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El fin del franquismo

El proyecto de ley de Reforma Política representa una completa ruptura con el sistema legislativo del franquismo, bajo el cual los dos tercios de los miembros de las Cortes eran designados. El voto, de hecho, ha puesto de relieve la rápida desaparación de la potencialidad política de la extrema derecha, que estaba resuelta a acribillar el proyecto de ley con enmiendas clave o a reunir el apoyo suficiente para evitar su aprobación por la mayoría de dos tercios requerida.Sin embargo, es demasiado pronto para hablar de desmantelamiento de la obra de Franco. España está todavía gravada por incontables cargas procedentes del sistema autoritario de Gobierno del Caudillo. Siguen siendo ilegales los sindicatos y algunos partidos políticos; son normales los excesos de la policía y las detenciones arbitrarias. Sobre estas bases un amplio espectro de fuerzas agrupadas como Coordinación Democrática amenazan con el boicot al referéndum que se celebrará el mes próximo, y que es necesario para ratificar la reforma parlamentaria y asegurar las elecciones del próximo año.

Los líderes de Coordinación Democrática objetan correctamente que la vía española hacia la libertad debe ser planeada en conjunto con todas las fuerzas democráticas, y no concedida a regañadientes, paso a paso, por unas instituciones franquistas. Sin embargo, si el Gobierno sigue adelante con elecciones antes de junio -y la elección de una Cámara Baja por medio de representación proporcional modificada válida para las minorías- está claro que un boicot sería una enorme equivocación. Será ese Parlamento elegido el que redactará la constitución posfranquista.

Los franquistas intransigentes se concentrarán el sábado en la plaza de Oriente como señal de desafío a sus enemigos democráticos en el primer aniversario de la muerte del Generalísimo, pero la ceremonia tendrá probablemente el carácter de un «último hurra» en versión española, va que con toda probabilidad el fin del franquismo queda sellado en el primer artículo del proyecto de ley aprobado por las Cortes, el cual exige que la democracia en España esté basada en la supremacía de la ley y de la voluntad soberana del pueblo. 20 noviembre

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