Puigdemont exige a Rajoy que aclare cómo impedirá el referéndum

Preparado para iniciar la convocatoria de un referéndum unilateral, Carles Puigdemont ha dado este miércoles un giro en sus apelaciones a Mariano Rajoy. En sesión parlamentaria, y aprovechando una pregunta de su propio grupo, Junts pel Sí, el presidente catalán ha renunciado a pedir al Gobierno central que se abra a negociar una salida pactada al referéndum. Como si considerara esa petición una pantalla caducada, ha apelado al presidente del Ejecutivo central a explicar cómo pretende impedir la celebración de la consulta. Y si “está dispuesto a utilizar la fuerza”. Antes ha denunciado que “el debate político basado en la criminalización del adversario es el preludio del totalitarismo”

“Sería hora que el Gobierno español y los socios que le apoyan en esta estrategia nos expliquen qué quiere decir estar dispuesto a todo” para impedir las urnas. Puigdemont se refería a la posibilidad del uso de la “fuerza”, una opción que para el soberanismo va desde el precinto de las urnas para impedir una votación a una suspensión de la autonomía, situaciones que consideran fuera de lugar en un país europeo en pleno siglo XXI.

“Ya basta de flirtear en los confines de las costuras del sistema democrático”, ha dicho  Puigdemont en una intervención que quedó frenada por el barullo que nació entonces en la bancada popular. El presidente de la Generalitat ha asegurado que no lograrán paralizar su plan. “Ni disuadir, ni replantear, ni rectificar, ni recular”, ha dicho, clarísimamente decidido a convocar la consulta.

La afirmación de Puigdemont no era improvisada. Seguía a la pregunta que le ha realizado en la sesión de control del Parlament el presidente del grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, en la que preguntaba si "las amenazas" del Gobierno central tendrían un efecto disuasorio de convocar el referéndum. La respuesta ha sido que no. Ya le había dicho minutos antes al socialista Miquel Iceta que "Cataluña es una nación y que, como nación, tiene derecho a la autodeterminación", al mismo tiempo que ponía en duda que ejecutar ese derecho suponga en España, a su parecer, "un deporte de riesgo".

Iceta le había echado en cara que el Gobierno catalán esté dispuesto a convocar la consulta al margen de la Constitución, como marcan las buenas prácticas democráticas que marca la Comisión de Venecia y sin tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias. Puigdemont le ha respondido que las únicas consecuencias serán la ejecución del resultado. Antes ya había anunciado que ha remitido una carta a la Comisión de Venecia para que este organismo asesore al Gobierno catalán, tal y como pactaron los grupos de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot (CSQP). La comisión de Venecia, que depende del Consejo de Europa, emite dictámenes y asesora cómo se deben formular las convocatorias refrendarias. Su Código de Buenas Prácticas contempla, sin embargo, una serie de requisitos que los grupos independentistas no cumplen: la consulta no debería contravenir la Constitución ni la legalidad y, como mínimo, la ley del referéndum -en el caso de que se diera por válida la que promueve el Gobierno catalán en secreto- no podría ser modificada un año antes de llamar a votar.

Con la confluencia de izquierdas de CQSP el desencuentro ha sido otro, el del Pacto Nacional por el Referéndum. El presidente del grupo que representa la confluencia de izquierdas, Lluís Rabell, ha acusado a Puigdemont de "menospreciar" la plataforma que defiende un referéndum con garantías, después de que el Gobierno catalán convocará el lunes una reunión con los partidos al margen del pacto. Y ha asegurado que lo que "toca ahora es reunir el Pacto Nacional por el Referéndum" --reunión que sucederá el próximo martes-- y "decirnos las cosas claramente".

El presidente catalán ha afeado esa acusación y ha insinuado que han sido los 'comunes' de Ada Colau quienes han intentado utilizar a su voluntad el Pacto por el Referéndum. "Yo sé quièn ha intentado manipular el Pacto", ha dicho, después de denunciar que quien ha "menospreciado" al Gobierno ha sido Catalunya en Comú al negarse a asistir a la reunión del lunes en el Palau de la Generalitat.