Las mujeres denuncian la violación del principio de igualdad en el anteproyecto constitucional
Las mujeres deben unirse en una organización de masas, independiente, autónoma y en la que tengan cabida todo tipo de mujeres. El objetivo general de la organización es conseguir un marco jurídico que suponga el más amplio reconocimiento de los derechos de la mujer, un marco social que permita el ejercicio de tales derechos y la participación activa de aquélla en todos los terrenos.
Mientras se consiguen los objetivos generales, la organización feminista tendrá que establecer objetivos inmediatos, susceptibles de ser logrados sin que se produzcan sustanciales cambios en la situación política del país, según las conclusiones del primer congreso de la Federación de Organizaciones Feministas (FOF), celebrado en Madrid el pasado Fin de semana, con la asistencia de: unas quinientas delegadas. En el congreso, primero celebrado a nivel estatal, se eligió como presidenta de la FOF a Sacramento Martí.En el congreso se presentaron, entre otros, dos documentos: unas Bases para un proyecto democrático de ley de divorcio y otro sobre la postura de la Federación de Organizaciones Feministas ante el texto del anteproyecto de Constitución.
En el primero de ellos se pide que queden garantizados cuatro puntos: el reconocimiento del matrimonio civil como único válido, sin por ello obstaculizar la celebración de ceremonias religiosas acordes con las creencias de los cónyuges; la plena igualdad del hombre y la mujer ante la ley; la subsistencia digna a nivel material de cualquiera de los cónyuges divorciados y la salvaguarda y el respeto a los intereses de los hijos comunes.
Las feministas señalan que los cambios producidos en la realidad han de encontrar adecuada correlación en las leyes, por lo que el matrimonio ha de entenderse como una libre unión de voluntades cuyo fin es realizar una vida en común y no como una empresa jerarquizada. La concepción mínimamente democrática del matrimonio y la familia -añaden- implica la igualdad de la mujer con el hombre ante, la ley por lo que hay que hacer realidad los siguientes aspectos: patria potestad compartida, entendida como cuidado y tutela de los hijos y no como poder arbitrario sobre ellos; administración compartida de los bienes gananciales; igualdad ante la ley de todos los hijos, por lo que tienen que desaparecer las distintas filiaciones, y reconocimiento del derecho a investigar la paternidad.
Las feministas remarcan también «la hipocresía del espíritu de la legislación presente», que argumenta contra el divorcio porque es un factor de desintegración, cuando los tribunales eclesiásticos, con el pago de fuertes cantidades de dinero, conceden la separación y la nulidad.
Con respecto al anteproyecto constitucional, se señala que el principio de, igualdad de todas las personas ante la ley, recogido en el artículo 13, «se restringe e incluso se viola» en temas tan importantes como la familia, el matrimonio y el acceso a la Jefatura del Estado (artículo 3 1, 35 y 52). El artículo 3 1 -dicen las feministas-, referido a la institución matrimonial y, familiar, no hace ninguna aportación nueva ni garantiza la igualdad de los cónyuges en la familia y el matrimonio. « Muy al contrarío -añaden-, al no declarar el principio de igualdad en las relaciones familiares y remitirse, en todo caso, al Derecho Civil, no varía la situación hoy existente de discriminación por razón de sexo.»
Las feministas manifiestan estar defraudadas ante el proyecto constitucional porque no regula derechos fundamentales como decidir libremente los hijos que se desean tener, disolver el matrimonio por mutuo acuerdo a petición de cualquiera de los cónyuges, si hay causa justa, recibir educación no discriminatoria por razón de sexo e investigar la paternidad.
