Economía: máxima ansiedad y mínima respuesta
LA ECONOMÍA española termina el año 78 en una situación de máxima ansiedad. Empresarios, trabajadores y ahorradores apenas tienen dato alguno al que agarrarse para programar sus decisiones futuras. Un vacío de incertidumbre económica y política inquieta hoy, con fundamento, a todos los intérpretes del proceso económico.Lo que la economía pedía para realizar un año 1979 económicamente aceptable, no se lo ha dado -por ahora- la política. Esas necesidades de la economía española se concretaban en tres puntos: tiempo, algún tipo de acuerdo de las fuerzas sociales y políticas en un programa, y concreción en proyectos de las medidas de éste para que no se quedara en buenas, genéricas e inoperantes palabras.
La salida de la crisis económica reclama en España, en opinión casi unánime de sus intérpretes, tiempo. Disponer de un horizonte dilatado que supere el corto plazo de un año para aplicarse en él a resolver sus dificultades y sus profundos y comprometidos problemas: el paro; la -reestructuración de los sectores productivos de la industria afectados clara e irreversiblemente por la crisis; la reforma del sistema económico para afianzar en él la competencia y corregir los defectos de organización, presupuestación y gasto del sector público; la preparación anticipada de la integración de nuestra economía en Europa, cuyo calendario de negociación ha empezado a correr sin que se disponga aún de programas que ayuden a la transformación de empresas y sectores que se verán afectados por la entrada en la CEE. Todos estos problemas, de cuya solución depende el futuro de la economía española, piden tiempo para ser resueltos.
Por otro lado, la intensidad del esfuerzo reclamado para resolver esos problemas y la situación política del país, hacían necesario algún pacto para resolver esos problemas con garantía de eficacia y acierto.
Finalmente, un programa que trate de eliminar incertidumbres de cara al futuro tiene que concretarse en una serie de proyectos sobre puntos claves: programas de inversión pública que nos digan qué sectores y con qué garantías permiten crear puestos de trabajo; programas de construcción de viviendas que ofrezcan el aval suficiente para confiar que van a ser ejecutados por el sector público y privado en plazos convenidos; programas de reforma económica, en fin, que materialicen las líneas generales definidas de política económica.
Ninguna de estas tres necesidades se ha satisfecho. El tiempo político ha reducido el tiempo económico de tal manera que nuestra economía no dispone hoy del período mínimo que sería necesario para desarrollar las actuaciones que la superación de la crisis requiere. Los pactos no se han firmado sin que de la ausencia de esta firma se haya ofrecido por el vicepresidente, señor Abril, hasta el momento, una explicación convincente. La concreción de la política económica en distintos proyectos bien articulados tampoco se ha realizado.
Todo ello justifica que las preocupaciones ante el futuro año económico 1979 sean fundadas. El estado de máxima ansiedad de la economía española no es una imagen exagerada. Se manifiesta en el simple diálogo con sus protagonistas.
Para remediar esta incertidumbre, el Gobierno acaba de presentar -agotados todos los plazos- las líneas generales de su política económica en el próximo ejercicio. Creemos que no bastarán estas líneas básicas a los intérpretes del proceso económico para eliminar sus inquietudes y vacilaciones. Un atento repaso a los aspectos fundamentales del programa, tal y como el señor Abril los ha presentado, suscita más preguntas que las que antes ya se proponían: ¿Cómo aceptarán los trabajadores y empresarios las recomendaciones en los aspectos fundamentales de moderación de las rentas salariales y de disciplina en los precios? ¿En qué medida estarán disponibles y aprobados los presupuestos que condicionan la poderosa palanca de las inversiones públicas sobre la que descansa el logro de tantos objetivos? ¿Qué capacidad efectiva de inversión tendrá en 1979 una Administración pública que ha dado signos claros de parálisis y de falta de realizaciones en sus cifras presupuestarias de inversiones disponibles en el año actual? ¿Qué acciones concretas están previstas en la construcción de viviendas y con qué financiaciones y compromisos de promotores privados se cuenta? ¿Cuál es el calendario de las reformas aludidas del sistema financiero que han de permitir ese funcionamiento más fluido que se propugna en los mecanismos bursátiles?
Respecto a las actuaciones previstas en política de empleo, son escasamente convincentes, dado el grado de generalidad con que al menos por el momento han sido planteadas y descritas.
Estos problemas y muchos más que podrían ahora sacarse a la luz palidecen sin embargo al lado de la pregunta fundamental -quizá la pregunta que está en el fondo de la falta de pactos en 1978-: ¿Cuál será el calendario político del próximo año? Sin responder a esta gran interrogante del momento, ninguna decisión económica será factible, porque esa pregunta condiciona en definitiva la validez que debe atribuirse a la política económica anunciada. Mientras el calendario siga siendo un secreto, la economía continuará en su estado de máxima ansiedad actual.
