El juez solicita pruebas documentales de los Ministerios de Hacienda, Economía, Interior y del Banco de España

Los ministerios de Hacienda, Economía, Interior, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas del Reino tendrán que aportar pruebas documentales al sumario por supuestos delitos de carácter económico-financiero denunciados por los querellantes socialistas y comunistas contra altos cargos de RTVE como consecuencia de las diligencias ordenadas por el nuevo juez instructor, Clemente Auger. El magistrado, por otra parte, ha ordenado a cuatro censores jurados de cuentas que elaboren un detallado dictamen para mejor esclarecimiento de los hechos derivados del conocimiento del Informe del Control Financiero sobre Radiotelevisión Española, elaborado en su día por funcionarios del Ministerio de Hacienda y conocido como «auditoría».Clemente Auger, juez instructor del sumario por supuestos delitos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos, en virtud de las querellas contra altos cargos de RTVE formuladas por Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y por Pilar Brabo, diputada del Partido Comunista de España (PCE) -entre otros dirigentes Socialistas y comunistas-, ha ordenado la práctica de una serie de diligencias para el mejor y más completo esclarecimiento de los hechos relatados en el Informe del Control Financiero sobre Radiotelevisión Española -más conocido como «auditoría»- realizado por el Ministerio de Hacienda.

6.000 millones de pesetas

Una de las diligencias documentales, cuya práctica ha ordenado el juez, consiste en que los ministerios de Hacienda, Economía, Interior y el Banco de España tendrán que aportar al sumario «las certificaciones sobre libramientos, presupuestos y suplementos de crédito autenticadas» por quienes las hayan expedido. Esta prueba tiene relación con los casi 6.000 millones de pesetas cuestionados por los querellantes en función, principalmente, de las cuotas del impuesto del rendimiento del trabajo personal (IRTP) y de la Seguridad Social, así como de un crédito extraordinario de más de 1.400 millones de pesetas solicitado por Rafael Ansón al Banco de España, al parecer porque RTVE estaba falta de tesorería para pagar las nóminas de finales de 1977. Se solicita, por otra parte, del presidente del Tribunal de Cuentas del Reino que remita la «censura de examen con reparo» de las cuentas rendidas por RTVE durante los años 1977, 1978 y 1979, que fueron objeto también de investigación parlamentaria y que motivaron la imposición de una multa por parte del Tribunal a Fernando Arias Salgado.

Dictamen de peritos

El juez instructor ha ordenado, al poco tiempo de su nombramiento por la Sala II del Tribunal Supremo, en sustitución de Luis Serrano de Pablos, el dictamen de cuatro peritos censores jurados de cuentas que elevarán un informe sobre algunos de los extremos contenidos en la «auditoría» que EL PAIS publicó a finales de enero del pasado año.El informe de los peritos comprenderá los años 1977 y 1978 -durante los cuales Rafael Ansón y Fernando Arias Salgado, principales querellados del sumario, dirigieron RTVE- y se referirá a los siguientes extremos: determinación de ingresos y gastos relacionados con el hilo musical, los ingresos de publicidad y ventas de cornercialización, información de la cuenta número 757/271 abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal de la calle madrileña de Agustín de Foxá, con relación nominal de las personas acreditadas para efectuar movimientos en la misma; determinación de la contabilidad de la caja central de RTVE, de las habilitaciones periféricas, de las liquidaciones de las cuotas de la Seguridad Social y de las retenciones practicadas por RTVE en concepto de IRTP.

Gran parte de los extremos contenidos en el dictamen encomendado a los peritos se refieren a hechos que nunca han sido aclarados suficientemente por los directivos de RTVE, ni siquiera en sus reiteradas comparecencias ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Estos hechos que el juez desea establecer a través del dictamen de peritos son, entre otros, los siguientes: desarrollo presupuestario de los costes de personal, cualquiera que sea la forma de su contratacion; información sobre la plantilla orgánica y su desarrollo; información sobre las previsiones presupuestarias en concepto de IRTP y de Seguridad Social, y las relativas a pluses de programas, dietas, gastos de viaje, costos reales de los corresponsales nacionales y extranjeros, de los asesores, guionistas y realizadores.

También se solicita que los peritos dictaminen si la relación de colaboradores que figuran en RTVE es coincidente con las declaraciones que los responsables de aquel organismo efectuaron a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Se pide igualmente que se determinen las formas, fechas y cantidades de las deudas y pagos efectuados por dichos conceptos. Los peritos tendrán que determinar, por otra parte, la naturaleza y destino del crédito otorgado por el Banco de España y la relación de beneficiarios de los veinticinco millones de pesetas que el Ministerio del Interior remitió a Fernando Arias Salgado. Cantidad esta última concedida, al parecer, con motivo de consultas electorales y referendos autonómicos y,que fue distribuida entre altos directivos y personal de RTVE.

El magistrado requiere de los peritos, por último, que se determine si en el presupuesto de RTVE figura alguna partida específica para atención a cargas sociales del personal y si, por dicho concepto, se adeudan cantidades a la Seguridad Social. Se cree que el dictamen de los peritos podría estar finalizado a mediados de diciembre.

El juez que instruye el sumario ha ordenado se practique una diligencia de carácter documental que consiste -además de los informes y documentaciones solicitados de los ministerios de Hacienda, Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Banco de España y Tribunal de Cuentas- en la remisión de la réplica que la Dirección General de RTVE hizo a la denominada «auditoría» y en los contratos con determinados colaboradores. Estos contratos parecen estar relacionados con las prestaciones que el presentador José María Iñigo y la actriz Sara Montiel hicieron a Televisión.

Altos cargos, a declarar

El resto de las diligencias, todas ellas de oficio y no a petición de las partes, consiste en las pruebas testificales. El juez que actualmente instruye el sumario ha tomado declaración y ha citado ya, al menos, a quince directivos, funcionarios y colaboradores de RTVE: Adolfo Ramos Fernández, José María Otero, Juan Jesús Buhigas, Javier Juan Aracil, José María Iñigo, Feliciano Lorenzo Gelices, José Joaquín Marroquí, Joaquín Freire, Eugenio Navas, Manuel López Márquez, Angel Marrón, Agustín Utrilla, Angel Navalón, Fernando Labrada y Antonio López. Prestaron declaración, con anterioridad, los ex directores generales Rafael Ansón y Fernando Arias Salgado y los directivos del área económico-administrativa Ignacio Martínez Echevarría y Francisco López Arenosa, todos ellos querellados, y el último con un alto cargo en el actual organigrama de RTVE.