Injusta contribución urbana
Durante el largo camino que se ha recorrido hasta llegar a la reforma fiscal, ha sido unánime la crítica sobre los impuestos de producto, entre los que se encuentra la contribución urbana.Como es bien sabido, dichos impuestos gravan la renta según su procedencia, ignorando tanto las circunstancias personales de su perceptor como su situación económica global. En el caso de la contribución urbana, por ejemplo, lo único que cuenta para determinar la cuota a ingresar es la valoración que, a tales efectos, se haya atribuido al bien de que se trate. En consecuencia, si en un mismo bloque de viviendas habita un jubilado, un desempleado, un perceptor de un sueldo medio y un profesional o comerciante con elevados ingresos, todos ellos propietarios de pisos de idénticas características, el impuesto es el mismo para todos.
Ante este hecho, que atenta a los más elementales principios de equidad, no es de extrañar las críticas a las que antes aludíamos, habiendo sido saludado por todos cuantos se ocupan de estos temas como altamente positivo que tales impuestos hayan desaparecido del ámbito de la tributación estatal en la reciente reforma.
Desgraciadamente, sin embargo, tal desaparición ha sido más formal que real, puesto que algunos de tales impuestos, entre los que se encuentra la contribución urbana, han subsistido en el cuadro de la tributación local. Y, a pesar de sus más que conocidos defectos, los responsables de las haciendas de los ayuntamientos democráticos se aprestan a utilizarlos al máximo, sin que parezcan albergar el menor escrúpulo al respecto, como se deduce de las declaraciones de un personaje del Ayuntamiento madrileño aparecidas en EL PAÍS del 4 de septiembre.
No deja de ser decepcionante que esto suceda, sobre todo cuando los responsables de las finanzas municipales son -o dicen ser- militantes de partidos de izquierda en su mayoría. Deberían recordar esos señores que la contribución urbana no es, ni de lejos, un impuesto que responda a los postulados de justicia social que se presuponen en un proyecto de sociedad socialista, cualquiera que sea éste.
A mi modo de ver, los agobios financieros de los ayuntamientos no debieran conducir a los responsables en este terreno a la obsesión recaudatoria, come) parece ser el caso en la actualidad, sin meditar acerca de la incidencia de los distintos tipos de ingresos sobre la población. La contribución urbana puede llegar a transformarse en un arma que se vuelva contra quien la utilice, si el contribuyente se apercibe de su verdadero significado, y seguramente se apercibirá. Sobre todo, cuando se produzca la anunciada elevación del impuesto, que es de suponer se llevará a cabo por el tosco procedimiento utilizado con anterioridad; esto es, multiplicando por un determinado coeficiente los valores catastrales actuales, sin entrar en consideraciones de ningún tipo respecto a su adecuación o no a la realidad (cualquiera que conozca el tema sabe que no existe tal adecuación), con lo cual el resultado final no sólo consistirá en un mero producto matemático, sino también en una multiplicación de la injusticia tributaría. Injusticia que, además, recae sobre la vivienda propia, ese bien para cuya adquisición la inmensa mayoría de los españoles tiene que soportar tremendos sacrificios, y sobre el cual se ensañan los impuestos más que sobre ningún otro./
