Cada país miembro debe afrontar por sí solo el incremento del gasto militar
Hemos pasado revista someramente a los compromisos que adquiría España en cuanto a las líneas generales que deberían inspirar su política de defensa y que, en cierto modo, supone que las mejores unidades estarían incluidas en los esquemas aliados para la defensa de Europa occidental y no para necesidades estrictamente nacionales, como el norte de Africa, por ejemplo.La primera cuestión que se puede plantear es cómo financiar el esfuerzo militar que pronone la Alianza.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte no dispone de fondos para ello. En principio, la OTAN tiene sólo dos presupuestos: el estructural, para el pago de los gastos de mantenimiento de la propia organización en cuanto tal tanto en el plano civil como en el militar (unos 75 y 350 millones de dólares, respectivamente en 1981), que pagan mediante cuotas diferentes los países miembros, y el llamado presupuesto de infraestructura común (comunicaciones, oleoductos, depósitos, aeródromos, instalaciones para misiles, gastos originados por las tropas norte am erican as estacionadas en la RFA). Este presupuesto, calculado para el quinquenio 1980-1984, se eleva teóricamente a unos 5.000 millones de dólares (un 85% más que en el período 1975-1979). Según algunos expertos, la elevada tasa de inflación en Occidente puede hacer que esta cifra tenga que incrementarse en un 50%. Los fondos para infraestructura común se pagan también mediante cuota (Estados Unidos, que financiaba en los años sesenta casi un 45% del total, pasó a pagar, a fina!es de los setenta, aproximadamente un 25%). La cuota española en ambos casos se calcularía teniendo en cuenta otros servicios que España podría prestar.
Obligaciones para España
El actual esquema financiero de la OTAN implica que las previsiones contenidas en el plan de defensa a largo plazo tienen que ser sufragadas por los países miembros, dentro de sus presupuestos nacionales de defensa. España, al ingresar en la Alianza, asurniría no sólo el texto del Tratado, sino también las directivas de defensa aprobadas ya por el Consejo Atlántico y, entre ellas, la de mayo de 1977, según la cual los países miembros harán todo lo posible para incrementar sus presupuestos nacionales de defensa en un 3% por encima de su nivel de inflación. Es de suponer que el Gobierno español buscaría ayudas financieras para la puesta apunto de las Fuerzas Arrnadas, según los esquemas de la Alianza, pero para ello debería llegar a acuerdos bilaterales con otros países aliados (Estados Unidos y la RFA, lógicamente), al margen de la OTAN.
Al esfuerzo monetario ya aludido habría que añadir la participación de España en programas especiales, que se superponen a los clásicos. Por ejemplo, España debería participar en la compra de dieciocho aviones radares Awacs, fabricados en Estados Unidos y que cuestan aproximadamente 1.800 millones de dólares. Italia, por ejemplo, participa con un 7%.
Las últimas previsiones aliadas indican que el programa Awacs puede resultar más caro de lo previsto, ya que la caída del régimen del sha, en Irán ha hecho desaparecer un cliente de fuera que ayudaba a abaratar los costes. Por eso, los aliados europeos están interesados en la venta de estos aviones a Arabía Saudí.
En un plano estrictamente político, España asumiría también los acuerdos ya aprobados por la Alianza y, fundamentalmente, el comunicado del Consejo de Ministros celebrado a raíz de los acontecimientos en Irán y en Afganistán, según el cual la Alianza Atlántica se comprometía a estudiar, caso a caso, el apoyo logístico a la llamada fuerza de rápido despliegue norteamericana, destinada a actuar, fundamentalmente, en Oriente Próximo o el golfo Pérsico.
