Cuatro empresas optan a fabricar las papeletas del Gobierno catalán

Cuatro empresas -dos madrileñas, una vasca y otra catalana- optan a fabricar las papeletas solicitadas por el Gobierno catalán, que pretende organizar un referéndum sobre la independencia el próximo septiembre. El pasado 22 de marzo, la Generalitat abrió un concurso público para homologar a las empresas que le proporcionen sobres y papeletas, aunque aseguró que ese material no está pensado para la consulta independentista, sino para unas hipotéticas "elecciones constituyentes" si vence el sí en el referéndum.

El concurso público adjudicará la fabricación de papeletas y sobres a la Generalitat durante los próximos cuatro años. El presupuesto de licitación fijado por el Ejecutivo catalán es de 641.086 euros. Las cuatro empresas que optan al concurso son Tompla Industria Internacional del Sobre, Formsystem Documentos Inteligentes (ambas de Madrid), Domènech Mirabet (Cataluña) e Impresiones Transkrit (País Vasco).

La Fiscalía permanece atenta a los movimientos del Gobierno catalán que puedan estar vinculados a la consulta. El pasado 24 de marzo, apenas dos días después de abrir el concurso sobre las papeletas, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias para investigar los preparativos del referéndum. La actuación vino motivada por una nota de la asesoría jurídica del Parlamento catalán, en la que se alertaba de que la partida incluida en los presupuestos para celebrar el referéndum podría vulnerar resoluciones del Tribunal Constitucional.

El ministerio público también citó la aparición de publicidad institucional de la Generalitat en diversos medios sobre el voto extranjero. Ninguna mención se hacía, sin embargo, al concurso de las papeletas. Fuentes de la Fiscalía señalan que la investigación es genérica y puede incluir cualquier aspecto relacionado con la organización del referéndum. Pero señalan que, por ahora, la contratación de las papeletas no se investiga porque habrá que ver "cuál es el contenido de ese material", es decir, si se confeccionan para unas elecciones ordinarias o para un referéndum.

En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde hace más de un año todos los movimientos de la Generalitat para poner en pie las estructuras de Estado con la ayuda de empresas privadas. A petición de la Fiscalía, la Guardia Civil pidió información a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad y advirtió de que, en caso de no colaborar con la justicia, pueden estar cometiendo un delito de malversación.

Las empresas proveedoras se andan con los pies de plomo para evitar problemas con la justicia y, al mismo tiempo, seguir optando a ganar concursos públicos de la Generalitat. Como el de las urnas. "Si las empresas acceden a poner sí o no en las papeletas para que sirvan a un referéndum, entonces pueden tener problemas", señalan fuentes judiciales.