El programa trienal de viviendas despega
En esta ocasión me siento obligado a aprovechar la gran proyección que tiene EL PAIS con la única intención de rellenar ciertas lagunas de información que, de mantenerse, pueden desorientar a la opinión pública y producir desánimo en las familias que confían en que sus problemas de falta o insuficiencia de vivienda pueden resolverse si se cumple el programa trieñal, 1981-1983, de construcción de viviendas.de protección oficial.El programa de construcción de viviendas de protección oficial es una medida de Gobiernó: con un gran alcance social y económico, aunque su carácter sea coyuntural y su contenido puntual, dentro de la Política de vivienda. En frías ci fras, el objetivo es que durante 1981, 1982 y 1983 sé construyan 571.000 viviendas de protección oficial. Pero, lo que es más importante, se pretende dar con él satisfacción a las necesidades de mora da digna y adecuada de otras tantas familias de las capas medias e infe riores de la sociedad española.
El programa no es el fruto de una improvisación. Es el resultado de un trabajo previo que comienza 1 en 1978 con la reforma del marco le gislativo de la protección oficial, adecuándolo a las condiciones propias de la crisis económica con la suficiente finura para no- produ pir impactos traumáticos ni recha zos inmediatos en los intereses afectados.
Continúa con la ordenación de un sistemafinanciero posible y realista que permite distribuir con equidad los limitados recursos disponibles y posibilita que las entidades privadas de crédito -bancos y cajas de ahorro- estén dispuestas a destinar para la construcción y la compra de las viviendas de protección oficial parte de sus recursos en forma de préstamos que no son los obligados por unos coeflicientes. Coeficientes, por otra parte, en continuo decrecimiento desde 1977, como lógica consecuencia de la necesaria liberalización de la economía española.
Y culmina con la realidad de poder ofrecer a los españoles nece.sitados el acceso a una vivienda digna, con unos ingresos mermados por la inflación y con unas disminuidas expectativas de empleo.
Sólo cuando se dispuso de un marco legal más idóneo, asimilado por el sector de la promoción-construcción, y de un sistema decréditos con fórmulas más equitativas para los adquirentes y con un caudal financiero garantizado, el Gobierno anuncié el programa trienal 1981-1983, consciente de que no constituiría un intento más de los que, a partir de 1975,se hicieron para resolver la crisis de la vivienda.
No hay pasividad
No es justo, creo, cargar a la Administración con los sambenitos de la pasividad ante la situación del programa y de la incapacidad para convertirlo en realidad. Y no lo es porque sonmuchos los pasos de preparación, de organización y de impulso que la Administración ha dado, primero, para que el programa como tal sea una realidad, y para que se produzca su despegue, después. Y serán muchos más los que habrán de darse, a partir de ahora, para franquear los obstácu-los que ya se presentan en la larga marcha del programa hacia su meta.
Es aventurado decir que nadie se ha tomado la molestia en organizar un mínimo mecanismo para seguir las vicisitudes del programa, cuando ya en, noviembre de 1980 el Gobierno creó por decreto una comisión de seguimi ento en la que participan la Administración y las entidades financieras de crédito, oficiales-y privadas, qué debe informar trimestralmente al Gobier no de la marcha del programa. Comisión que se ha reunido en cinco ocasiones y ha rendido los oportunos informes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Hay plena consecuencia en los responsables del progra ma de que son necesarias, desde los primeros pasos, tanto la perma nente vigilancia para detectar con antelación suficiente las desviacio nes del programa como la inque brantable voluntad para superar las dificultades que han de aparecer todavía en su recorrido.
Tampoco es justo considerar fallida la aportación de las entidades privadas de crédito que sustentan de manera decisiva la financiación del programa, aunque es cierto que todavía quedan cabos por atar en ese sentido.
Los bancos privados, individualmente y en su conjunto, han dado una respuesta favorable, inmediata y rotunda, y la totalidad de los 71.000 millones de pesetas que aportan durante 1981 están comprometidos.
Las cajas de ahorro, aunque no han tomado una postura propicia tan generalizada como los bancos ni su compromiso financiero se ha materializado con igual prontitud, también han respondido de acuerdo con el convenio-marco firmado entre el Gobierno y la Confederación de Cajas de Ahorros, salvo pocas excepciones. En el peor de los casos, y si no se produjeran nuevas incorporaciones, la parte del programa que corresponde a las cajas, que quedaría sin cobertura financiera, sería el 17% en este año.
Pero no basta con que el Gobiemo esté dispuesto y empeñado en llevar a término el programa, ni tampoco que.las entidades de crédito oficiales y privadas dispongan de los fondos necesarios para financiarlo. Son precisas además muchas otras colaboraciones concretas desde este momento.
En primer lugar, la de los promotores. En las viviendas que construya la iniciativa privada -con ánimo de lucro o sin éldescansa el peso principal del programa: 150.000 unidades, frente a las 30.000 que construirá direi:tamente el Estado. Para ello, la promoción privada debe hacer acopio de iniciativa empres arial y abandonar algunas posturas mentales de tiempos anteriores que el proteccionismo y la propia expansión económica hicieron posibles en otras épocas, pero que hoy son inviables por irrepetibles.
La necesaria colaboración de los ayuntmientos
Otra colaboración imprescindible es la municipal. El papel de los ayuntamientos en favor de los objetivos del programa es fundamental. No sólo recae en ellos la principal responsabilidad del planeamiento urbanístico,y de la concesión de licencias de construcción, sino que pueden asumir las funciones que la legislación les permite como poseedores de suelo y promotores públicos de viviendas para vender o alquilar a sus electores. Una disposición de los municipios en apoyo del programa pasaría, cuando menos, por.la agilización de la tramitación tanto de los expedientes de calificación urbanística como de concesión de licencias de construoCión, sin merma, por supuesto, de las garantías del necesario cumplimiento de la legalidad urbanística.
Importante ha de ser asimismo la colaboración que los medios de comunicación social presten al programa con sus informaciones, sus análisis y sus críticas.
Es necesaria también, y en este caso es exigible, la colaboración de la Administración con el administrado. Las administraciones del Estado, central y periférica, deben ser capaces, de producir la mayor simplificación administrativa, a fin de recortar los plazos del recorrido burocrático de los expedientes, y han de estar dispuestas a facilitar toda la información y el apoyo instrumental a los promotores y a los adquirentes.
No es recomendable cualquier tipo de triunfalismo, y menos ante una realidad como es la española de hoy, pero en todo caso, tras menos de cuatro meses de rodaje de un programa que cubre un período de tres años, parece prematuro augurarle, como algunos han hecho, un triste desenlace, tanto más cuanto que lbs indicadores de su puesta en marcha, hasta ahora, son alentadores. La financiación del sector público -Estado y bancos oficiales- está comprometida al 100%. La financiación privada ya, consolidada llega al 76%. Se han concedido préstamos a 32.000 viviendas, que representan el 21% de las 150.000 viviendas programadas para 1981. La demanda de préstamos en los bancos oficiales es de 136.000 millones, aplicables a 87.000 viviendas. El número de solicitudes de préstamos de calificaciones provisionales viene creciendo mes a mes. Todo eso significa que la presión de la oferta se consolida y que el programa trienal de viviendas ha despegado. Ahora colaboremos todos en que se mantenga el vuelo.
