Al consumidor no se le reconocen derechos para la defensa de sus intereses
«Una defensa efectiva de los consumidores exige el establecimiento de unos cauces procedimentales que permitan que lo derechos reconocidos en la ley puedan ser realmente ejercitados.» Esta es una de las cuatro conclusiones generales del recientemente celebrado simposio sobre la protección jurídica del consumidor.
Las conclusiones de carácter general comienzan con la definición del consumidor, apoyando la idea de que el consumidor no es sólo el particular que adquiere bienes o productos de mercado, sino también el usuario de servicios públicos. De ahíla necesidad de hacer estudios económicos que definan cuál ha de ser la situación de los consumidores en una economía de mercado y, por tanto, llegar a planteamientos jurídicos consecuentes. Es necesario, concluyen, replantear el enfoque de amplios sectores del derecho si se quiere tener verdaderamente en cuenta la defensa de los consumidores.Los consumidores -dice otra de las conclusiones del simposio organizado por el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Comercio- están especialmente desasistidos. No se les reconocen derechos suficientes para la defensa de los intereses; los pocos que se les reconocen se eliminan por la libertad de pactos, y no existen cauces procesales para hacer efectivos los pocos derechos que se les reconocen. La necesidad de esta protección viene, además, avalada por la que existe en la Comunidad Económica Europea, donde dará lugar a una serie de normas aplicables a todos los países miembros, entre los que, cabe esperar, estará España.
Las siete últimas conclusiones se refieren al ordenamiento jurídico. La primera aborda la inefectividad real de la ley de Prácticas Restrictivas de la Competencia, por lo que el consumidor no obtiene ningún beneficio que podía esperar de la inoperante ley.
Habría que implantar una ley que obligara a las empresas a una correcta actuación dentro del mercado, tanto de cara al consumidor como de cara a sus competidores. Es necesario legislar también sobre, condiciones de contratación, para evitar abusos; sobre las ventas a domicilio; sobre garantías de la compra; hacer la reforma de la ley de ventas a plazos, y pedir responsabilidad objetiva del porteador en todos los medios de transporte. Por último, dicen que la Administración debe garantizar la continuidad, regularidad, seguridad y calidad de las prestaciones de los servicios públicos y establecer los cauces de participación de los usuarios.
