El Tribunal de Cuentas investiga las irregularidades en RTVE

Contratos injustificados con productoras privadas, pagos indebidos a los directivos, indemnizaciones abusivas y gastos de difícil justificación en las corresponsalías son algunas de las irregularidades que ha detectado el Tribunal de Cuentas en RTVE durante los años 2010 y 2011, etapa en la que la radio y la televisión pública estuvo al mando de Alberto Oliart (abandonó el cargo a mitad de 2011). Ahora, el organismo fiscalizador ha decidido abrir diligencias preliminares para determinar el alcance de estas anomalías, según avanzó ayer en el Congreso de los Diputados el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que aprovechó su comparecencia para dar un velado tirón de orejas al Gobierno por no haber aprobado el contrato-programa de RTVE.

El presidente del organismo de control fue desgranando las irregularidades detectadas durante los dos ejercicios fiscalizados. Así, por ejemplo, explicó que 26 directivos recibieron, cuando fueron cesados, indemnizaciones “muy superiores a las que les correspondían”. El informe detalla que uno de ellos percibió 143.243 euros, cuando en realidad le hubiera correspondido poco más de 13.000.

A la directora de Coordinación de Contenidos se le abonó 7.640 euros, si bien el Tribunal de Cuentas asegura que debería haber cobrado menos de la mitad. Otras deficiencias en la gestión hacen referencia a los contratos con las productoras privadas. Muchos de ellos, según el informe, son injustificados, porque la corporación tenía medios propios suficientes para realizar esos trabajos.

La contratación de personal tampoco se ha ajustado a las normas de la corporación. Al contrario. El presidente del Tribunal de Cuentas afirma que se han producido “importantes incumplimientos de la legislación vigente”. Los sueldos también son criticados. En algunos casos las retribuciones variables de directivos llegaron al 20% de su salario, pese a que apenas habían cumplido el 70% de los objetivos. En otros, Álvarez de Miranda ha explicado que se abonaban complementos “incompatibles” o dietas que no se ajustaban a la normativa.

El documento ilustra esta deficiencia con algunos ejemplos: para los programas La mañana de La 1 y + Gente (ya desaparecido) TVE contrató trabajadores por obra o eventuales que no estaban en el banco de datos de la cadena, una especie de bolsa de empleo prevista en el convenio colectivo. El Tribunal de Cuentas no ve “razonable” que se contratara a personas ajenas en un puesto para el que había 250 candidatos en ese banco de datos.

La política relacionada con la valoración y la compra de inmuebles es también muy cuestionada por el organismo que preside Álvarez de Miranda. RTVE tenía 57 inmuebles (por un valor de 411 millones de euros) que no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad. Además, el precio de los 306 edificios no se ajustaba al valor de mercado. En la tasación de 2012 se observaba una pérdida patrimonial de 361 millones de euros. El informe del Tribunal de Cuentas hacer referencia al centro de Salamanca, paradigma de mala gestión. La corporación estatal compró, en 2010, un edificio por el que pagó 952.000 euros. Estaba llamado a ser la nueva sede del centro territorial de RTVE en esa localidad, que hasta entonces se ubicaba en un inmueble cedido por la Diputación Provincial y que, aparentemente, se debía desalojar. Dos años después, el edificio comprado valía menos de la mitad (418.000) y seguía vacío.

Los contratos de adquisición de derechos de autor, especialmente a la SGAE, fueron asimismo denunciados por Álvarez de Miranda, que instó a la televisión pública a rentabilizar de mejor manera sus contenidos y poder obtener así mayores ingresos comerciales.

Los grupos parlamentarios coincidieron en reclamar el contrato-programa como una de las vías para mejorar la gestión. El hecho de que ni en la etapa del PSOE ni en la del PP se haya dado el visto bueno a este plan trienal —que debería fijar los objetivos de la corporación— ha impedido comprobar si la radio y la televisión cumple con la función de servicio público que le encomienda la ley. El contrato-programa contribuiría a mejorar aspectos relacionados con la financiación y la programación.

Para el portavoz de los socialistas, Juan Luis Gordo, los problemas financieros por los que atraviesa la corporación proceden no del modelo (parte de los ingresos corresponden a la tasa que pagan los operadores de telecomunicaciones y de televisión privada) sino del hachazo en un 50% de la subvención estatal que recibe RTVE de las arcas del Estado. También tiene otro lastre: el pago del IVA, que supone alrededor de 100 millones anuales.