Las urbanizaciones ilegales se "comen" los viñedos de Méntrida

La proliferación de construcciones ilegales dentro del término municipal de Méntrida, pueblo de la provincia de Toledo limítrofe con Madrid, está haciendo desaparecer numerosos viñedos de la zona, una de las principales riquezas de la comarca, cuyos vinos disfrutan de etiqueta propia de denominación de origen. Dichas construcciones desacatan el plan urbanístico elaborado por la Comisión Provincial de Urbanismo y no cumplen los mínimos establecidos por la ley del Suelo. Asimismo, el Ayuntamiento, algunos de cuyos representantes se encuentran presuntamente implicados en el tema, anuncia la iniciación de gestiones para la ubicación de un polígono industrial en unos terrenos protegidos por el Icona.

Cuando el viajero empieza a vislumbrar el pueblo, por la carretera que le acerca desde Valmojado, se encuentra casi simultáneamente con un cartel que le anuncia la denominación de origen de los vinos de Méntrida, y otro de venta de parcelas, chalés o pisos. No notaría contradicción entre ambos si pocos metros más allá no se encontrase con que las construcciones están sustituyendo a las viñas. Hacia el año 1975 comienzan a levantarse edificios aislados en terrenos conceptuados como agrícolas y no edificables. Las construcciones se hacen sin licencia oficial, sin urbanizar los terrenos, de forma aislada y en parcelas inferiores a las exigidas por la ley.En octubre de 1977, al no haber presentado el Ayuntamiento de la localidad, dentro del plazo establecido, ningún plan de delimitación del casco urbano, la comisión provincial de Urbanismo elabora uno que fue aprobado en marzo del año siguiente, remitido posteriormente al Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el 3 de mayo de 1978. Dos semanas más tarde, la Corporación municipal se opone al plan y envía notificación a la comisión provincial, en la que alega el crecimiento de la población y la falta de terrenos para construir dentro del casco urbano.

A la vista de las presuntas falsedades encontradas en la notificación de la corporación municipal, la comisión provincial de Urbanismo deniega las peticiones, y el plan que había elaborado entra en vigor. Posteriormente, la comisión visita la localidad y descubre las urbanizaciones clandestinas que se están llevando a cabo, por lo que pide datos al Ayuntamiento, para incoar los correspondientes expedientes sancionadores. La Corporación democrática aprueba, en un pleno celebrado el 31 de mayo de 1979, denunciar a dos promotores de construcciones ilegales, sobre los que la comisión tramita los correspondientes expedientes. Pero simultáneamente surgen nuevas urbanizaciones ilegales. Se inician nuevos expedientes, y el 20 de marzo de 1980 el gobernador civil y la comisión visitan Méntrida y recomiendan al Ayuntamiento que ordene la suspensión de las obras ilegales, pero éstas continúan.

Presuntas falsedades de la corporación

Una polémica surgida a raíz del tema en los medios de comunicación comarcales, saca el asunto fuera del término municipal y señala la coincidencia de militancia entre gobernador civil, diputado provincial por Torrijos, partido judicial al que pertenece Méntrida, alcalde, concejales y algún promotor de la localidad, todos miembros de UCD.A primeros de septiembre, con motivo de las fiestas locales, un saluda del alcalde, incluido en e programa de festejos, anuncia la elaboración de unas normas subsidiarlas para legalizar las edificaciones piratas, invita a instalarse en Méntrida a gentes de otros lugares y señala el propósito municipal d establecer un polígono industrial en un cerro poblado de encinas y protegido por el leona. Aduce el alcalde que con este polígono industrial se enjugaría el paro existente en el pueblo, que en la actualidad alcanza a unas cincuenta personas, y acogería parados de otros pueblos; pero no señala con qué medios cuenta, y, según fuentes cercanas a la asociación de cultura de la localidad, es sólo un argucia para legalizar la situación de destrozo que sufre el pueblo.

El pasado mes de octubre, un concejal de UCD, presuntamente implicado en una de estas urbanizaciones, dimitió de su cargo. Un grupo de vecinos del pueblo ha pedido una investigación a la Dirección General de Registros y Notariado sobre presuntas responsabilidades que pudieran recaer sobre el notario y el registrador de la jurisdicción de Méntrida, por la escrituración de parcelas inferiores lo estipulado por la ley.