de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario). El sistema que a primera vista puede parecer interesante es regresivo, al menos por dos cuestiones. Cuando los recursos económicos son escasos, parece necesario seleccionar los proyectos, salvo que se trate de jugar al electoralismo más descarado. La triste realidad es que zonas declaradas hoy de ordenación de explotaciones, que fueron en su día seleccionadas en virtud de sus características, están detenidas por falta de recursos económicos, y para no hablar sin conocimiento de causa, voy a dar dos ejemplos que conozco de cerca. Por real decreto de 26, de enero de 1979 se acordó dicha calificación para la zona de Barco de Avila-Piedrahíta, y por real decreto de 6 de marzo de 1981, la relativa al bajo Duero. El primero de ellos se dirigía a una ordenación de las explotaciones de la zona para que alcanzasen dimensiones suficientes y características adecuadas en orden a su estructuración, capitalización y organización empresarial. Se determinaba la orientación productiva y las acciones a seguir, consistentes en: establecimiento de regadíos de orientación fórrajera, reestructuración de regadíos, reconversión de plantaciones de frutales, fomento de la construcción de albergues refugios, silos. Es difícil transcribir aquí el contenido de los diecinueve artículos del decreto, que prometían el paraíso terrenal a una zona que es una típica bolsa de pobreza. Pero hay una conclusión que se impone: no se ha hecho nada de nada. La causa, la falta de recursos económicos. El segundo decreto, anunciado en su día en Villalar por Lamo de Espinosa, duerme el sueño de los justos. Justificación, como en el caso anterior, la falta de recursos. Imagino que estos dos casos son un simple botón de muestra. ¿No seria más racional, antes de inventarse decretos, que el ministro hubiera pedido de quien corresponda el listado de proyectos no realizados, con los que un día se "engatusó" a los agricultores, y volcar sobre ellos los recursos financieros disponibles?.

La misma ligereza

El segundo elemento que permite subrayar el electoralismo de esta medida deriva de que no hace muchos días el BOE (11 de febrero de 1982) publicaba la ley que lleva por título Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes, entre cuyas finalidades el artículo primero expresa la de "constituir explotaciones agrarias viables..., promoviendo su desarrollo y modernización para que consoliden o alcancen la viabilidad social y económica", y a dicha finalidad se dedica todo el título IV, que viene presidido por el mismo criterio selectivo de proyectos, es decir, modernizar no cualquier tipo de explotación, sino las definidas como "explotaciones familiares agrarias". Ahora, extrañamente, se olvidan aquellos contenidos, suprimiéndose el carácter familiar de la explotación.

Del segundo de los decretos, el relativo a transformaciones en regadío a iniciativa particular, se pueden hacer consideraciones parecidas. En primer lugar, conviene constatar que no se ha descubierto ningún Mediterráneo. Si mi memoria no me engaña, se trata de insistir en las mismas ideas de los decretos 3.735, 2.499, 1.616 y 1.200 de los años 1974, 1976, 1978 y 1981. Concretamente, en el año 1978, la financiación llegó a 25.500 millones de pesetas, que permitió la transformación de 89.287 hectáreas y la mejora de 114.937. Ahora, con 10.000 millones más se pretende duplicar las transforinaciones de 150.000 hectáreas y mejorar 125.000. Las dudas sobre su realización, a la vista de los números, parecen evidentes.

Problemas adicionales

Pero hay algunos problemas adicionales de suma importancia. ¿De dónde se van a obtener las aguas? ¿En qué proporción serán aguas subterráneas? ¿Cuál es el estudio de nuestros acuíferos? ¿Es que desconoce la Administración los graves problemas de salinización de algunas zonas por un continuo "pinchar" sin orden ni concierto? Y en otro orden de cosas, ¿qué oírientaciones productivas hay para esos nuevos regadíos en la perspectiva de nuestra integración en la CEE? ¿Cómo se va a exigir su cumplimiento?

Suponemos que con la misma ligereza que con motivo del decreto 3.735 de 1974, que exigía el compromiso de cultivar remolacha azucarera, para, pasados tres años, indicar, por la orden de 11 de julio de 1978, que los regadíos acogidos al Decreto 1.616/1978 no se podían destinar a remolacha azucarera.

En definitiva, y mal que pese a algunos, la política agraria coherente brilla por su ausencia. Mientras tanto, se desconoce dónde duermen los proyectos anunciados por el anterior ministro en junio de 1979, cuyo programa partía de estas premisas: "Me corresponde a mí ahora expresar aquí la política de cambio para la agricultura española del próximo cuatrienio". Si mis cuentas no fallan, ese programa parece dictado para dos años y medio. ¿Es que el nuevo ministro asume los compromisos de presentar los proyectos de ley relativos a fomento de la industrialización y comercializ ación por entidades asociativas agrarias, tierras ociosas, modificación de la ley de Reforma y Desarrollo Agra,rio, sanidad vegetal y animal, financiación agraria, etcétera?

Si los objetivos de política. agraria del programa de Lamo de Espinosa "se inspiraban en el programa electoral presentado por UCD", ¿en qué prioridades? Desde mi posición, aseguro que hubiera estimado más coherente dar cima a los proyectos anunciados en su día que desviar la atención de los agricultores hacia un pomposo "plan de capitalización del agro español". Entre los proyectos anunciados, no olvide el nuevo ministro las expectativas levantadas Dor el denominado "testamento agrario" de Lamo de Espinosa, aquel que hablaba de un porcentaje del 15,6% como elevación de los precios agrarios sujetos a regulación.

En conclusión, lo que está en juego es conocer si la política agraria se fundamenta en bases objetivas o al capricho de la proximidad o lejanía de las consultas electorales.