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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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Las secuelas del paro: beneficios y coste de un programa nacional de Food-Stamps / y 2

Para paliar las secuelas del paro en nuestro país podría ponerse en marcha un programa de food-stamps (bonos, cartillas, cupones para bienes de primera necesidad) cuya incidencia sobre la inflación sería muy escasa o nula.¿A cuántos y a cuánto ascendería hoy un programa nacional de food-stamps? Si suponemos, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales a mano, que el número de personas en España en edad de trabajar no cubiertas por el seguro de desempleo se eleva aproximadamente a 500.000, será preferentemente este colectivo al que prioritariamente se deba proteger mediante el programa de bonos-alimentos. De las 500.000 personas en paro y sin seguro de desempleo, no debemos olvidar que muchas de ellas se encuentran insertas dentro de una estructura familiar que sí tiene ingresos monetarios; es más, es muy posible que se dé la paradoja de que en situaciones de crisis agudas como la presente, una mayor aversión al riesgo por parte del individuo le retenga en la estructura familiar e incluso, caso de tener trabajo, posibilite el que la familia posea mayores ingresos, aunque éstos se den en épocas de mayores desempleos; otros, en fin, tienen acceso a trabajos temporales y/o pueden obtener beneficio de las acciones de empleo comunitario que se llevan a cabo en el campo.

Está claro que sólo podríamos obtener una cifra aproximada a la realidad mediante un escrutinio entre el colectivo social más desamparado; para nuestro propósito avanzaremos una estimación entre ochenta y 100.000 personas, es decir, una de cada cinco-seis de las 500.000 que en la España de hoy se encuentran más desprotegidas por la sociedad.

¿Cuánto percibirá cada uno? Dado su ámbito restringido exclusivamente a los bienes alimenticios primarios (leche, pan, judías, pescado, harina, aceite, etcétera), los bonos-alimentación no pueden equipararse, en cuanto a su cuantía por individuo, a los niveles que alcanza el existente salario mínimo interprofesional (20.600 pesetas al mes en la actualidad). Este debe cubrir todas las necesidades (¿a nivel de subsistencia?) del trabajador y de todos aquellos que estén bajo su tutela; aquél, por el contrario, pretende estrictamente compensar socialmente al individuo con aquellos bienes indispensables para su manutención física (renovación de su energía). Sin embargo, y a pesar de las diferencias existentes entre uno y otro, el salario mínimo sí nos puede servir como referencia metodológica para intentar cuantificar el valor del bono-alimentación a otorgar a cada individuo; claro que para ello tendremos que «depurar» su componente alimenticio. ¿Cómo hacerlo?

Podemos fijarnos en el peso relativo que tiene el capítulo de alimentación, bebidas y tabaco en los índices de precios al consumo elaborados por el INE. Dicho capítulo alcanza en la actualidad un 40,52% del índice del conjunto nacional. Si dicho 40% lo aplicamos al salario mínimo obtendremos el componente monetario dedicado exclusivamente a alimentación. Un paso más y nuevamente «depuramos» este 40% de valor dado a la cesta de la compra, en función de que, evidentemente: 1. No todo es alimentación; también se incluyen bebidas y tabaco, y 2. Algunos de estos productos están «diferenciados» (con o sin diferencias de calidad), con lo que podemos reducir en un 10% más el peso específico del capítulo alimentación del IPC. El resultado final alcanzará a un 30% del salario mínimo, cuantía individual necesaria por individuo para su mantenimiento físico.

Ahora ya el cálculo es sencillo. Las 80.000- 100.000 personas con derecho potencial deberán obtener en bienes (bonos-alimentación) un montante que en valor equivalente al 30% de las 20.600 pesetas en que se sitúa hoy el salario mínimo interprofesional, es decir, aproximadamente, 6.000 pesetas por persona y mes.

Según las cifras expuestas, la estimación del coste de un programa de bonos-alimentos gratuitos extensivo a 80.000 personas se elevaría a 480 millones de pesetas mensuales, que serían 5.760 millones de pesetas por año y a 7.200 millones de pesetas de elegir la hipótesis de 100.000 personas.

La cuantía, no importante para un nivel de riqueza y de PNB como el español, pero sí significativa, quizá aconsejaría elegir el camino de transacciones en especie; sobre todo teniendo en cuenta el alto volumen alcanzado en España de los mecanismos de apoyo y/o regulación de stocks. Piénsese que, según la memoria del año 1978 del FORPPA, sólo en pérdidas técnicas (mermas, transporte, almacenamiento, etcétera) ese organismo perdió 2.268 millones de pesetas, es decir, casi el 50% de la ayuda que proponemos para el programa.

Un programa de bonos-alimentos quizá deba mantenerse estructuralmente, pero sin lugar a dudas debe darse en épocas de crisis, donde un deficiente sistema de seguridad social corre el riesgo de que la lucha por la subsistencia, de tan larga tradición en la civilización occidental, nos retrotraiga al pasado. Un pasado como el español donde el hambre se encuentra, a la vez, tan lejos y tan cerca.

La primera parte de este trabajo se publicó en la edición de EL PAÍS del pasado día 14.

Javier Alfonso Gil es profesor en el Departamento de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.

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