Diez años de violencia política en Argentina

La encuesta que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y que se prolongará hasta el próximo día 20 de septiembre ha señalado la existencia de una violencia política que desde hace diez años ha producido miles de víctimas. Los problemas que están siendo estudiados por la Comisión se enmarcan en un ámbito global de violencia cuyo origen fue el asesinato, el 30 de marzo de 1969, del secretario general de la entonces todopoderosa Unión Obrera Metalúrgica, cuyo líder, el sindicalista Augusto Timoteo Vandor, fue asesinado coincidentemente a su propósito de separar al movimiento sindical argentino de los caminos del peronismo. Su muerte se imputó a un grupo de jóvenes montoneros, sin que en ningún momento estas vinculaciones quedaran probadas.Un año más tarde, el 29 de mayo de 1970, los Montoneros entraron en la lucha política armada y secuestraron al ex presidente Eugenio Arambusu, uno de los principales responsables de la caída de Juan Domingo Perón. Aramburu sería ejecutado después de un juicio popular. A partir de esta fecha los Montoneros multiplicaron los asesinatos de sindicalistas, dirigentes empresariales, policías, militares o políticos de derecha, considerados por ellos como traidores, explotadores, torturadores o agentes, del imperialismo.

Paralelamente, otro movimiento guerrillero, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fruto de una escisión del Partido Revolucionario del Pueblo, de cariz trotskista inspirado, en tesis guevaristas, se lanzaba en una operación de guerrilla contra objetivos militares.

Al final de 1972, poco antes del regreso del peronismo al poder, los dos principales grupos guerrilleros elaboraron una estrategia común -pese a conservar sus diferencias ideológicas- contra el Gobierno militar del general Alejandro Lanusse. Después del intermedio presidencial de Héctor Cámpora, desde el 25 de mayo al 13 de julio de 1973, marcado por una ley de amnistía que disgustó a los militares, y los primeros meses del Gobierno de Juan Domingo Perón, la tensión no dejó de crecer entre el viejo político y la extrema izquierda de su movimiento, abandonado por los Montoneros en mayo de 1974. Dos meses después de la muerte de Juan Domingo Perón, los Montoneros pasaron a la clandestinidad y a la guerrilla urbana, mientras que el ERP intentaba implantar en la provincia de Tucumán, a 1.415 kilómetros de Buenos Aires, un foco de guerrilla rural.

Frente a esta violencia política de extrema izquierda aparece en 1974 una misteriosa Alianza Anticomunista Argentina, que pronto adquiriría una reputación siniestra. Simultáneamente, la proliferación de grupos armados que circulaban ostensiblemente por Buenos Aires daba a la capital argentina un parecido sorprendente con el Chicago de los años de la prohibición. Por cien dólares era posible contratar diariamente a tres guardaespaldas con armas automáticas y vehículo.

La población, incapaz de distinguir entre las diferentes fuerzas en liza, desconfiaba de todo y extremaba su prudencia al paso de vehículos de la brigada antibombas, que se convertía en una atracción suplementaria de las calles de Buenos Aires. Las muertes, que de 1969 a 1972 habían sido 69, pasaron a 180 en 1974 y a 894 en 1975.

Este rápido aumento del número de muertes se incrementó todavía más en 1976, tras la toma del poder por los militares, que acentuaron la lucha antiguerrillera, y alcanzó la cifra de 1.419 muertes. Pero mientras el número de muertes decrecía en 1977 a 663 y a 42 en 1978, la cifra de desaparecidos no cesaba de crecer. Hoy, las asociaciones de derechos humanos poseen una lista de más de 6.000 casos de desapariciones registradas, y estiman su número real en más de 10.000 personas. Después de haber justificado la existencia de grupos paralelos como los anticuerpos de una sociedad sana de cara a una agresión terrorista, el Gobierno,que niega la existencia de los desaparecidos, justifica la de muertes no registradas y eventuales excesos por el lado sucio de la guerra que ha debido emprender.

Sin embargo, para las asociaciones de derechos humanos se trata de la organización de un terrorismo de Estado en respuesta a la de los grupos de extrema izquierda. Ellos vinculan directamente al Gobierno militar como responsable de la mayoría de las desapariciones.