Pasividad en Uruguay ante el nombramiento de nuevo presidente

Casi medio centenar de uruguayos, entre quienes se encuentran prominentes ciudadanos civiles y los principales jefes militares, habrán de designar en las próximas semanas al cuadragésimo primer presidente de la República.Marginado de las grandes decisiones desde 1973, el pueblo oriental tendrá que limitarse a contemplar y convalidar, con su aliento o su indiferencia, esta elección.

Resignado pues a que el comicio tenga lugar entre bambalinas, el uruguayo medio ha dado rienda suelta a su curiosidad e imaginación para descubrir o adivinar quién habrá de ser el conductor de la nación en los próximos cinco años.

Así, los «círculos informados» de Montevideo, sólo atinan a conjeturar en torno a las posibilidades de una decena de personalidades «presidenciales». (Ver nota aparte).

El nuevo mandatario, el tercero que ejercerá el poder este año, será nombrado antes del 12 de agosto por el Consejo de la Nación; órgano elector y de control, que, según se ha dicho, «se halla en la cúspide de la hueva estructura estatal».

Este Consejo de la Nación, creada, por un Acta institucional dictada por el poder ejecutivo tras el relevo del ex presidente Juan María Bordaberry, está formado por los 25 miembros civiles del Consejo de Estado y los 20 integrantes de la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas (13 por el Ejército, 4 por la Fuerza Aérea y 3 por la Armada).

El futuro jefe de Estado deberá contar con el apoyo de 2/3 o más del total de los consejeros de la nación. Pero se descuenta que su nombramiento se hará por unanimidad.

La constitución de este cuerpo elector (con facultades para proveer también vacantes en el Consejo de Estado, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, etcétera), al tiempo que ha dado forma y consolidado el rol decisivo de los militares en esta segunda etapa del «proceso revolucionario», parece marcar el inicio de un gradual retorno a la normalidad institucional.

Legitimidad cuestionada

Este «original» mecanismo elector ha reavivado las polémicas en torno a la legitimidad del Gobierno cívico-militar que ejerce el poder desde hace tres años.

Para muchos juristas el régimen uruguayo carece de toda legitimidad desde que ninguno de los órganos políticos del Estado reflejan hoy día la voluntad popular.

Recuerdan que el 27 dejunio de 1973 el ex presidente Bordaberry y las FFAA, en una acción no prevista por la carta fundamental del Estado, disolvieron el Parlamento electo veinte meses antes.

Tienen también presente que a fines de ese mismo año el poder ejecutivo creó un Consejo, de Estado, al que concedió facultades legislativas, designando además a sus 25 integrantes.

Al producirse el pasado 12 de junio el desplazamiento de Bordaberry de la primera magistratura, y su sustitución por el presidente del Consejo de Estado, Alberto Demichelli -sostienen-, el régimen perdió su única muestra de soberanía popular. Por tanto, coligen, al no estar avalada por una decisión popular, la próxima elección presidencial está, desde el punto de vista formal, viciada de nulidad.

Sin embargo, el doctor Aparicío Méndez -en ejercicio de la vicepresidencia de la República y actual presidente del Consejo de Estado y del Consejo de la Nación- ha esgrimido la teoría de la «legitimidad sustantiva» para avalar este «proceso revolucionario ».

Sostiene Aparicio Méndez que «el orden instituido el 27 de junio de 1973 -cuando Bordaberry y las FFAA dieron juntos el golpe de Estado- se generó por un estado "de necesidad» y «emergencia» debido al «desgarramiento» interno y la «conmoción social y política» que alteró «los fines institucionales».

«El uso de potestades constitucionales por el poder ejecutivo (al crear el Consejo de Estado y designar a sus miembros) sin legítimidad formal inicial, se legitimó material o sustantivamente por actos internos e internacionales de inequívoco valor», añade el jurista.

Esa «legitimidad sustantiva», aplicada desde 1973 -concluye el doctor Aparicio Méndez-, «ya es fuente de legitimidad formal».

Más allá de estas polémicas y construcciones jurídicas, bien alejadas de las preocupaciones populares diarias, los uruguayos asisten pasivamente a la elección de su presidente; un hombre que tendrá sobre sí la difícil tarea de reencauzar a la República por la senda de la democracia.