Informe español ante la Comisión Ballenera Internacional
Los ecologistas españoles enviarán un representante a la reunión que la Comisión Ballenera Internacional (CBI) celebrará a finales, de julio en la ciudad británica de Brighton, con el fin de que presente ante los países miembros un informe elaborado por la Sociedad Galega de Historia Natural, Adega y la Federación de Amigos de la Tierra.Entre los datos aportados por este informe destacan la acusación de que los balleneros del industrial Massó, la única persona que caza ballenas en España, no respetan las tallas permitidas, por la CBI, y la ausencia de un control oficial a pie de factoría en la pasada temporada, al igual que en años anteriores, por lo que los datos oficiales de capturas que maneja la delegación española ante la CBI son los suministrados por la propia empresa ballenera.
Complicidad y posible fraude fiscal
Las asociaciones mencionadas consideran que, al conseguir este tipo de control, «la Administración, y en este caso el ministro del ramo, como último responsable de tal permisividad, se está convirtiendo de hecho en el cómplice del exterminio de ballenas». Los ecologistas también barajan la posibilidad de que la empresa esté de fraudando a Hacienda si resultase cierto que captura el doble de animales de los que declara. Los cita dos grupos también señalan que el subsecretario de Pesca, Juan Prat miembro - de la delegación española ante la CBI, parece desconocer en gran medida aspectos de la biología de los cetáceos, ya que ha llegado a afirmar públicamente que «la ballena común es, como su nombre indica, la más común de todas las ballenas», pretendiendo justificar de este modo su captura. Estas manifestaciones, dicen los ecologistas, no coinciden en absoluto con la normativa de la propia CBI, que desde 1977 prohíbe la captura de esta especie en todo el mundo, salvo en el Atlántico Norte, zona marítima en la cual sólo cazan España e Islandia, pues otros países con cupos autorizados, como Canadá, han renunciado voluntariamente a hacerlo.Los ecologistas pretenden que el Gobierno español vote en Brighton a favor de la moratoria en la caza de cetáceos, que, como todos los años, será propuesta y apoyada por la mayoría de los países integrantes de la, CBI, pero que, año tras año, sale derrotada por culpa de un pequeño grupo de países, entre los que se encuentran España, Japón y la Unión Soviética, que se apoyan en una cláusula de los estatutos de la CBI, que exige dos tercios de los votos para imponer una decisión.
