Los Presupuestos, en las Cortes

EN EL último día del plazo, los ministros de Hacienda y de la Seguridad Social han enviado sus respectivos presupuestos a las Cortes.Las grandes líncas del Presupuesto del Estado muestran una modificación en la tendencia de los gastos corrientes y de inversión que crecerán, respectivamente, el 21 % y el 31 %. Ahora bien, ambos tipos de gasto público aumentarán más deprisa que el valor total de la producción de bienes y servicios (PIB), que se ha estimado en torno a un 16,3%, del que un 2,5 % constituirá un aumento real en volumen y un 13,5% serán aumentos de precios. Los gastos de la Seguridad Social, por su parte, aumentarán en un 19,3%, también por encima del crecimiento total del PIB. Continúa así la continua e inexorable progresión del sector público, lo que no guarda congruencia con las teorías proclamadas por el partido en el poder.

En cualquier caso, debe destacarse el menor porcentaje de crecimiento de los gastos corrientes, gracias a una, reducción de casi 20.000 millones de pesetas en gastos, militares y de 70.000 millones de pesetas mediante el fraccionamiento en varios plazos de las compensaciones por los perjuicios causados por la guerra civil. Esta reducción, por la novedad con que se presenta, parece de muy última hora y pone de manifiesto la ligereza de los elaboradores del presupuesto en medio del fragor de la crisis económica. Merecen destacarse los buenos propósitos de administración de los asuntos públicos, que suponen, por un lado, que sólo se revalorice la pensión principal cuando existan varias acumuladas y, por otro, que sean congeladas plantillas y se aplique un mayorrigor en el régimen de incompatibilidades. Se cancelan además todas las compatibilidades concedidas a partir del 1 de enero de 1981, con el corolario de que será preciso renovarlas para hacerlas efectivas. La congelación de plantillas podrá flexibilizarse mediante una mayor movilidad de los funcionarios, asignándolos a los sitios de mayores necesidades administrativas. ¿Será esta la oportunidad para que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia aprovisione los juzgados de nuevos efectivos humanos?

Y, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos loables, el presupuesto sigue ofreciendo un radical conformismo respecto a la crisis y un aire de fatalismo a la hora de articular una estrategia para superarla. En un momento que pretende ser de inflexión, el crecimiento de los salarios de los funcionarios se mantiene en un 12% y las pensiones crecen muy por encima de la tasa de aumento del valor de la producción. Se debilita así la posibilidad de inducir un aumento de los salarios en torno a un 10-12 %, como será la tónica de los países competidores, y, consiguientemente, nuestra inflación también será superior. Pero, además, el crecimiento de los gastos corrientes impide que a finales de 1981 el ahorro del sector público sea positivo y obliga a que el sector privado o el sector exterior financien la totalidad de la inversión pública española. En estas condiciones, los crecimientos previstos en la inversión privada y el comportamiento estimado del sector exterior, con unas exportaciones en alza y unas importaciones en cuesta abajo, no es muy probable que se cumplan.

Finalmente, no resulta fácil aceptar que el recurso del sector público al Banco de España suponga sólo un 11% de la cantidad de dinero (las conocidas disponibilidades líquidas), coino tampoco es verosímil que la reducción de un 0,5% en el tipo general de la Seguridad Social signifique un ahorro para los cotizantes, dado que el aumento del tipo de cotización por desempleo compensará más que sobradamente lo que deje de pagarse por esta cantidad. Estas dudas, la forma en que se instrumente la inversión pública y la manera de compatibilizar un aumento de los sueldos de los funcionarios del 12% con un incremento de la masa monetaria del sector público en torno a 120% son algunos de los temas que tendrán que ser explicados por el Gobierno al Parlamento en el debate sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social.