La Generalitat ultima una base de datos fiscales sin apoyo legal
El secretario de Hacienda de la Generalitat defiende que pueden tener acceso al domicilio fiscal de los contribuyentes catalanes a partir del censo único del Estado
El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, explicó en diciembre que la Generalitat está "cruzando 130 fuentes de información" para "tener una base de datos solvente para afrontar el minuto uno de la independencia". El escenario dibujado por Salvadó prevé una Hacienda catalana enfrentada a la española y que le dispute la recaudación de impuestos en la comunidad. Estas afirmaciones se realizaron mientras el exsenador de ERC Santiago Vidal aseguraba que el Gobierno catalán ya dispone de una base de datos de todos los contribuyentes conseguida de forma "absolutamente ilegal".
Salvadó realizó estas declaraciones en una conferencia en Terrassa organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Afirmó que estaban "construyendo la famosa base de datos". "Como todo el mundo sospecha, no nos la darán en un pendrive", dijo. Salvadó añadió que estaba "intentando hacer una cosa fundamental: cobrar impuestos sin la colaboración de los bancos, lo que es complejo".
El plan choca con la Ley de Protección de Datos
El ahora exsenador Santiago Vidal aseguró que la recopilación de datos fiscales "es ilegal porque está protegida por la ley de bases de datos". La Generalitat asegura que sus acciones son escrupulosamente legales pero la elaboración de una base de datos para la Agencia Tributaria Catalana (ATC) a partir de múltiples archivos chocaría con la Ley de Protección de Datos. La normativa indica que "los datos recopilados no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos".
Si la Generalitat está elaborando una base de datos exhaustiva para la ATC, la Ley de Protección de Datos exige que "la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente". Si el gobierno catalán prevé utilizar el traspaso de datos por parte del Ministerio de Hacienda -para la gestión de nuevos impuestos- para elaborar el censo fiscal de un hipotético nuevo Estado, el Gobierno español podría ampararse en el artículo 21 de esta ley: "Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas".
El responsable de Hacienda catalán describió el escenario de confrontación que supone equiparar la legalidad vigente en España con una hipotética soberanía catalana: "Nosotros solo planteamos un solo escenario, el más chungo. Que durante un periodo de tiempo, que quisiéramos que durara muy poco, tengamos una cohabitación de dos legalidades y de dos legitimidades, y por lo tanto dos agencias tributarias que intenten cobrar impuestos".
La Ley de Protección de Datos establece que los datos recopilados "no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos".
Salvadó puso como ejemplo al Banco Sabadell sobre cómo podría su gobierno esquivar la no colaboración del sistema bancario: "Siempre se da esa pregunta, si el Banco de Sabadell no colabora con el pago de impuestos, ¿qué pasará? Ahorraos la pregunta. Estamos construyendo un sistema que solo dependa de nosotros, que pueda recaudar tributos sin la colaboración de terceros que no controlamos, o que Montoro controla más que nosotros".
Pese a sus declaraciones, Salvadó explica a EL PAÍS que "es imprescindible la colaboración de los bancos". "La recaudación de los tributos estatales solo la podemos hacer cuando seamos reconocidos como Estado, porque si no ni los bancos ni las empresas nos cederán su información. Es una condición imprescindible de toda la estructura bancaria y empresarial". Salvadó especifica que las "130 fuentes de información" son conceptos como el catastro, el censo de vehículos, de aviones o el de bienes en el extranjero, entre otros. Y su objetivo es ir recibiendo estas bases de datos del Gobierno español.
Salvadó espera contar con algunos de estos registros para ejecutar los impuestos que el Parlamento catalán tiene previsto aprobar este año. El responsable precisa que en el tercer trimestre contarán con una docena de fuentes de información, lejos de las 130 que en Terrassa aseguró que la Generalitat ya estaba cruzando.
Salvadó defiende que en la elaboración de esta base de datos no se está produciendo ninguna ilegalidad. Y añade que la Generalitat puede tener acceso al domicilio fiscal de los contribuyentes catalanes a partir del censo único del Estado, participado por ambas administraciones.
Histórico
Salvadó confirma que lo valioso es el histórico fiscal de empresas y ciudadanos, "unos datos que si hubieran sido pirateados, habrían saltado todas las alarmas en la Agencia Tributaria". El Govern anunció que se someterá a una auditoría para confirmar esto y que los datos fiscales no son utilizados para otras finalidades.
Vidal comentó en sus conferencias que la Generalitat enviaría a mediados de este año, a empresas y a particulares, una carta instándoles a pagar sus impuestos en la Agencia Tributaria Catalana y no hacer caso a los requerimientos de la Hacienda española. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, evitó negar esta revelación en una entrevista del pasado viernes. Salvadó dice no constarle que esté previsto este envío.
Otro de los frentes abiertos por Vidal es la existencia de una partida de 400 millones de euros camuflada en los Presupuestos de 2017 para organizar el referéndum y construir estructuras de Estado. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dijo el pasado noviembre en la presentación de los Presupuestos: "Supongamos que haya una partida oculta, ¿cree que ahora lo diría aquí?".
ERC mantuvo las charlas de Vidal pese a conocer su contenido
Elperiódico La Vanguardia informó el pasado viernes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunieron el pasado 22 de nociembre con Santiago Vidal para pedirle que dejase de afirmar en público lo que venía expresando en sus conferencias. El secretario de Hacienda y secretario general adjunto de ERC, Lluís Salvadó, confirma que Vidal va fue advertido por el partido. "Hemos estado hablando de lo que ha pasado. Más o menos a todos nos había llegado alguna cosa", afirma Salvadó, que considera que quizá no se adoptaron medidas porque todos tienen "mucho trabajo y nadie llegó a mirar los vídeos". Junqueras aún no ha valorado públicamente la crisis abierta por Vidal.
ERC inició en octubre la campaña La república que haremos. Vidal protagonizó al menos 10 intervenciones hasta la semana pasada, en las que repetía sus afirmaciones sobre la obtención ilegal de datos fiscales, la investigación sobre jueces y los Mossos d'Esquadra.
En estas charlas participaron miembros de ERC, como los senadores Mirella Cortés, Josep Rufià o Anna Azamar. También asistieron alcaldes e incluso altos cargos de la Generalitat, com la directora de los Servicios Jurídicos de las Terres de l’Ebre, Montse Ingla, o la directora general de Igualdad, Mireia Mata.
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