Reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

El Consejo aprobó igualmente un real decreto mediante el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que en la práctica supone la fusión de los órganos equivalentes a los anteriores ministerios de Obras Públicas y Vivienda.La reestructuración supone la integración de las direcciones generales inversoras en la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo, así como la configuración de una Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Las direcciones generales de Arquitectura y Vivienda se refunden en una sola y se crean las de Ordenación y Acción Territorial y la de Medio Ambiente. Igualmente se crea un nuevo Consejo de Obras Públicas y Urbanismo.

El Consejo aprobó un real decreto que regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda y la extinguida Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. También se aprobó otro real decreto por el que se regula el funcionamiento de los órganos rectores de los puertos, juntas de puertos y estatutos de autonomía.

A propuesta del mismo Ministerio se aprobó el programa de inversiones públicas para la Tierra de Campos para el trienio 1978-1980. También se aprobaron dieciséis expedientes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por un valor aproximado de 2.300 millones de pesetas.

Estatuto de centros docentes no universitarios

El Gobierno acordó remitir a las Cortes el proyecto de ley por el que se regula el estatuto de centros docentes no universitarios. El proyecto del Gobierno contempla la necesidad de que las estructuras educativas respondan en todo momento a las exigencias del sistema social en el que están insertas. En él se distingue entre centros públicos y centros privados y el reconocimiento del principio de libertad para su creación a toda persona física, jurídica, pública o privada de nacionalidad española, de acuerdo con el contenido de las declaraciones y pactos internacionales suscritos por el Estado español. En el anteproyecto se establecen las competencias que en relación con los centros docentes tendrá la Administración del Estado y las que asumirán en su día las comunidades autónomas.

Igualmente, se aprobó un expediente por el que, en cumplimiento de los pactos de la Moncloa, se autoriza un gasto de casi 2.000 millones de pesetas, destinados a la contratación, mediante concurso público, de las obras de dieciséis centros de EGB y diecinueve de BUP.