Inventario de problemas para la futura Xunta de Galicia (II)
En el artículo anterior se defendió la necesidad de que el Gobierno gallego adopte modelos de decisión eficientes, notablemente alejados de las prácticas de la Administración local, si realmente pretende influir eficazmente, regular y planificar los grandes procesos regionales de cambio.Nos corresponde ahora señalar que no es esta una tarea fácil para las autoridades regionales. Oponiéndose a ella existen ciertamente obstáculos de mucha entidad, que van desde la inercia de las organizaciones burocráticas heredadas a la no disponibilidad del soporte técnico necesario para la aplicación de los principios de una racional administración económica regional. Pero estos problemas son tan importantes que bien merecen ser objeto de alguna atención especial.
Es evidente que durante el período de transición la comunidad autónoma gallega, como cualquier otra de las que se constituyan, deberá enfrentarse a una grave insuficiencia de capacidad técnica propia en cuanto a la adopción de los modelos de dirección y decisión que hemos defendido, y más concretamente, para la elaboración de los planes regionales e incluso los proyectos específicos de desarrollo y equipamiento.
En efecto, los recursos humanos que serán transferidos a las comunidades autónomas, procedentes de las administraciones periférica del Estado y local, no aportarán, salvo casos muy excepcionales, personal en número, cualificación y experiencia adecuadas para la constitución de los equipos necesarios para la generación de programas y proyectos de desarrollo. en cantidad y con niveles de calidad satisfactorios.
Esto puede derivar en un auténtico estrangulamiento de las posibilidades, en principio abiertas por la reorganización autonómica del Estado, a la intensidad y reorientación del desarrollo regional.
En efecto, de mantenerse el cuasimonopolio de la Administración central en cuanto a competencia técnica en la elaboración de planes y proyectos, «los depártamentos inversores», como advierten Fernández Rodríguez y López Nieto- se hallarían, en condiciones de imponer silenciosamente el grueso de la pauta de las inversiones públicas, emanada de sus propios planteamientos», como si las comunidades autónomas no existieran o carecieran de otra trascendencia que la de producir sólo proyectos de pequeña envergadura, irrelevantes para una transformación del modelo de desarrollo regional.
Mecanismos de colaboración
Una vía posible para remontar inicialmente este difícil problema consiste en el adecuado diseño de mecanismos de colaboración entre las comunidades y los- organismos apropiados de los ministerios inversores de la Administración central (Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, Centro de Estudios de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, etcétera), en los que los segundos limitarían su función'a la de prestar sus servicios a modo de asesoría técnica, reservándose la adopción de decisiones y orientación general de los proyectos a la propia comunidad. Obviamente, el recurso provisional a equipos técnicos externos a los organismos autonómicos puede extenderse a otras entidades, como instituciones universitarias, sociedade's consultoras públicas, semipúblicas o privadas, etcétera.
Pero aun en el caso de que las difl cultades anteriores -de carácter primordialmente técnico- pudiesen ser superadas, restaría todavía un factor que podría desanimar a las autoridades regionales en la adopción de una política racional de administración económica. Se trata del coste político que para ellos podría seguirse de tal práctica, y sus efectos de disuasión, pensamos, pueden ser notables:
En efecto, el estancamiento o lento crecimiento de los recursos reales asignados a la provisión de servicios públicos, que probablemente caracterizará a los próximos años de recesión económica generalizada, tiene como consecuencia inmediata el que la implantación de nuevas actividades o programas se asocie inevitablemente con la reducción de otras ya en funcionamiento. Por ello, la innovación (fruto seguro de una planificación regional tal como se defiende aquí) habrá de enfrentarse a la tenaz resistencia de.quienes se benefician o administran determinados servicios públicos preexistentes, ya que la readjudicación de recursos supondrá,la contracción del nivel de prestación de aquellos servicios.
Juan R. Quintás es catedrático de Teoría Económica en la Universidad de Santiago de Compostela.
