_
_
_
_

UCD intenta equiparar los órganos forales de Navarra con las comunidades autónomas

La Comisión Constitucional del Congreso concluyó ayer el estudio del proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional en medio de un ambiente de crispación, que no corresponde al tono general de la sesión, a lo largo de la cual se dictaminaron los últimos 74 artículos del proyecto, la mayoría por unanimidad, como consecuencia del gran número de enmiendas aceptadas. La tensión estuvo provocada por el intento centrista de equiparar a los actuales órganos forales de Navarra con las comunidades autónomas, a efectos de la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

Para ello, el grupo centrista intentó que se sometiera a votación una enmienda in voce de carácter transaccional a una propuesta de tres diputados centristas navarros -Javier Moscoso, Pedro Pegenaute y José María Sanjuán- rechazada en su día por la ponencia, con el acuerdo centrista. En el fondo, a través de la nueva enmienda, UCD resucitaba el tema navarro, si bien con una redacción más presentable políticamente, que la de los centristas navarros, quienes proponían que «a todos los efectos previstos en esta ley orgánica del Tribunal Constitucional, los territorios históricos de foralidad vigente serán equiparados a las comunidades autónomas».La nueva enmienda pretendía, en cambio, lo siguiente: «En el caso de Navarra, y salvo que, de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la Constitución, decidiese su incorporación al Consejo General Vasco, o al régimen autonómico vasco que lo sustituya, la legitimación que esta ley confiere a las comunidades autónomas en los casos referidos en el número dos del artículo 162 de la Constitución, se entenderá conferida a la Diputación y al Parlamento Foral de Navarra.» El socialista Gregorio Peces Barba se opuso tajantemente a la tramitación de esta enmienda, y se suscitó un debate procedimental sobre la procedencia reglamentaria de la propuesta centrista. Manuel Fraga apoyó a UCD y pidió flexibilidad a los socialistas.

El conflicto reglamentario planteado se trasladó a la mesa de la Comisión. En un primer momento, se declaró que existía empate, en función de la presencia próxima de Emilio Attard, presidente de la Comisión, en otra sala, dirigiendo los debates de la ponencia que estudia el Estatuto vasco. Los socialistas se opusieron a esta ubicuidad del señor Attard, y, por mayoría (Luis Vega Escandón, de UCD, frente a los socialistas Vicente Sotillo y José Vida), la Mesa resolvió no aceptar a trámite la enmienda transaccional, sin perjuicio de que el grupo centrista pudiera presentarla ante el Pleno del Congreso, por si la Mesa de Cámara la estimara procedente.

Esta decisión culminó una larga serie de reticencias entre los señores Alzaga y Peces Barba y provocó la petición del primero de ellos de que fuera sometida a votación la enmienda inicial de los diputados centristas navarros. Así se hizo y la Comisión aprobó, con 18 votos favorables, 14 en contra y ninguna abstención, el texto de la enmienda ya mencionada. El señor Alzaga, explicó el voto centrista manifestando que había tenido que aprobar un texto por estar atado de manos para dar su asentimiento al otro, que estimaba mejor y que la Mesa no le había permitido tramitar. Pidió que constara en acta todo el debate que había precedido a la decisión y se reservó el derecho a sostener la enmienda in voce.

La extensa aprobación de artículos en que se convirtió la sesión de ayer, con escasos debates produjo, sin embargo, una novedad respecto a la primera ley de desarrollo de la Constitución estudiada por el Congreso. A propósito del mantenimiento por el grupo centrista del control previo de inconstitucionalidad y de los conflictos constitucionales de atribuciones entre distintos órganos constitucionales, sin excluir a las propias cámaras parlamentarias, el socialista Gregorio Peces Barba anunció el propósito de su grupo de estrenar el Tribunal Constitucional sometiéndole la constitucionalidad de la propia ley que lo regula. El señor Peces Barba manifestó que con ello se mostraba la postura socialista de acatamiento a las instituciones.

La Comisión rechazó un título nuevo propuesto por el diputado centrista Miguel Herrero, para regular el control por parte del Tribunal Constitucional, de la constitucionalidad de los partidos políticos. Entre otros puntos, el texto rechazado preveía la posibilidad de interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de un número de afiliados al partido que supusiera el 10% del total de los mismos. Sólo Manuel Fraga apoyó la propuesta del señor Herrero.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_