Aprobada la ley sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la República

El Pleno del Congreso aprobó ayer por 281 votos favorables, cinco en contra y cinco abstenciones, el proyecto sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana. En su redacción inicial el proyecto, que había sido presentado por el Grupo parlamentario Comunista, se denominaba de pensiones a mutilados del Ejército de la República.

La votación se efectuó sin debate previo, y la comisión correspondiente había dictaminado ayer mismo por la tarde algunas modificaciones al proyecto. El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, intervino para destacar el asentimiento general de la Cámara y el hecho de que este sistema de pensiones impone el cierre de importantes heridas de la guerra civil.Recordó el ministro que las viudas y huérfanos del bando republicano contaban con ayudas desude finales de 1979 y destacó que en el año actual aquel proyecto supondrá para la Hacienda un desembolso aproximado de 15.000 millones de pesetas, y el que ayer se aprobó, entre 6.000 y 7.000 millones de pesetas, pero, como el primero de ellos recoge atrasos de varios años, en 1980 la Hacienda tendrá que desembolsar 45.000 millones de pesetas, y en 1981, 51.000 millones, que suponen incrementos de gastos no presupuestados.

García Añoveros insistió en que el esfuerzo para sufragar estos gastos hay que hacerlo entre todos y que, el Estado tiene el deber de afrontar la satisfacción de estas pensiones, pero contando con la solidaridad de los ciudadanos, cuando se arbitren las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aprobado en la Cámara.

Emérito Bono, diputado comunista, intervino en el turno de explicación de voto para recordar que el proyecto era consecuencia de una proposición de ley del Grupo Comunista, que gozó desde el comienzo del apoyo de todos y admitió que tal y como ha sido aprobado satisface las aspiraciones de quienes esperaban una reparación a una injusticia histórica.

Jose Miguel Bravo de Laguna, en nombre de UCD, señaló que era necesario cerrar el capítulo de la guerra civil, sin producir nuevas heridas ni herir susceptibilidades, y recordó que no era este el único esfuerzo en favor de los damnificados del bando republicano durante la guerra civil, e incluso que algunos diputados del actual Parlamento democrático, como Jesús Esperabé y Gabriel Cisneros, ya habían planteado estas cuestiones «en épocas más duras», refiriéndose sin duda a la etapa de ambos como procuradores en las Cortes del régimen anterior.

También Emilio Pérez Ruiz, por los andalucistas, y Julio Busquets, en nombre de Socialistas de Cataluña, explicaron su voto y mostraron la satisfacción que les suponía la aprobación de este texto.

El Pleno concluyó con la votación, sin debate, de un proyecto por el que se suprime el Alto Estado Mayor, cuyas funciones ya habían sido transferidas por decreto a la Junta de Jefes de Estado Mayor. La votación contó con una respuesta negativa y tres abstenciones, frente a 279 votos afirmativos.

Con anterioridad, se aprobó el proyecto de ley que regula el procedimiento económico-administrativo. Varias enmiendas de los socialistas, en su mayoría de carácter técnico, fueron rechazadas.

El ministro de Sanidad y Seguridad Social, Juan Rovira Tarazona, presentó a la Cámara un proyecto sobre Inspección y Recaudación de la Seguridad Social, en el que destacó la importancia política y técnica. Se rechazaron varias enmiendas socialistas, así como otras de la Minoría Catalana, que pretendían en el artículo 9 y en una disposición final regular los problemas autonómicos de la ley. En cambio prosperó una iniciativa de Minoría Catalana, que añadió un artículo 18 a la ley, en el que se establece, por una redacción transaccional que ofreció UCD y que fija que las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones o conceptos similares, se integrarán en su totalidad en el presupuesto de ingresos.