La pérdida de los caladeros europeos supondrá diez mil millones a la pesca española
Entre 8.000 y 10.000 millones de pesetas estiman medios pesqueros vigueses que perderán las flotas de Galicia y País Vasco al abandonar las aguas comunitarias,«Podríamos recurrir al Tribunal de La Haya. con muchas posibilidades de que nos diera la razón, pero, ¿de qué serviría?», han declarado a EL PAIS. «Para cuando llegara la resolución, habríamos muerto de hambre los casi 5.000 pescadores gallegos que acudimos a los caladeros del Mercado Común y los armadores de esos barcos.»
Los armadores consideran mayoritariamente que la solución debe ser política: una presión del Gobierno de Madrid que eleve considerablemente el cupo de 124 licencias concedido a España.Histórica y legalmente los gallegos tienen sólidas razones para defender su permanencia en los mares europeos. Fueron de los primeros en descubrir el caladero del Grand Sole, en Irlanda, sin duda el más rico de Europa. Posteriormente, hace menos de quince años, Gran Bretaña e Irlanda firmaron un compromiso con España, para que nuestra flota pudiera permanecer en sus aguas al menos hasta 1986. El compromiso con Francia mediante un tratado de reciprocidad tiene semejante alcance.
«Si países civilizados no respetan leyes, ¿qué podemos esperar?», han manifestado directivos del grupo portuario de armadores de pesca de Vigo.
Galicia resultará afectada por los acuerdos de la CEE de manera semejante al País Vasco. De más de quinientos barcos que faenan en aguas comunitarias 240 son gallegos: 160 de La Coruña, que es el primer puerto español en recepción de pesca fresca y ochenta de Vigo, primer puerto pesquero de Europa, por la notable incidencia que aquí tienen las descargas de pesca congelada.
Entre 4.500 y 4.800 son los tripulantes de los bargos gallegos que en las próximas horas podrían recibir orden de abandonar el Grand Sole
«No estamos dispuestos -dicen algunos armadores- a que cada dos por tres nos capturen un barco y esto suponga para nosotros un grave quebranto económico. Hasta hace poco más de una semana confiábamos en que el problema tuviera una solución rápida, pero la detención repetida de pesqueros provoca una situación tensa que resulta insostenible. »
Por otro lado, parece que será muy difícil que la Administración preste la ayuda que necesita para superar la crisis. Una pérdida estimada en casi 10.000 millones de pesetas será difícilmente evitada. Esta pérdida, que coincide, además, con una situación caótica para la flota, que afecta tanto a los barcos de fresco como a los congeladores.
Las flotas vascas y gallega obtienen en Europa aproximadamente el 20 % de las capturas que se desembarcan en España. Las alternativas de otros caladeros no son válidas. La ICNAF, organismo internacional que controla diversas zonas pesqueras ha reducido en más de 150.000 toneladas los cupos en tres años, incluyendo el próximo. Se pierde buena parte de la captura de camarón de Groenlandia que se había conseguido hace poco tiempo. En Africa del Sur existe el riesgo de que la extensión de la soberanía marítima a doscientas millas reduzca también las 150.000 toneladas que todavía hoy se pescan en aquellos caladeros. Las negociaciones con países suramericanos muy poco estables políticamente ofrecen escasas garantías. En definitiva, que lo que se pierde en la CEE no se recuperará en otros mares, sino que será un sumando más en los números rojos de la flota pesquera española.
En medios pesqueros gallegos ha sorprendido la decisión comunitaria, no sólo por el compromiso existente por parte de algunos países, sino también porque científicos del Mercado Común, en negociaciones formales con expertos gallegos hablan llegado a la conclusión de que la riqueza de sus caladeros permitía mantener los niveles actuales de capturas sin riesgo de extinción. Una de dos: o deja de pescarse todo lo que se puede obtener de los caladeros europeos, ya que las flotas de la CEE no tienen capacidad para absorber esa riqueza, o los barcos españoles podrían ser sustituidos por la de otras banderas, que aprovecharían nuestra ausencia. Se trata pues de un problema esencialmente político al que la Administración española no ha sabido dar por ahora solución.
