Recelos anticatalanes
Los PASADOS meses, ya desde antes del 23 de febrero, han presenciado una Polémica que en el fondo no responde más que al planteamiento sofístico de una cuestión ya juzgada.El 25 de enero aparecía un llamado manifiesto en el que con la firma de «2.300 intelectuales» (ni uno menos) se denunciaba una situación de desigualdad en el uso actual y futuro de las lenguas catalana y castellana, con desventaja para esta última.
Los autores del manifiesto tratan de «restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto», pero habría que precisar a dónde hay que volver para encontrar ese buscado ambiente. Pues la reacción de los 2.300 intelectuales se produjo cuando, con la inevitable lentitud de todo lo que ha de tener una profunda repercusión social, se empezaba apenas a instrumentar una política lingüística de acuerdo a la Constitución y al Estatuto.
No tienen derecho los firmantes a protestar de que la Generalidad, para disposiciones de aplicación en Cataluña, utilice la lengua catalana; ni tampoco de que autoridades catalanas se expresen en catalán en actos públicos. No obstante, es cierto que resulta absurdo que el Gobierno autónomo publique el Boletín Oficial sólo en catalán, y ese es el único síntoma verdadero de discriminación, que resulta incomprensible, además, en su empecinamiento. No hay por qué mostrar repugnancia ante la pública vigencia de una lengua que los catalanes tienen derecho a considerar signo de identidad.
Suponiendo que entidades públicas y privadas catalanas empobrecieran la cultura del país por estimular prefe rentemente la creación en catalán o la difusión preferente de lo creado en este idioma, ello entra dentro de sus competencias, sin que el juicio malévolo de unos u otros, esencialmente subjetivo y discutible, pueda ser impedimento.
La introducción del catalán como lengua escolar de conocimiento general, en medida comparable a la enseñanza en castellano, no es ningún atentado contra los derechos de inmígrantes ni contra nadie. Pedir en definitiva a los establecidos en Cataluña que conozcan en alguna medida la lengua del país en que residen está perfectamente justificado, como lo está que maestros, y funcionarios residentes en Cataluña sean capaces de entender la lengua del país. Si es, como dicen los redactores del manifiesto, acoso pedir ese mínimo de entendimiento y uso de la lengua del país, es que los que se consideran acosados no han comprendido que el bilingüismo estáblecido en la Constitución obliga al residente a no pretender que ignora lo que puede conocerse con un mínimo esfuerzo. El hecho de que se hayan producido situaciones o casos aislados de discriminación no autoriza a mantener la tesis de la humillación del castellano.
Pues, si no, ¿qué es la libertad y tolerancia que quieren restaurar los señores del manifiesto sino la que dominaba en las dictaduras?
Más aún cuando en el caso de Cataluña las dos lenguas que los del manifiesto ven en conflicto son dos variantes latinas que, con toda su personalidad distintal y bien fÍjada de dos lenguas de cultura y literarias, resultan mutuamente fáciles de entender. Cualquier intelectual que resida en Cataluña y no sea muy cerrado de actitud o de mollera, si realmente está dispuesto a practicar ese respeto mutuo que se invoca en el mismo manifiesto, puede llegar a entender el catalán en unas semanas, y hasta hablarlo, aunque sea defectuosamente, sin esfuerzos sobrehumanos.
El manifiesto, lanzado en un diario madrileño, no dejó de tener eco en Barcelona. Los numerosos escritores allí residentes de expresión castellana, y que en castellano publican sus libros en la capital catalana (la cual no ha dejado de hacer público alarde de que es, por encima de Madrid, México y Buenos Aires, el primer centro editor de libros en español), han respondido en la Prensa a la masa de los 2.300 intelectuales. José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, Jaime Gil de Viedina, Francisco Candel (autor de un libro en que cuenta sus experiencias de niño inmigrante en las excelentes escuelas de la Generalidad) Y otros más han ido respondiendo al tono un tanto en papel de barba administrativo del manifiesto de los tan numerosos intelectuales.
La admisión del catalán en la vida pública y en los medios de difusión está resuelta, la entrada del catalán en la escuela pública es indispensable para la subsistencia de un idioma que es, según la Constitución, patrimonio y riqueza común de España. Quererlo relegara la tolerancia y convivencia que lo encerraba en la vida privada es no comprender lo que desde 1975 se ha iniciado en nuestro país y es cerrar el paso a lo que tiene que cumplirse para satisfacer las esperanzas de cuantos damos por cerrada y muerta la etapa anterior. Los firmantes que se atreven a pedir la restauración de una situación que a tantos españoles, catalanes y, no catalanes, nos mantuvo en el exilio o en la desesperación, y que buscan oídos fáciles en Madrid, es que se obstinan en cerrar los ojos al mundo en que, gústeles o no, tienen que vivir.
