No frustrar una esperanza

CUANDO SE produjo la provocación terrorista de la última semana de enero, la prensa española publicó un editorial conjunto en demanda de serenidad y en apoyo del Gobierno, ante los intentos para desestabilizar la Monarquía. La crisis política creada tras la legalización del Partido Comunista de España parece ocasión para que los diarios que consideramos correcta la actuación del Gobierno, y realizada dentro de sus facultades, con estricto respeto a la legalidad y al mandato popular del referéndum, expresemos también unidos nuestra postura.Creemos que se debe denunciar el ataque de sectores antidemocráticos contra el Gobierno, legítimo de la Nación y contra el proceso político en curso. De un modo premeditado se ha querido provocar a los militares y crear un ambiente de peligro nacional.

Las Fuerzas Armadas no han secundado los objetivos de quienes intentaban instrumentalizarlas. Fieles a la Corona, defensoras del interés del Estado y no de una forma dictatorial de Gobierno, no han servido los intentos desestabilizadores. Pero conviene reflexionar sobre la declaración que el Consejo Superior del Ejército ha hecho pública.

Los Ejércitos españoles constituyen el brazo armado de nuestra sociedad, al servicio del Estado y de su Gobierno. El Ejército español lo forman los españoles, y tiene encomendadas tinas misiones establecidas en las leyes; entre ellas no está incluida la emisión de opiniones contingentes sobre las decisiones políticas de los Gobiernos de la Nación. En este punto, la Ley Orgánica del Estado es de meridiana claridad. El artículo 13 dice que «el Gobierno... es el órgano que determina la política nacional», y el artículo 37 atribuye a las Fuerzas Armadas, entre otras misiones sustanciales, «la defensa del orden institucional». Evidentemente, pieza esencial de ese orden institucional es el Gobierno, que sólo debe estar sujeto al juicio político de las Cortes, con sus leyes propias y de procedimiento.

En virtud de su noble vocación, los militares renuncian a la actividad política e incluso tiene n regulada severamente su participación en los partidos y en los medios de comunicación social. Es obvio que el militar, voluntariamente, abdica de una serie de derechos. Esto es en función de la responsabilidad que la sociedad delega en él como guardián último de la soberanía nacional, que reside en el pueblo.

Acaso por no plantear abiertamente el papel del Ejército en una Monarquía democrática se ha dado pábulo a provocadores que adulan a las Fuerzas Armadas cuando ven en precario sus privilegios. Queremos un Ejército modernizado, bien dotado y operativo. Pocos habrá, civiles o militares, que se opongan a esta aspiración. Pero el compromiso democratizador de la Corona y las aspiraciones del pueblo español de constituirse pacíficamente en una sociedad libre y soberana, no pueden ser malversados por grupos minoritarios que pretenden secuestrar valores y símbolos comunes y empujar a las Fuerzas Armadas al intervencionismo.

Lo que España tiene delante es lo que se votó en el referéndum: unas elecciones generales que den a todos los españoles la voz y el voto que como tales les corresponde. ¿Quién podría asumir la responsabilidad de frustar esta esperanza?

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