La política económica es inaplazable
EN FUENTES económicas cercanas al Gobierno Suárez circulaban en las últimas horas versiones según las cuales lo «político» volvería a tener precedencia sobre lo «económico». De acuerdo con esas mismas fuentes, el nuevo Gobierno, que podría presentarse ante el Congreso en los primeros días de julio, concentraría sus esfuerzos en la reforma constitucional, confiando en que la mano invisible y el largo paréntesis veraniego mantuviesen la marcha de la economía hasta el Invierno, época, al parecer, más propicia para la adopción de medidas de «enfriamiento» de la coyuntura.La confirmación de esas versiones constituiría un grave error de partida en esta nueva etapa política que el país inicia ahora. Repetidas veces hemos denunciado desde estas páginas la equivocación que se comete al intentar separar las dos hojas de una misma tijera: política y economía. El resultado, medido en términos estrictamente económicos, no ha podido ser más negativo. En 1976 los precios han crecido más de cinco puntos, nuestras reservas internacionales descendieron, a pesar de una devaluación, en 950 millones de dólares, al tiempo que aumentaba el endeudamiento exterior en más de 2.000 millones de dólares: por otro lado, el modesto crecimiento de la actividad productiva no ha podido impedir que más de 75.000 personas engrosaran las filas del paro. Y quien objete que estos son datos del pasado no tiene sino repasar tanto la evolución de los precios como el empeoramiento de las expectativas empresariales durante los últimos meses para comprender la actitud de pesimismo, sobre la que reposa nuestro diagnóstico de la situación económica.
En este terreno, el presidente Suárez parece condenado a defraudar siempre a quienes esperan de él la atención que exige la gravedad de la situación. Cuando en el otoño último se adoptaron una serie de tímidas e incongruentes medidas, se afirmó que, una vez salvado el escollo del referéndum, el presidente del Gobierno centraría su atención en los asuntos económicos; no fue así. Conforme se acercaba la primavera floreció de nuevo la primacía de lo político, y lo económico quedó relegado hasta después de las elecciones. Se han celebrado éstas, los partidos políticos más importantes han hecho hincapié en lo delicado de la situación económica pero, de nuevo, parece que el primer Gobierno constitucional de la Monarquía tampoco dedicará su atención a los asuntos de la intendencia, acuciado, como.estará, por los temas políticos. La lista de prioridades, o de pretextos, según se mire, estaría ya elaborada: redacción de la nueva Constitución, reforma administrativa y elecciones municipales.
Pues bien, esta preterición de la economía tendrá enormes costes políticos para el Gobierno y para el país en general. Olvidándonos por el momento del ataque es peculativo que contra la peseta se puede desencadenar en cualquier momento, la continuación del ritmo de inflación y de déficit por cuenta corriente, Combinados con la falta de inversión y oportunidades de empleo, pueden sumir a la sociedad española en un clima caótico que haga muy difícil, incluso imposible, cualquier forma de diálogo entre los dos partidos mayoritarios, UCD y PSOE, para la solución de los problemas políticos que requiere el definitivo asentamiento de la democracia en España.
No es necesario creer ciegamente en que la historia es el mejor medio de interpretar el presente, para recordar con temor que uno de los factores decisivos en el fracaso de la II República española fue la crisis que sacudió a la economía entre 1932 y 1936. Para que la experiencia no se repita es preciso exigir, tanto a Gobierno como a Oposición, la atención que la situación económica requiere. En definitiva, no existe mejor antídoto contra la vuelta de una dictadura que la prosperidad de los ciudadanos.
