El extesorero de CDC: “Llevo el Palau en el corazón. ¿Cómo creen que he colaborado en su saqueo?”

Daniel Osàcar, extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha aprovechado la última palabra del juicio por el caso Palau para lanzar un sermón exculpatorio. La fiscalía pide para él ocho años de cárcel por haber recibido comisiones ilegales destinadas al partido. El extesorero ha esgrimido su estrecha relación con la institución musical para negar los hechos. “El Palau ha sido para mí una referencia de musicalidad, cultura y catalanidad. De adolescente ya iba al Palau los domingos por la mañana, porque era más económico. Siempre lo he llevado en el corazón. ¿Cómo pueden considerar que he podido colaborar en su saqueo?”, se ha preguntado.

Osàcar se ha presentado a sí mismo como “un hombre de bien, sencillo y humilde”, además de “íntegro, honesto y honrado”. “He tenido un papel muy secundario, el tribunal difícilmente me ha podido conocer”, ha dicho el extesorero, que ha acusado al fiscal del caso de haberle “silenciado”. “El fiscal suspendió las preguntas, quizá porque no le iban como querían. Y optó por el monólogo”, ha lamentado Osàcar, que ha criticado los intentos del fiscal de involucrarle “tozudamente” en el caso con meras “elucubraciones”. El extesorero ha leído una carta de apoyo recibida esta semana (“no estás solo”, “te tengo en mis pensamientos”) e incluso un fragmento de la Biblia (se ha declarado “católico practicante”). “Que no se me juzgue por narraciones más o menos brillantes, pero tendenciosas y desenfocadas de la realidad, sino por pruebas fehacientes”.

Después de tres meses y medio, el juicio por el caso Palau ha quedado este viernes visto para sentencia. La causa tiene dos vertientes. Por un lado, el presunto pago de comisiones ilegales (6,6 millones) de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol (Ciudad de la Justicia, línea 9 del metro). Por el otro, el saqueo de la institución musical por parte de quienes fueron sus máximos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull.

Insultos a Gemma Montull

A diferencia de Osàcar, Millet y Montull han evitado ejercer su derecho a la última palabra, que asiste a todo acusado. Sí lo ha hecho la hija de Montull, Gemma Montull, exadministradora financiera del Palau. Ha empleado cinco minutos en repasar las muestras de repulsa social que ha recibido desde que comenzó investigarse el caso, en 2009. Gemma Montull ha explicado que ha tenido que “cambiar dos veces de domicilio” porque “la presión de los vecinos era insostenible”, y que incluso ha tenido que cerrar una tienda que había abierto en El Masnou. “La gente me ha llamado ladrona, me ha insultado”. Uno de los incidentes que ha destacado ocurrió en un supermercado. “Un señor me paró y me dijo: '¿Para qué llenas el carro, si de aquí a poco estarás en la cárcel?'".

Antes de la última palabra han intervenido los abogados de los responsables civiles del caso. Uno de ellos es Convergència, que figura en el juicio como responsable a título lucrativo por haberse beneficiado con los efectos de un delito (el tráfico de influencias). El letrado Javier Melero ha recordado que el partido “no está acusado de nada” ni debe “indemnizar a nadie”. El abogado ha negado que haya existido financiación irregular de Convergència y ha defendido que, si el tribunal condena a Osàcar, la cantidad debe ser muy inferior a los 6,6 millones de euros.

"Otros tiran de plasma"

Melero ha recordado que Convergència ya “no existe como sujeto político” y ha hecho alusión al cambio de nombre de la formación de Artur Mas por el de PdeCAT. “No sé si su desaparición tiene algo que ver con este caso. Si fuera así, sería un caso único en la historia de la democracia española que un partido haga un acto de contrición”. La defensa de Convergència ha recordado que otros partidos se han visto involucrados en asuntos de financiación irregular y “no ha pasado nada”. “Unos han tirado de plasma y otros de olvido”, ha dicho en alusión a PP y PSOE. Convergència, ha agregado, “habrá tenido sus errores y defectos”, pero ha mostrado, en su opinión, una “especial sensibilidad” al cambiar de marca electoral.

El juicio por el caso Palau se ha celebrado durante los últimos tres meses y medio en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, una de las obras bajo sospecha por pago de comisiones ilegales. El tribunal dictará sentencia, previsiblemente, después de las vacaciones. La celeridad del juicio y del fallo contrastan con la lentitud de la instrucción judicial. Los Mossos d'Esquadra registraron el coliseo modernista en julio de 2009. Millet y Montull confesaron, pocos días después, haber pagado gastos personales (viajes de placer, obras de reforma en casa) y haberse lucrado a costa del Palau.

La investigación se cerró en 2013. Pero después, varias circunstancias retrasaron la apertura de juicio oral: los recursos de las defensas; la tardanza de la Audiencia de Barcelona en resolver esos recursos, e incluso la petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona de imputar a los empresarios que habían emitido facturas falsas a Millet.

La vista comenzó con un giro de guion: Millet, Montull y la hija de éste, Gemma Montull, confesaron el pago de comisiones al partido de Artur Mas. A esa declaración se sumaron las de otros empresarios. Esas circunstancias han dejado solo al único acusado de Convergència en el juicio: el extesorero. En sus conclusiones finales, el fiscal elevó la petición de pena para Osàcar y la dejó en ocho años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El entorno de Convergència (hoy rebautizada como PdeCAT) trató de minimizar el impacto del juicio desacreditando las declaraciones de Millet y Montull.