El no procesamiento de los guardias civiles asaltantes del Congreso podría confirmar el pacto con Tejero
Ha sido denegada la solicitud del fiscal togado en torno al procesamiento de los guardias civiles que asaltaron el Congreso de los Diputados y secuestraron a los representantes de la soberanía nacional y al Gobierno en pleno la tarde del 23 de febrero pasado. Este no procesamiento, criterio que comparte el presidente de Alianza Popular (AP), Manuel Fraga, según expuso anoche en una reunión con periodistas, confirma la existencia de un pacto con el teniente coronel Tejero, consistente en exonerar de responsabilidades a los guardias civiles que secundaron su acción.
Distintas notas del máximo órgano de la jurisdicción castrense han dado cuenta de las resoluciones adoptadas en torno a las peticiones de los defensores, pero han guardado silencio sobre la petición del fiscal togado, que actuaba siguiendo instrucciones del ministro de Defensa en el momento procesal pertinente. Sin embargo, fuentes jurídicas solventes que aluden las agencias de Prensa aseguran que la decisión de no acceder a esos procesamientos de los guardias civiles ha sido ya acordada por el pleno del Consejo Supremo de Justicia Militar.Las informaciones de agencia salvan la posibilidad de que más adelante se pudiera replantear de nuevo la pertinencia de llevar a cabo esos procesamientos a los números y suboficiales de la Guardia Civil participantes en el secuestro, que aceptaron ponerse a las órdenes de Tejero, con el que no tenían relación alguna de dependencia orgánica.
Esta actitud del Consejo Supremo de Justicia Militar se interpreta en algunos círculos, como una muestra de respeto al pacto que el teniente coronel Tejero suscribió con el general Alfonso Armada en torno a su rendición y salida del palacio del Congreso, en la carrera de San Jerónimo. A tenor de ese supuesto pacto, del que la Prensa publicó una pretendida versión autógrafa, una de las exigencias establecida por el jefe de los sediciosos secuestradores y aceptada por los negociadores fue la de exonerar de responsabilidad a todos los participantes desde suboficiales para abajo.
En una solemne declaración ante el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrada precisamente en aclaración de los hechos acaecidos en el asalto al Banco Central de la plaza de Cataluña, en Barcelona, el presidente Leopoldo Calvo Sotelo manifestó, con énfasis en réplica a la oposición socialista, que «si se hubiera establecido algún pacto con los sediciosos del 23-F, ese sería un pacto arrancado bajo coacción, que nunca fue suscrito por su Gobierno y al que no se consideraría en absoluto vinculado».
La mano del ex presidente Adolfo Suárez quedó alzada en aquella ocasión, reclamando un turno de intervención de la presidencia de la Cámara, ocupada en ese instante por Landelino Lavilla. Suárez hubiera querido decir algo que figura en el acta del primer Consejo de Ministros reunido tras la liberación del Congreso el mismo día 24 de febrero. En esa ocasión, la última que habría eje presidir, el dimisionario Suárez hizo constar exactamente que el Gobierno no se sentía vinculado por pacto alguno.
Para la agencia Europa Press, finalizada la fase probatoria, que se calcula terminará hacia el mes de noviembre, y elevadas las actuaciones por el consejero instructor, general togado José de Diego López, al Consejo Supremo de Justicia Militar, este alto organismo, reunido en pleno, podría determinar si procede o no practicar nuevos procesamientos.
