Los precios crecieron en el primer semestre ocho décimas más de las previstas
El incremento del índice de precios al consumo durante el pasado mes de junio, evaluado provisionalmente en un 0,9% por el Instituto Nacional de Estadística, sitúa el incremento acumulado durante el primer semestre del presente año en un 7,3%, ocho décimas por encima del previsto en el decreto-ley de control de salarios, sobre el que, a su vez, basó el Gobierno la formulación de su política económica para el presente año de 1979. Este aumento es inferior al de años precedentes en el mismo período. En el primer semestre de 1978 se registró un aumento del 8% y en 1977 fue del 13,3%.
El aumento registrado en el índice de precios que oficialmente estima el Gobierno supone la transgresión de las previsiones gubernamentales y, por tanto, la previsible aplicación de la cláusula de salvaguardia fijada en el decreto-ley de diciembre del pasado año. En dicha norma, el Gobierno fijaba en el 6,5% el incremento máximo de los precios al consumo durante los seis primeros meses del presente año y se comprometía «moralmente» a dictar las normas oportunas para la revisión de los aumentos salariales limitados al 13 % en el caso de que dicho porcentaje quedara rebasado, como ha ocurrido.
Revisión de salarios
A pesar de la evidencia con que se esperaba desde hace algo más de un mes que el tope del 6,5% quedara rebasado, el Gobierno no ha querido formular ninguna declaración o avance de su postura respecto a una revisión de las alzas salariales fijadas en los convenios negociados a principios del presente año. Según reiteradas manifestaciones oficiales, dicha declaración debía producirse inmediatamente después de conocerse la cifra relativa al aumento experimentado en el mes de junio por los precios al consumo. Ello hace prever, por tanto, que el Gobierno comparezca públicamente en los próximos días a explicar su postura, precisamente cuando las mismas fuentes oficiales anuncian la remisión a las Cortes de un programa económico a medio plazo; que sustituya al formulado en diciembre pasado, en torno al decreto-ley de control de rentas y salarios. Al mismo tiempo, o quizá con carácter prioritario, el Gobierno pretende lanzar un programa de austeridad en el gasto público que permita reducir en unos 100.000 millones el déficit público para este año, que se estima puede superar los 400.000 millones en cuanto a gestión y los 500.000 en términos monetarios.
Aunque el Gobierno no ha desvelado cómo va a aplicar la cláusula de salvaguardia a los convenios colectivos, de las últimas declaraciones del vicepresidente Abril se deduce que tratará de imponer el criterio de descontar de la tasa de inflación lo que corresponda directamente a la elevación de,los precios energéticos aplicada recientemente para asimilar la subida de los costes del petróleo.
Reflexión sobre precios
La recomendación que el Gobierno formulará, casi con toda probabilidad, será que los convenios cuyos salarios no superaron el 13 % a lo largo de 1979 revisen las percepciones de los empleados en punto y medio o dos puntos, con objeto de mantener el poder adquisitivo, sin contar energía. Esta elevación, a aplicar desde julio, supondría que la elevación real de los salarios medios del año se situará en torno al 14%, cifra que sería unos dos puntos inferior a la elevación real del índice de precios al consumo. Esos dos puntos son los que se estima que aportará al índice la elevación del precio del petróleo.
Frente a esta posición, las centrales defenderán elevaciones más sustanciales que permitan garantizar la capacidad adquisitiva. Es de esperar que esta misma semana el señor Abril convoque a las fuerzas sociales para reflexionar sobre los precios antes de que el Gobierno adopte una decisión acerca de la cláusula de salvaguardia. Según evolucionen las reflexiones, el Gobierno adoptará una u otra decisión.
