La propuesta socialista

Primer secretario del PSOE

Los socialistas hemos dicho públicamente que queremos que se celebren elecciones generales tras la aprobación de la Constitución. El Gobierno ha manifestado que las convocará o no en función de que, según su criterio, éstas interesen al país y al propio partido del Gobierno.

La aprobación de una nueva disposición transitoria en el texto de la Constitución coloca las referidas posiciones ante un inexcusable dilema. El Gobierno tiene treinta días para decidir si pasa por el voto de investidura o si pone en marcha el mecanismo de disolución de las Cortes para convocar nuevas elecciones generales. Se ha despejado, pues, una incógnita de gran importancia. La legitimidad de estas Cámaras y del propio Gobierno se fundamenta exclusivamente en el propio texto de la Constitución y en modo alguno en la ley para la Reforma Política.

Si el Gobierno opta por someterse al voto de investidura habrá de obtener la mayoría absoluta, en la primera votación o la mayoría simple en la segunda. Esto es tanto como decir que habrá de definir cuál será su política de alianzas para obtener la mayoría absoluta de la que no dispone, o bien dejar claro ante el país que está dispuesto a gobernar en minoría.

Si el Gobierno decide la disolución de las Cámaras, lógicamente al mismo tiempo que lo deciden otras fuerzas políticas, las elecciones generales se producirán rápidamente, lo cual coincide con la propuesta públicamente expresada por los socialistas.

Si el Gobierno decide en estos treinta días pasar por el voto de investidura se encontrará nuevamente ante el dilema de seguir gobernando solo, es decir, en minoría o con los grupos que quieran apoyarlo, o bien tendrá la posibilidad de convocar elecciones generales tras haber obtenido aquella investidura.

En definitiva, la pregunta de si habrá, o no elecciones generales seguirá en pie, aunque por fin hemos clarificado algo extraordinariamente importante: que tras la Constitución no habrá Gobierno posible que no pase necesariamente por las exigencias que el texto constitucional plantea. Es decir. la legitimidad de cualquier Gobierno, a partir de la aprobación de la Constitución, es una legitimidad nueva y democrática, lo que significa en términos políticos, la ruptura definitiva sobre el pasado, aunque ella haya sido obtenida a través del procedimiento de la reforma

Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse por qué los socialistas quieren elecciones generales. por qué otros partidos, entre ellos el del Gobierno, parecen no quererlas, o, en otros términos, tienen derecho a preguntarse, ¿quién teme a las elecciones generales?

Esta gran interrogante me da pie para contar una anécdota y para hacer una cordial invitación. El pasado 15 de octubre, finalizados los trabajos del comité federal de nuestro partido, mantuve una entrevista brevísima en Televisión Española que fue «cortada» precisamente cuando trataba de responder a esta cuestión. Se adujeron razones «técnicas» y no políticas, porque un espacio informativo no podía rebasar los límites de los escasos minutos que me concedieron hasta ese increíble «corte».

Debo confesar que mi sorpresa, y creo que la de muchos conciudadanos, cuando presencié ante la pequeña pantalla la amputación de mi breve intervención, se convirtió en un sentimiento de repugnancia cuando, varios días después, hube de soportar, como millones de españoles, el empleo de espacios informativos cincuenta veces superiores para dar a conocer los resultados o las incidencias del congreso del partido del Gobierno. Si mi memoria no falla, nunca las razones «siempre técnicas» de Televisión Española habían dedicado tantas horas en un informativo a glosar las actividades de Franco.

Como los problemas políticos del país implícitos en el dilema de convocar o no elecciones generales son a la vez problemas que afectan a nuestra vida económica y al período de grandes dificultades y esperanzas que hemos de encarar en los próximos años, me atrevo a formular una cordial invitación al presidente de la Unión de Centro Democrático, don Adolfo Suárez, para que comparta en TVE un diálogo conmigo, como responsable máximo del Partido Socialista. Pero para no abusar ni del tiempo en televisión, ni del de don Adolfo Suárez, sugiero que el espacio no sobrepase el tiempo que empleó éste en el informativo del sábado noche de la pasada semana.

Creo honestamente que prestaríamos un gran servicio a nuestro país aclarando a los ciudadanos cuáles son las posiciones contrastadas de las dos fuerzas políticas que cubren la gran mayoría de la representación de nuestro pueblo.

Pero al margen de anécdotas y de invitaciones, que pueden no ser atendidas, los socialistas, al pedir las elecciones generales, ofrecemos una buena cantidad de razones que creemos que avalan la justeza de nuestra posición.

Antes de ofrecerlas, debo aclarar que nuestra actitud ha sido siempre, y es ahora, la de que ningún acontecimiento político de los dos últimos años ni tampoco la necesidad de las elecciones generales han podido justificar, ni puede hacerlo hoy, el retraso de las elecciones locales. Cada día resulta más intolerable la supervivencia de municipios no representativos democráticamente. Por ello, o bien antes que la confrontación electoral general, o al mismo tiempo que ésta, deben inexcusablemente celebrarse elecciones municipales. La propia disposición transitoria, añadida al texto de la Constitución exige esta convocatoria en el tiempo previsto. Las elecciones generales son para nosotros un deber de coherencia con la actitud que mantuvimos durante la campaña electoral del 15 de junio, manifestando que tras las Cortes Constituyentes, y precisamente por serlo, pediríamos su disolución y una nueva convocatoria electoral.

Pero por encima de esta coherencia con nuestra oferta electoral, que como socialistas estamos obligados a mantener aunque otros que hicieron entonces lo mismo pretendan olvidarse de ello, existen otras y poderosas razones.

La permanencia del actual Gabinete sólo es concebible como Gobierno minoritario o como Gobierno que se apoye en otros partidos cuya incondicionalidad está plenamente probada, pese a que a muchos sectores pueda parecer contra natura. Esta situación es justamente la contraria a la que demanda la lógica política y los grandes problemas que el afianzamiento de la democracia van a plantear al poder.

Que España necesita un Gobierno fuerte, que salga de esta política de provisionalidad basada en el consenso, es casi hoy un lugar común. El desarrollo de medio centenar de leyes constitucionales, la puesta en marcha de los procesos autonómicos, la modernización del aparato del Estado con criterios de democracia y de eficacia, la definición de una política internacional, firme y realista, y sobre todo la lucha contra una crisis económica. Con las reformas estructurales que la misma exija, para vencer esa tremenda lacra social que pone en peligro constantemente la credibilidad de nuestros esfuerzos que constituye el paro, exigen un Gobierno de amplia base parlamentaria. que probablemente, si ningún partido la consigue, forzar á a entendimientos entre los más responsables. Por si este cuadro fuera insuficiente, nuestro país se ve amenazado por la violencia terrorista que combatiría con mayor eficacia y con gran refuerzo moral un Gobierno de sólida mayoría.

No obstante, sería incomprensible para muchos que además de estas poderosas razones no tuviéramos otras que nacen de nuestra visión de la sociedad como un partido democrático y progresista: es decir, como un partido de izquierdas. Con sinceridad creo que el Partido Socialista tiene legítimo derecho a aspirar a un protagonismo claro en esa gran tarea que acabo de describir en un breve esbozo programático.

Sabemos que la sociedad no consiente saltos en el vacío, pero estamos convencidos que manteniendo la situación actual, podríamos estar tocando un techo mezquino e insuficiente que es necesario superar.

El sesgo de esa marcha democrática que nos espera, su contenido mismo, se verá afectado por un hecho trascendental: ¿quién va a protagonizar el proceso? Esto sólo el pueblo tiene derecho a decidirlo.